| | BUENOS AIRES.- El gobierno nacional publicitó que procura combatir el trabajo no registrado, al que definió como “la mala costumbre empresaria”. Quien está “en negro” no figura en ningún registro oficial, ni posee CUIL (Código Unico de Identificación Laboral); por lo tanto, no tiene derecho a la jubilación, a cobrar el salario familiar, a la atención médica en una obra social y a percibir los seguros de accidentes de trabajo y de desempleo en caso de despido, aunque sea sin causa.
De acuerdo con la encuesta permanente de hogares (EPH), en el primer semestre de este año había 4,77 millones de personas en semejante situación, es decir el 44,1% de los asalariados de 28 aglomerados urbanos (con “picos” más altos en la construcción y el agro durante las cosechas). La situación se notaba más en el noroeste del país, donde en el Gran Tucumán-Tafí Viejo trepó al 50,9%, y menos en la Patagonia, con el 24,9%. La informalidad era en los varones del 37,5% y en las mujeres del 49%, diferencia atribuida al desempeño de muchas de ellas como personal doméstico (ver aparte).
Si bien respecto de igual período de 2005, cuando la falta de registro fue del 47,2%, hubo una disminución del 3,1%, resultó menos significativa en cantidad de personas por darse en un contexto de más puestos.
Por otra parte, mientras la evolución de los salarios pagados al sector privado reflejaron en agosto de 2002 índices de 114,50 para el personal registrado y de 95,02 para el no registrado, en igual mes de 2006 llegaron a 215,68 y 146,97, respectivamente, marcando la diferencia entre unos y otros.
Al aplicar la ley 25.877, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social verificó el grado de cumplimiento de los empleadores de sus obligaciones de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre las nóminas salariales que integran el Sistema Unico de la Seguridad Social a cargo de la Administración Fede-ral de Ingresos Públicos (AFIP).
Antes de fin de año, este organismo intensificará su fiscalización, ya que exigirá una declaración jurada pro-forma a todas las empresas sobre la cantidad de empleados y las condiciones laborales.
El “Plan Nacional de Regularización del Trabajo” (PNRT) responde a acciones conjuntas del citado Ministerio, la AFIP y los representantes de las provincias en el Consejo Federal del Trabajo (CFT). Desde que comenzó a aplicarse en setiembre de 2003 y hasta el 22 de idéntico período de 2006, se hicieron 278.698 fiscalizaciones, incluso en los principales centros turísticos.
Tales procedimientos influyeron para que aumentara la regularización en el 37,5% de los establecimientos inspeccionados. De los 4,77 millones de trabajadores “en negro”, 500.000 (el 12%) eran estatales. Formalmente, el agro ocupaba a 400.000, pero un millón estaba fuera del sistema (ver aparte). Incluso incidían, pese a las prohibiciones, los trabajos infantil y de los inmigrantes indocumentados.
La disminución sistemática del trabajo ‘en negro’, por primera vez en los últimos 30 años, fue atribuida a tres factores por Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: el crecimiento del país; una campaña muy fuerte del gobierno para generar una economía en blanco, y las inspecciones efectuadas. Destacó, asimismo, la disminución de la cantidad de desocupados y el mejoramiento de la calidad del empleo, como por otra parte que “9 de cada 10 empleos creados son en blanco”.
Eso no invalidó que se detectaran unas mil cooperativas fraudulentas, que “no venden directamente al mercado, ya que lo hacen a empresas que son parte del entramado ilegal y no regularizan a los trabajadores”. La cartera laboral y el CFT decidieron desarticularlas porque afectan a miles de trabajadores, sobre todo de la construcción y la alimentación –aunque ninguna actividad está exenta–, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos.
Mecanismos contra la informalidad de tales características viene estudiando, entre otras medidas, Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación y asesor de la Confederación General del Trabajo. Recordó, en tal sentido, la época en que existían controladores laborales, entre los que había representantes de sindicatos, y reveló que con un grupo de economistas busca promover la registración. Se profundiza la brecha salarial BUENOS AIRES.- En la década del ‘80 del siglo pasado, disminuyeron las remuneraciones y aumentó la precariedad, o sea los asalariados “en negro” y los cuentapropistas, según Luis Beccaria, ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Eso se acentuó en los ‘90 y, en un momento dado, se supuso que la rebaja de los aportes patronales redundaría en un blanqueo inicial de un millón de trabajadores.
Los sectores más castigados fueron la construcción, la industria manufacturera, el servicio doméstico y hasta la administración pública. Influyeron, además, la “tercerización” y las locaciones de servicios.
En marzo del ‘96, iban a encararse acciones que comprendían a un millón de inmigrantes indocumentados, cuando en el ámbito oficial estimaban que el 33,6% de los trabajadores estaba “en negro”. Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación, entonces encomendó a Rodolfo Barra, ministro de Justicia, la elaboración de un proyecto de ley destinado a evitar contrataciones marginales.
En noviembre del mismo período, se implementó el “Programa nacional de regularización laboral y previsional”, entre la Nación y las provincias. En la ciudad de Buenos Aires, se notó que hacía falta para los peones de taxis, trabajadores de agencias de remises y vendedores ambulantes. Hubo quienes lucraron con la desesperación de mucha gente por conseguir trabajo, como agencias de colocaciones y de ventas domiciliarias.
La consultora Equis reveló, un año después, que el 35% de los asalariados no contaba con ningún beneficio social, por desempeñarse en puestos precarios y del servicio doméstico y ser cuentapropistas y patrones de empresas con 5 o menos empleados.
El “Plan nacional de fiscalización de la seguridad social”, se presentó para incorporar, en el 2000, a los excluidos de la protección y los beneficios y desalentar la competencia desleal entre empresas.
Créase o no, al año siguiente se lanzó el “Plan federal contra el empleo no registrado”, en plena crisis que afectó la regularización y sirvió para que muchos empresarios evadieran aportes.
Por la ley 24.013 se creó el “Régimen permanente de regularización del empleo no registrado” y mediante resoluciones se aprobó que el empleador intimado pudiera regularizar la relación laboral.
Para luchar contra el flagelo, que a pesar de todo crecía como consecuencia de las políticas de desregulación, en enero de 2003 se firmó un convenio mediante el cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) decidieron controlarlo mediante un programa por aplicarse en todo el país, con la colaboración del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El 28 de agosto de 2003 fue lanzado el “Plan nacional de regularización del trabajo” (PNRT), que comenzó a aplicarse a través de acciones planificadas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el CFT. Surgió como una necesidad frente al elevado trabajo no registrado, que hacia mayo llegó al 50%, incluyendo el del personal doméstico.
Más allá de los resultados, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) advirtió acerca de “la tendencia a un crecimiento sostenido de la tasa de asalariados no registrados, pese al crecimiento de la economía y la creación de empleos”.
Recientemente, observó que se profundizó la brecha salarial: los registrados cobraban un promedio de 1.072 pesos y los precarizados 391... Programas de dudosa efectividad BUENOS AIRES.- A principios de 1970, el sector informal en la Argentina no tenía las características de “refugio”. Los empleos eran bastante estables y los ingresos estadísticamente razonables. Semejante panorama se modificó con el transcurrir del tiempo. Durante 1987, ya 3 de cada 5 habitantes actuaban en la marginalidad. Desde el ‘89, con la modificación y eliminación de normas, disminuyó la protección de los trabajadores y trepó el desempleo. Abogados laboralistas comprobaron que había más ocupaciones inseguras, no calificadas, precarizadas y por debajo de las condiciones mínimas deseables. Hasta se aplicaron mecanismos de precarización fraudulenta, como los de seudos “agencias” que, de acuerdo con ciertas empresas, proporcionaron trabajadores inestables o interinos...
Si bien determinadas actividades incorporaron nuevas tecnologías y robótica, la apertura económica de los ‘90 sometió a firmas locales a una competencia feroz con las de países desarrollados y las de aquellos sin adecuada legislación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) propuso “el trabajo en blanco” para el servicio doméstico, en el 2005, con el propósito de que alrededor de un millón de personas accedieran a coberturas de salud y jubilación. Entre ellas, mucamas, niñeras, cocineras, jardineros, caseros, amas de llave, damas de compañía, mayordomos, institutrices, nurses y gobernantas, siempre y cuando permanecieran, con un mismo dador de trabajo, como mínimo 6 horas semanales. En la AFIP, hasta el mes pasado había 180.000 personas declaradas, frente a 70.000 en diciembre de 2005 y 58.000 en enero pasado, escalada impulsada por la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias hasta 6.000 pesos por año, en concepto de pago de salarios y de cargas sociales. El organismo a cargo de Alberto Abad comenzó a enviar 650.000 cartas a contribuyentes, en setiembre, “invitándolos” a que se regularicen.
La “Campaña nacional para el blanqueo de los trabajadores rurales”, fue lanzada en Tucumán, el 11 de diciembre de 1996, por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina. La iniciativa apuntó a resolver la situación de 1 millón a 1,2 millón de personas que padecían “la forma más cruel de evasión”, por soportar “condiciones infrahumanas” y, en ocasiones, haberse convertido en “parias sociales”. La ley del trabajo rural fue sancionada en 1999, durante el mandato de Fernando de la Rúa, cuando se estimaba que del millón de permanentes y transitorios, apenas 250.000 tenían aportes a la seguridad social, por lo que la ocupación “en negro” era del 75%. No obstante, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) no se formó hasta el 2002.
Los inmigrantes, sobre todo de las naciones limítrofes, no incidieron demasiado en el mercado laboral, donde existieron -existen- actividades que pagan menores salarios o los incorporan mediante subcontratos. Por eso distintos gobiernos prometieron terminar con las situaciones que convirtieron a esos extranjeros en rehenes que percibían bajas remuneraciones, pero al mismo tiempo elevadas con relación a las de sus países de origen, en la época de la convertibilidad, de la relación uno a uno del peso con el dólar. Los intentos resultaron infructuosos.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) trató de combatir el trabajo “en negro”; corregir incumplimientos, y mejorar la situación previsional de quienes se desempeñan en el sector. “Sabemos que la construcción es una industria de riesgo, pero riesgo no significa negligencia, incumplimiento, inescrupulosidad, irresponsabilidad y falta de respeto a la condición humana”, planteó la comisión directiva central del gremio. Y recordó que sólo en la ciudad de Buenos Aires, el mes anterior, perdieron la vida cuatro trabajadores, en circunstancias absolutamente evitables.
Este año se intensificó, sobre todo en el área metropolitana, la determinación de irregularidades en talleres textiles clandestinos, que incluso producían para grandes marcas, y eran responsables de los delitos de reducción a servidumbre y tráfico de personas (ley 25.871) y pago de salarios inferiores a los establecidos en las leyes de trabajo a domicilio (12.713).
Por el fuego y el derrumbe de parte del techo en uno de esos lugares, el 30 de marzo de este año murieron 6 personas, 4 de ellos chicos. Entonces Néstor Carlos Kirchner, presidente de la Nación, se sintió obligado a llamar a “terminar con el aprovechamiento” del trabajo de residentes bolivianos. Desde entonces, sólo en la ciudad de Buenos Aires fueron clausurados más de 500 talleres, mientras se verificaba un éxodo al conurbano, donde ya funcionarían entre 10.000 y 15.000. Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), ese circuito de producción mueve 2.500 millones de pesos al año. |
MIGUEL ANGEL FUKS 
