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BUENOS AIRES.- Hace 11 días entró en vigencia la resolución 25/2006 de la Secretaría de Comercio Interior, por la que puede aplicarse la Ley 20.680 de Abastecimiento, en este caso para que refinadoras y expendedores mayoristas y minoristas garanticen el normal suministro de gasoil en todo el país.
Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, consideró “inadmisible” que faltara y argumentó que esa ley es “eficaz para regular las relaciones entre los agentes económicos”. Y puntualizó: “especialmente en la prevención o represión de conductas especulativas o distorsivas en la provisión de productos y servicios que no satisfagan adecuadamente las demandas del mercado”. La eventual aplicación fue respaldada por la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, en tanto las petroleras sostuvieron que para implementarla se requería un decreto de necesidad y urgencia.
A semejante posibilidad ya habían aludido el presidente Néstor Carlos Kirchner y sus colaboradores. Dejaron entrever que la resucitarían el 21 de noviembre pasado -todavía Roberto Lavagna era ministro de Economía y Producción-, también por la falta de combustibles, en particular gasoil. Luego se conoció la resolución 1.834 de la Secretaría de Energía, fundamentada en denuncias de estaciones de servicios contra petroleras, que presumiblemente habrían establecido cuotificaciones. Ahí se decidió que frente a carencias que perjudicaran o alteraran los bienes que consume la población, “como consecuencia de arbitrajes especulativos”, la Subsecretaría de Combustibles podía invocar para actuar la ley 20.680.
Kirchner siempre se manifestó partidario de los controles. Los decidió para las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles, pero proporcionó subsidios y otras “ayudas”. Utilizó a Moreno -desde que previamente lo designó secretario de Coordinación Técnica- para intervenir en el mercado de carnes con “precios sugeridos” para los cortes populares y limitaciones a las exportaciones. Pese a las amenazas de que el PEN podía “dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”, no amedrentó a las dirigencias de las entidades agropecuarias.
Persuadido de que “si los industriales no aumentan, no habrá incrementos que vayan al comercio”, Moreno se metió con los pollos, los lácteos y el agua mineral; influyó para que subieran las retenciones de bienes; “acordó” precios con súper e hipermercados para una lista de 250 productos, que después consiguió ampliar; presionó sobre fabricantes de envases de productos alimenticios y no se olvidó de los medicamentos, la indumentaria y los distribuidores y autoservicios mayoristas de alimentos y bebidas. Hasta convocó a intendentes municipales para que vigilaran los precios.
Esto se hizo o intentó por temor a que, de llegar a darse una persistente y sostenida suba de los mismos, reapareciera la inflación, ocasionando una correlativa disminución del valor del dinero en poder de la gente.
Con limitaciones, los acuerdos parecieron cumplirse mientras los involucrados no recibieron aumentos de los proveedores, ni modificaron sus costos operativos (fundamentalmente, por alzas de las remuneraciones). En el porteño Palacio de Hacienda destacaron esos efectos, llevados adelante “en el marco de la política de ingresos y analizando las cadenas de valor de los distintos sectores”.
“La política de regulación encarada por el lado de la oferta (y no disciplinando la demanda, como en el pasado), fue eficaz para romper la inercia inflacionaria y desacelerar el aumento de los precios de los ‘bienes salario’ principales”, opinaron en la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (Fide).
Sin embargo, las preocupaciones estatales se profundizaron con la suba del 0,9% del índice de precios al consumidor de setiembre. Por eso se reforzó la vigencia de las medidas y desplegaron maniobras de “persuasión” para mantener los acuerdos invariables hasta fines de 2007, que será un año electoral. Paralelamente, no se descartó avanzar sobre otras actividades, como la automotriz y la construcción.
De cualquier manera, el gobierno espera que la inflación de este año sea inferior a dos dígitos (hasta setiembre trepó al 7,1%), que no sería compatible con un modelo bastante represivo como el vigente, que según coincidieron determinados economistas no tendría que perdurar, ya que, en oportunidades, exige subsidios cada vez más cruzados para mantener valores, respecto de los cuales no se proporcionan mayores precisiones, excepto los del transporte.
Quizás poco se modifique en tanto y cuanto los encuestadores obtengan respuestas a sus preguntas compatibles con los precios difundidos y la gente no perciba un escenario inflacionario que la impulse a indexar. Aunque el ahora opositor Lavagna calculó que “cuando comenzaron los controles, el tipo de cambio estaba en 2,98 pesos el dólar y fue llevado a aproximadamente 3,10”, que es “incompatible con la desaceleración de precios”.
“No hay una receta mágica para controlarlos, todos son intentos”, argumentó Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo, públicamente convencido de que “el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande, pero a lo mejor no suficiente”... Ya se enteró de que buscará reiterar su estrategia para contener las expectativas inflacionarias, como hizo en este 2006 con los incrementos de salarios, jubilaciones y pensiones. Limitaría los del 2007 a “inflación más 2%”, sobre la base de que en el proyecto de presupuesto para entonces previó una suba del índice al consumidor de entre 7% y 11%.

Sucedió previamente, durante y después de su vigencia

BUENOS AIRES.- Los controles de precios casi siempre fracasaron a partir de la aprobación del Código Hammurabi, en la Babilonia de hace más de 37 siglos, ya que sólo permitieron contener la inflación durante tiempos limitados.
En la Argentina se aplicaron desde la última década del ‘30, con excepciones en ciertos lapsos y utilizándose más las siguientes variantes:
* Precios máximos, inferiores a los de equilibrio, orientados a favorecer a los consumidores. Cuando abarcaron bienes básicos, llegaron a provocar escasez y hasta desabastecimiento.
* Precios mínimos, por arriba de los de equilibrio, que generaron excedentes en las cantidades ofrecidas y beneficiaron, en especial, a los productores u oferentes de bienes o servicios.
Entre junio de 1945 y comienzos de 1946, se aprobaron más de 16.000 decretos-leyes, convalidados en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, mediante cuatro leyes sancionadas el 21 de diciembre de ese último año, ¡y en menos de un minuto! Algunas decisiones apuntaban a impedir el agio y la especulación, a los que propuso combatir Eva Perón. Al no considerarse a la propiedad privada como un derecho absoluto, se cometieron excesos en las intervenciones en la producción y los depósitos de mercancías y las determinaciones de precios y salarios.
El congelamiento de estos últimos figuró en el poco mencionado plan de estabilización pergeñado por el ministro Alfredo Gómez Morales, en 1952, además con un tipo de cambio fijo y suspensión de las convenciones colectivas de trabajo. Una ley de abastecimiento para productos de la “canasta familiar” fue promovida en la gestión presidencial de Arturo Umberto Illia (1963-1966). Seguidamente, la dictadura de Juan Carlos Onganía adoptó por intermedio del titular de Economía, Adalbert Krieger Vasena, lo que este imaginó como “la última devaluación de la Argentina”.
Demasiado se comentó -aún hoy- sobre la ley 20.680. Promulgada el 20 de junio de 1974, autorizó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a fijar precios máximos, multar, clausurar, decomisar mercaderías y disponer arrestos de hasta 4 años. Era el tiempo de la “inflación cero”, publicitada por José Ber Gelbard, ministro de Economía, no obstante el bloqueo petrolero de los países productores árabes, curiosamente decidido el 17 de octubre de 1973. Faltó leche, azúcar, medicamentos y hasta papel higiénico, entre tantos productos, y proliferaron los mercados negros, las vedas a consumos, las restricciones al consumo de combustibles y el uso de vehículos. En la Dirección de Precios se dijo que trabajaba Roberto Lavagna.
Semejantes experiencias desembocaron en una estampida de precios y el 4 de junio del ‘75 en los anuncios de Celestino Rodrigo, ministro de Economía, urdidos por Mansueto Ricardo Zinn, secretario de Coordinación Económica (posteriormente promotor de privatizaciones junto a Carlos Saúl Menem). Luego de elevarse el tipo de cambio y las tarifas en 100%, promedio, hubo un traslado a toda la cadena de precios. Zinn insistió en que la caída del salario real era necesaria, pero el desgobierno de María Estela Martínez de Perón no supo contrarrestar la batalla por alzas en las remuneraciones, entablada por sindicatos, que obtuvieron victorias a lo Pirro II (por aquel rey de Epiro, vencedor de los romanos en Ascoli, en el 279 antes de Cristo, quien por los sacrificios de sus huestes dijo: “con otra victoria como ésta estoy perdido”). Se alejaron los responsables del “Rodrigazo” y fue el principio del fin de la presidencia de la viuda.
José Alfredo Martínez de Hoz, titular de la cartera de marras en un quinquenio del absurdamente denominado “Proceso de reorganización nacional”, el 12 de abril de 1976 advirtió a los empresarios que no le temblaría la mano para aplicar los instrumentos disponibles. “La inflación está muerta”, afirmó Christian Zimerman, vicepresidente del Banco Central.
Cuando Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, al concluir 1983, dijo que recibió como herencia de la dictadura militar un “país desarticulado”, condicionado por la deuda externa, la inflación, la recesión y las distorsiones de factores económicos. Siguió con los controles y ya con Juan Vital Sourrouille, como ministro, en 1985 hubo un “Plan Austral” con congelamiento de los precios; cambio de moneda; ajustes fiscal y del tipo de cambio fijo, y controles de salarios, pero al año siguiente implementaron “precios administrados”. Por la ley 327, en 1988 se creó la Dirección de Defensa al Consumidor en el entonces Ministerio de Economía, para relevar los precios y su conformación y estudiar medidas tendientes a controlarlos; recibir denuncias privadas o públicas, y aplicar la ley de abastecimiento y medidas complementarias. Como nada de esto fue suficiente, ni siquiera el “Plan Primavera”, en mayo del ‘89 irrumpió la hiperinflación.
En el primer mandato de Carlos Saúl Menem, la ley 23.686 de reforma del Estado declaró el “estado de emergencia” del sector público y la 23.697 puso en ejercicio “el poder de policía de emergencia del Estado”, a fin de superar “la situación creada por las graves circunstancias económicas y sociales”.
La enésima ley 25.561 de emergencia económica, sancionada durante las obligaciones delegadas por el Congreso de la Nación a Eduardo Duhalde, estableció la potestad de establecer precios de insumos, bienes y servicios críticos. En julio de 1999, por el decreto de necesidad y urgencia 722/99, se declaró el “estado de emergencia de abastecimiento a nivel general” y restableció el ejercicio de las facultades de la ley 20.680.

“Un factor que desalentó las inversiones”

Nunca los controles de precios fueron efectivos.
Cuando aún no se había decidido aplicar nuevamente la Ley de Abastecimiento, pero existían amenazas oficiales de hacerlo, en la Sociedad Rural Argentina la definieron como “una rémora del pasado, a todas luces inconstitucional, cuya aplicación no podemos avalar”. Y hasta señalaron que las medidas “inconsultas y erráticas” adoptadas unilateralmente en materia de carnes, constituían “una falta de respeto al sistema institucional” y enfrentaban a los “desconcertados” productores agropecuarios con los consumidores, “como si fueran los culpables de la inflación monetaria que se vive”.
Cada vez que se aplicó, provocó desabastecimiento y mercado negro, e introdujo “un factor de inseguridad jurídica que desalentó las inversiones”, aseveró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Planteó, asimismo, que “es claramente inconstitucional por prever la clausura preventiva, que no sólo es una medida cautelar, sino también una pena porque prohíbe de modo temporario el ejercicio de una actividad lícita, lo que viola el principio de legalidad”. Además, argumentó que esa y otras medidas “son aplicadas por funcionarios de un órgano administrativo, siendo que las sanciones punitivas han sido reservadas por la Constitución a los tribunales ordinarios”.
“La política macroeconómica (de la Argentina) es, en nuestra opinión, demasiado complaciente y ha dejado espacio para presiones fuertes de precios, y para lo que podríamos describir como signos de recalentamiento económico”, alertó Rodrigo de Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional, convencido de que “las medidas administrativas para bajar la inflación introducirán distorsiones y no serán muy efectivas”.
Por eso recomendó al gobierno “volcarse” más a las políticas fiscal y monetaria.
A los “acuerdos de precios” entre el gobierno y las empresas, se refirieron días atrás en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que nuclea a 30 países. “Independientemente de su eficacia para luchar contra la inflación -alertaron-, esas medidas en favor del control no concuerdan con las políticas de libre competencia eficaces”.