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La preocupación sobre una posible crisis energética no es de ahora. En el ámbito oficial y entre muchos analistas hacia fines de 2003 se percibía claramente la crisis contractual y, en particular, el efecto que tendría el congelamiento de tarifas en niveles por debajo de los costos en las áreas de los servicios públicos que inevitablemente conducirían a cuellos de botella en el sector energético. No obstante, no fue hasta mediados de 2004 cuando empezó a aparecer en los titulares de los diarios una creciente inquietud por el tema.
Hoy la crisis está más latente que nunca y lo cierto es que el problema energético condiciona entre otras cosas la performance futura de la actividad económica. En tanto, de algo podemos estar casi seguros: difícilmente la crisis se haga notar antes de las elecciones presidenciales en octubre de 2007, en el sentido de que el gobierno evitará por todos los medios posibles los cortes de energía eléctrica hasta esa fecha.
La resolución Nº 1.281/06 va en este sentido. En particular, establece que a partir del 1º de noviembre próximo la energía comercializada por las centrales eléctricas dependientes del Estado Nacional (Yacyretá, Atucha, Salto Grande y Embalse) tendrá como destino prioritario el abastecimiento de las demandas residenciales, de los entes estatales y el alumbrado público. En tanto que los grandes usuarios, definidos como aquellos cuyas demandas superen los 300 kilovatios, sólo podrán adquirir en el mercado spot el equivalente al consumo de 2005. Todo exceso de demanda sobre ese límite deberá satisfacerse por la propia generación de energía o ser comprada a las supuestas nuevas generadoras que, en teoría, aparecerían para responder a aquel exceso de demanda. Esto último es lo que el gobierno denomina “Servicio de Energía Plus”.
Claramente con todo esto el gobierno se asegura el suministro residencial sin sobresaltos para los próximos meses.
La necesidad de racionar el consumo de energía manifiesta las fuertes restricciones de la oferta frente a una demanda creciente. Sin ser menos muestra los intentos del Estado por suplir con inversión propia la falta de inversión privada, que no ha generado por el momento sus frutos, y la decisión de aplicar la Ley de Abastecimiento en caso de ser necesario, que tampoco indica que a corto plazo lo haga. Específicamente, los emprendimientos concretos que hasta ahora tuvo el gobierno como la construcción de las dos usinas de ciclo combinado en Campana y Timbúes, la interconexión del sistema patagónico, la elevación a 83 de la cota de la represa hidroeléctrica Yacyretá, la terminación de Atucha II, entre otros, no parecen ir a buen ritmo.
Por su parte el sector privado cuenta con cada vez menos incentivos a invertir. La comparación internacional de precios y tarifas hablan por sí solos. Mientras que en EE.UU. y en Chile la tarifa de energía eléctrica se ubica cerca de los 92 u$s/MWh y de los 113 u$s/MWh, respectivamente, en la Argentina no llega a los 22 u$s/MWh. En tanto, la diferencia de precios que enfrenta el público de los combustibles líquidos en surtidor ronda el 30% para la nafta súper si la comparación se hace con Brasil, supera el 54% si se los contrasta con Portugal, en tanto que llega al 60% cuando se mira esos precios en el Reino Unido. Por su parte, el precio pagado por el gas natural en boca de pozo no llega a representar ni el 15% de lo que se paga en EE.UU.
Con estas distorsiones se torna obvio el nulo estímulo a la oferta y el aliento artificial a la demanda. Pensemos en el mercado eléctrico: pese a haberse incrementado el consumo en un 23% desde el 2000 hasta ahora, la última central termoeléctrica inaugurada fue en agosto de 2000. Por su parte, la capacidad ociosa del sistema actual asciende a sólo el 3,5% del total producido, cuando esa cifra debería alcanzar entre el 15% y el 20% como norma precautoria ante variaciones estacionales.
La producción de petróleo, la principal fuente de energía primaria para la Argentina junto con el gas, descendió un 21,5% en relación a 1998, en tanto que las exportaciones lo hicieron en 6 puntos porcentuales más, de forma tal de poder sostener el consumo interno de los derivados del petróleo.
En lo que respecta a la elaboración de gas natural se observa un crecimiento del 14% entre los años 2001 y 2005, amesetándose en los últimos tres años, a expensas de una preocupante reducción de las reservas: en éstas llegaban a 20 años, en 2001 habían descendido a 16,6 años y 2005 terminó con menos de 10 años.
La demanda creció en mayor medida que la producción, es así que se ha ido cubriendo con mayores importaciones de gas natural de Bolivia y crecientes restricciones a las exportaciones a Chile.
Frente a estos datos y las fuertes distorsiones, el gobierno sigue respondiendo con la negativa de normalizar el mercado energético de forma tal que los precios reflejen los costos, sin asumir costos políticos. Lo obvio es que no sería ésta una medida muy popular y mucho menos cerca de un período electoral. Hasta el momento, y sin advertencias de cambio de rumbo, el gobierno optó por una serie de medidas insuficientes e ineficientes.
La solución no pasa por hacer anuncios de inversiones que sufren cada vez mayores demoras; ni por subsidios, directos e indirectos, de tamaño considerable por parte del Estado y de los productores, con precios y tarifas congelados. Sin ir más lejos, el Presupuesto 2007 evidencia las prioridades del gobierno: se contemplan cerca de $ 1.360 millones para el sector eléctrico, sin incluir los recursos que demandará Enarsa para la importación de gas de Bolivia, que si recordamos tiene un valor de u$s 5 el billón de BTU y es muy superior al que perciben los productores locales. Del total destinado a energía eléctrica, nada menos que $ 450 millones tomarán la forma de subsidios destinados a mantener congeladas las tarifas residenciales. En tanto que las obras Yacyretá y Atucha II, en adición a las cuantiosas sumas giradas desde el gobierno en últimos años, correrán con la suerte de la diferencia.