| | BUENOS AIRES.- La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue transferida al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Plafipys), mediante el decreto 1077/2006 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el “Boletín Oficial”, el 22 de agosto pasado. Hasta entonces -y después de varios cambios de órbita y disposiciones-, languideció como organismo descentralizado de la Secretaría Legal y Administrativa de la cartera de Economía y Producción. Allí recaló en 1996, supuestamente para su privatización, tras las explosiones del año anterior en la fábrica de Río Tercero y las investigaciones sobre contrabando de armas (ver aparte).
Tras la salida de la convertibilidad, en 2002 la DGFM incrementó sus volúmenes de producción y ventas por los convenios con las Fuerzas Armadas para proveer y reacondicionar materiales bélicos; el recambio y aprovisionamiento de armas y municiones para las policías provinciales, y la recuperación del mercado interno de municiones para los segmentos deportivo, de caza y defensa. Obtuvo, además, contratos para fabricar y enviar armas a los Estados Unidos, Brasil y Paraguay y hasta intentó recuperar posiciones en América Central y Europa.
Aún se recuerda que Eduardo Accastello, ministro de Gobierno de Córdoba, participó en una reunión de trabajo, en febrero de 2004, donde se resolvió solicitar al presidente Néstor Carlos Kirchner que anulara el decreto de liquidación o privatización de las fábricas de Villa María y Río Tercero y aprobara nuevas inversiones y la incorporación de recursos humanos.
En la conmemoración del Día del Ejército, el 29 de mayo pasado, Kirchner aseveró que el equipamiento y reequipamiento de las Fuerzas Armadas constituía un objetivo de su gobierno, pero no sólo para cubrir necesidades propias de la defensa, sino también con el objetivo subsidiario de aumentar la producción. En ese sentido, destacó la fabricación del vehículo “Gaucho” por el Ejército argentino, asociado con el brasileño, y la repotenciación de transportes y ambulancias. No olvidó mencionar las tareas del Astillero “Río Santiago”, donde remodelaron la fragata “Libertad”, y los desarrollos del Invap en materia de radares.
Aunque el reciente cambio de relación de dependencia de la DGFM involucró a las unidades organizativas con sus respectivas competencias, funciones, cargos, dotaciones, créditos presupuestarios y bienes, el Plafipys deberá coordinar acciones con el Ministerio de Defensa para cumplir lo establecido por las leyes 23.696 y 24.045, que declararon “sujetas a privatización” a empresas de la DGFM. De cualquier manera, el organismo conducido por Julio De Vido fue autorizado a aplicar “las medidas necesarias para la reestructuración” y buscar mayor complementación con el sector privado local y hasta negociarla con Venezuela y Brasil.
Cuando el actual senador José Pampuro se desempeñó al frente de Defensa, intentó recuperar la DGFM, al igual que luego lo hizo su sucesora, Nilda Garré. Un proyecto de ley del justicialista Jorge Villaverde apuntó a centralizar la producción, desarrollo e importación de equipos militares en esa cartera y si bien fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, en la práctica quedó prácticamente congelado. Esto ocurrió cuando el PEN respaldó otro proyecto en el Senado, el de “Producción de medios para la defensa”, presentado por la mendocina Marita Perceval (Frente para la Victoria), que también fue votado favorablemete, pero para que la DGFM pasara al Plafipys...
Mientras se resuelven las “adecuaciones presupuestarias”, ahora los gastos serán atendidos con partidas autorizadas para este año (se ejecutó más del 70%
de los 84 millones de pesos asignados).
Una vez más -y van...-, la voracidad de De Vido quedó ratificada. Como era bastante previsible, señaló su intención de “llevar adelante la modernización y puesta al día de Fabricaciones Militares y (...) retomar el camino que marcara el general (Enrique) Mosconi”, ya que serán “parte de un proyecto nacional y popular”. En principio, intentará acelerar la puesta en marcha de cada una y completar los niveles de actividad para los que fueron diseñadas.
Luego de una prolongada reunión con Kirchner en la porteña Casa Rosada -posiblemente hubo una anterior en Río Gallegos y otras con De Vido-, se designó a Arturo Antonio Puricelli al frente de la DGFM. El elegido fue gobernador de Santa Cruz desde 1983 hasta 1987, cuando nombró a Kirchner como titular de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos, pero por una disputa sobre el manejo de la misma, Kirchner debió alejarse.
Desde entonces proliferaron los enfrentamientos. Puricelli le ganó la interna a Kirchner en 1985 y se convirtió en presidente del justicialismo santacruceño. Cuatro años después, resultó electo diputado nacional mientras Kirchner era intendente de Río Gallegos. En 1991, se postuló a gobernador por el Movimiento Federal Santacruceño (Mofesa), por la ley de lemas, y perdió frente a Kirchner, quien se convirtió en el hombre fuerte del partido en la provincia.
No obstante, el presidente Carlos Saúl Menem designó a Puricelli en varios cargos: interventor en el justicialismo de Santiago del Estero; presidente de la Empresa de Correos y Telégrafos SA (Encotesa), en la época en que se privatizó el Correo Argentino, e integrante del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Puricelli volvió a presentarse en 1999, con un sublema de la Alianza para competir con Kirchner por la gobernación; perdió y le pidieron la renuncia partidaria. En 2002 fue secretario de Relaciones con las Provincias, desde donde armó Convergencia por Santa Cruz con el radicalismo. Pretendió convertirse en diputado nacional al año siguiente, pero perdió ante el Frente para la Victoria (FPVS) kirchnerista, que llevó a Sergio Acevedo. Cuando Kirchner ya era respaldado por Eduardo Duhalde en su carrera hacia la presidencia, Puricelli fue obligado a renunciar como secretario de Relaciones con las Provincias y apoyó a Menem. Ya con Kirchner en la Casa Rosada, Puricelli se dedicó a cultivar cerezas para exportar y a criar ovejas.
De Vido procuró convencer sobre los motivos para semejante designación: argumentó que se está en “una etapa superadora”... En las fábricas y establecimientos sobrevivientes al desguace urdido por el binomio Menem-Cavallo, en los ‘90 del siglo pasado, trabajan unas 1.300 personas (850 en planta permanente y más de 450 contratados), frente a 11.300 de una de sus mejores etapas -¿1973?-, de los cuales más de 1.200 eran profesionales y técnicos y 3.600 obreros calificados. El personal militar estaba integrado en esos tiempos sólo por oficiales y representaba el 0,04% del total. En tanto, suboficiales y soldados únicamente custodiaban los establecimientos, a órdenes precisamente de los oficiales. Prácticamente, ahora no constituyen destinos para aquellos en actividad.
De todas los establecimientos (ver cuadro), apenas subsistieron::
* FM de Río Tercero (Córdoba) -cuya voladura en noviembre de 1995 sigue siendo investigada-, cuyo origen se remonta a 1936 y se dedicó a materias primas para explosivos, ácido nítrico destinado a la petroquímica homónima, ácido sulfúrico, nitrato de amonio y amoníaco anhidro. A sus talleres metalúrgicos, la Secretaría de Transporte de Plafipys encomendó, a fines de 2005, la reparación de 50 vagones del ferrocarril Belgrano Cargas. Por los daños provocados por las explosiones, esta fábrica tiene un pasivo de 450 millones de pesos por juicios perdidos y 85 millones pagados en concepto de indemnizaciones.
* FM de Pólvoras y Explosivos de Villa María (Córdoba), fue inaugurada en 1937 para abastecer a las Fuerzas Armadas de pólvoras y explosivos para abastecer sus necesidades y como núcleo de movilización industrial. Más de 90% de los explosivos que produce se destina a la minería (de allí salió la pólvora enviada ilegalmente a Croacia) y también al uso militar, incluso realiza propulsantes para cohetes.
* FM “Fray Luis Beltrán” (Santa Fe), desde 1933 se especializó en municiones para armas de infantería y artillería. Además, llegaron a hacerse armas portátiles; fusiles FAL; cohetes y sus lanzadores, y el misil “Cibel 2K”.
* FM de Pólvoras y Explosivos de Azul (Buenos Aires), que se inauguró en 1988 para abastecer de pólvoras y explosivos de usos militar y civil. Después de años de apogeo, sobrevino la caída BUENOS AIRES.- La necesidad de satisfacer la demanda de materiales destinados a la defensa nacional y la circunstancia de que no existieran en el país industrias privadas específicas, impulsaron la creación de fábricas militares en 1923, que dependieron de la Dirección de General de Material del Ejército (DGME).
Sobre la base de esa experiencia y de prolongados estudios, Manuel Nicolás Savio (ver aparte) preparó el proyecto de ley de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), definido en setiembre de 1937. Ingresaría al Congreso en marzo de 1941, donde se sancionó como ley 12.709 en setiembre del mismo año y al mes siguiente la promulgaría el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
La DGFM debía abastecer de materiales bélicos y logísticos a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluso las provinciales, además de desarrollar la elaboración y comercialización de productos químicos y el intercambio con el exterior.
En aquel entonces, por su personería jurídica, poseía capacidad para actuar pública y privadamente; por su autarquía patrimonial, tenía derecho de propiedad sobre sus bienes, y por su autarquía financiera, disponía de presupuesto y recursos de funcionamiento propios.
Con el transcurso de los años se incorporaron otras disposiciones complementarias y hasta la ley 12.987, también conocida como “ley Savio”, que en 1947 aprobó el “Plan Siderúrgico Argentino” y la constitución de Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (Somisa).
Modificaciones de otras características, proliferaron durante el absurdamente denominado “Proceso de reorganización nacional”, como consecuencia del ajuste económico a ciertas tendencias que prevalecían a escala mundial y por las políticas del gobierno de facto en materia de producción militar.
La publicidad oficial de esa última dictadura, se jactó del paso de un modelo estatista a uno abierto y competitivo y el cierre o traspaso al ámbito privado de sociedades y fábricas militares. Desaceleraron sus producciones por sucesivas reducciones presupuestarias, escasa demanda interna y falta de requerimientos externos.
La ley 23.696 de “emergencia administrativa y reestructuración del Estado” y el decreto 1398/90 del PEN declararon “sujetos a privatización” a empresas, sociedades y establecimientos que operaban en el Ministerio de Defensa (como Hierro Patagónico de Sierra Grande, Hipasam). Por su situación económica, se consideró preciso sustraerlos de la gestión pública con la finalidad, entre otras, de disminuir el déficit fiscal.
Por el decreto 161/92 del PEN, se transfirió a Defensa la totalidad del capital accionario propiedad del Estado nacional. Correspondía a sociedades anónimas comunes y con participación estatal mayoritaria; del Estado, y de economía mixta cuya titularidad, posesión o tenencia invistieran entonces las Fuerzas Armadas y los organismos o reparticiones bajo jurisdicción de dicha cartera. Allí, también en el ‘92, se urdió reestructurarlas y privatizarlas. Según reveló Antonio Erman González, el multifacético titular de entonces, un año antes habían sufrido un desequilibrio operativo de 200 millones de dólares, mientras la facturación seguía descendiendo y el endeudamiento interno y externo ascendía a 500 millones. Para garantizar la privatización, en abril del ‘92 se gestionó un préstamo de 300 millones de dólares ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-Banco Mundial).
Poco se investigaron los motivos que tuvo el gobierno nacional, en aquel ‘92, para desalentar la venta de 500 vehículos bélicos a los Emiratos Arabes Unidos, que hubiera significado un ingreso de 1.000 millones de dólares.
“Resguardaremos la tecnología y los medios productivos que son de interés para la defensa y continuaremos haciendo los mayores sacrificios y esfuerzos para mantener en marcha las líneas productivas”, prometió Luis Sarlenga, flamante interventor de la DGFM, en abril del mismo año.
Por el decreto 464 del PEN del 29 de abril de 1996, la DGFM pasó a ser controlada por la Secretaría de Coordinación del entonces Ministerio de Economía y Obras Públicas, donde decidieron continuar con la racionalización, administrando los recursos y las erogaciones a fin de alcanzar un equilibrio económico-financiero. Algunas ideas preconizadas por el general Savio BUENOS AIRES.- El general de división Manuel Nicolás Savio (1892-1948) tuvo una prolongada trayectoria en el Ejército argentino, desde donde buscó industrializar el país y promovió la creación de la Escuela Superior Técnica del Ejército, la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (Somisa).
Con su proyecto de DGFM (posteriormente ley 12.709), buscó “alcanzar lo más pronto posible la propia capacidad para producir en el país las armas y las balas indispensables para mantener la soberanía y el honor nacionales, liberándonos a ese respecto de la dependencia del exterior”.
También efectuó señalamientos sobre diversas cuestiones:
* Movilización industrial. Surgió como el primer problema desde que alentó la formación de oficiales especializados técnicamente en materiales de guerra. Y aún cuando creyó que tendría su mayor impulso al realizarse en las fábricas militares, planteó que se haría en una proporción más alta en talleres privados debidamente asesorados.
* Elaboración de materiales y elementos de guerra. Debía desarrollarse para la fabricación total de cada uno o, parcialmente, con la participación de particulares en programas no inferiores a cinco años, para permitir la reposición del consumo anual y la formación progresiva de la reserva de movilización.
* Exploración y explotación de minas. Esto significó, si se quiere, una verdadera revolución, ya que desde la sanción del Código de Minería se reservó esas responsabilidades al Estado.
* Sociedad mixta. Incorporó esta fórmula de conjunción de capitales públicos y privados, en aquella época utilizada en algunos países en casos de apremio o emergencia para la ejecución de materiales de guerra. Consideró que de esa manera se atenuarían los grandes gastos de instalación, algunas veces, y de mantenimiento a ritmo reducido, en otras.
* Autarquía. Las tareas de DGFM, especialmente las industriales, no debían encuadrarse en un marco burocrático de rigidez administrativa.
* Regulación de la exportación. Aunque se mantuvo la prohibición de enviar metales críticos en cualquier forma, no se incluyeron aquellos manufacturados que los contuvieran. Esto por la posibilidad de fomentar la propia industria, ante la eventualidad de actuar en los mercados extranjeros.
* Fomento. Complementariamente al proyecto de ley de fabricaciones militares, otro de protección a las industrias de las materias primas básicas buscó que se obtuvieran sobre la base de subsidios. Estos debían cubrir la diferencia entre los costos y los precios que los mismos productos tuvieran si llegasen del extranjero, por lo menos durante un plazo experimental de diez años. |
MIGUEL ANGEL FUKS 
