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Recientemente el presidente calificó de oportunistas a los que hablan de problemas en el sector energético. Sin embargo, desde 2002, muchos economistas venimos advirtiendo que es necesario restablecer las reglas de juego y los contratos con las empresas de servicios públicos que, entonces, el Estado quebró unilateralmente. ¿Alguien puede pensar que un inversor colocará su dinero en un negocio cuyas condiciones y precios futuros desconoce? Por ello, es conveniente darles una normativa clara y estable hacia futuro y fijarles mecanismos de ajuste de tarifas que sean predecibles; aunque el reacomodamiento de valores relativos se haga en el tiempo.
Sin embargo, esto no sucederá. El gran problema es que el gobierno considera que los precios de los servicios públicos son instrumentos de redistribución del ingreso. Por lo tanto, debe ser un funcionario quien determine cuándo, cuánto y a quiénes se les aumentan las tarifas y cómo se produce y distribuye. Esto genera una enorme incertidumbre y, por ende, baja inversión en el sector lo cual redundará en menor cantidad y calidad de las prestaciones futuras. Cabe tener en cuenta que los más afectados siempre serán quienes hoy carecen de esas prestaciones y que, sin inversiones cuantiosas, nunca las tendrán.
A pesar de la versión oficial de la falta de inversión de las empresas públicas en los ‘90, la realidad es que el sistema energético viene enfrentando exitosamente el increíble incremento de la demanda en función del stock de capital acumulado hasta 2001. Desde entonces, la inversión ha sido muy baja. Por lo tanto, si antes tampoco se invirtió, ¿cómo puede ser que la oferta haya crecido 31% en los últimos años superando el record de la década anterior? Lamentablemente, no existe tal cosa como la “multiplicación de los panes y los peces” por parte del gobierno argentino y estamos llegando a los límites de la capacidad potencial de producción.
Hasta ahora, la forma en que se suplió la escasez de inversión y los faltantes de producción de energía fue quebrando los contratos de provisión que teníamos con los países vecinos; subsidiando la compra al exterior de insumos alternativos para las generadoras térmicas y obligando a las empresas petroleras a importar gasoil a pérdida para prever al aumento de la demanda interna.
A pesar de haber cedido una fuerte alza del precio que pagamos por el gas boliviano, las señales de fracaso en la “nacionalización” encarada por el gobierno de Evo Morales genera un enorme riesgo respecto a las garantías de venta del fluido a la Argentina. De hecho, las inversiones han desaparecido y el Estado encuentra serias dificultades para hacerse cargo de las empresas que se supone estatizará. Por otro lado, hay grandes dudas sobre el gasoducto del Mercosur que traería gas desde Venezuela para Brasil, Argentina y Uruguay. Según los cálculos, no sería una solución para estos dos últimos países, ya que el costo del transporte desde tan lejos implicaría que Venezuela deba subsidiar el fluido vendido para poder hacerlo viable.
Si bien es cierto que en el gobierno nadie quiere hablar de los problemas energéticos, los hechos muestran cierta desesperación. Hay un proyecto del PEN en el Congreso para prohibir el patentamiento de autos gasoleros. Otra medida es congelar la provisión a la industria de electricidad “subsidiada” por el sector energético argentino. Todo aumento de demanda del sector deberá ser autogenerada o comprada a valor de mercado. Conclusión, las nuevas empresas deberán pagar varias veces más por la energía que las ya instaladas.
En realidad, el gran problema argentino es que no hay peor sordo que quien no quiere escuchar.