| | BUENOS AIRES.- Pese a los proyectos de leyes en danza, como era bastante previsible, el Senado de la Nación aprobó el presentado por Alicia Kirchner y Marina Riofrío, legisladoras por Santa Cruz y San Juan respectivamente, con las modificaciones incorporadas antes por la Cámara de Diputados. Se trata de un programa de promoción y regulación del otorgamiento de microcréditos que pretende “estimular el desarrollo integral de personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social” y dar “mayor seguridad a las transacciones y definir la manera en que el Estado debe estar presente”.
Kirchner y Riofrío se basaron en que, al elaborarse el proyecto, existían en la Argentina aproximadamente 4 millones de pobres, por lo que el volumen de microcréditos no alcanzaba para atender las necesidades de una cuarta parte de los mismos, ya que el Estado llegaba a 500.000 y el sector privado (con una instrumentación más cara) a alrededor de 200.000.
Con intenciones de “llevar adelante la promoción social” y “sin hacer asistencialismo”, se asignó un fondo inicial de 100 millones de pesos anuales al Ministerio de Desarrollo Social, que manejará una comisión de coordinación designada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Estarán en condiciones de recibir partidas que no excedan de 12 sueldos mínimos, las sociedades sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, fundaciones, instituciones de la comunidad indígena y organizaciones gubernamentales y mixtas, cuyos activos no superen el valor de 50 canastas básicas de alimentos.
Los 100 millones se darán como fondos no reembolsables, préstamos dinerarios y avales, con tasas de interés subsidiadas total o parcialmente, gastos operativos y asistencia técnica a “emprendimientos de la economía social” (pequeños establecimientos agropecuarios, talleres y comercios, por ejemplo).
Desde el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, recordaron la dispersión de programas que hubo en la citada cartera y expresaron preocupación por la posibilidad de que los objetivos de la nueva ley se superpongan con esfuerzos de organismos e instituciones. Y si bien votaron el proyecto de manera favorable en general, sugirieron modificaciones en particular, a fin de garantizar que el dinero vaya a quienes más lo necesiten y estén en condiciones de cumplir las metas del programa. Aparte, plantearon interrogantes respecto de las entidades que serán beneficiadas, cómo se evaluarán sus capacidades operativas e idoneidad para seleccionar y de qué manera garantizarán el cumplimiento de los objetivos.
Como será preciso proporcionar “fuerte capacitación y asistencia técnica”, aseveraron que los gobiernos provinciales no sólo deben tener la posibilidad de adherir a la ley sino de participar activamente en el programa de promoción, ya que algunos tienen experiencias y hasta utilizaron fondos propios.
En la Cumbre del Microcrédito, lanzada en 1997 por representantes de 137 naciones y liderada por Hillary Clinton, imaginaron que en el 2005, declarado “Año internacional del microcrédito” por la Organización de las Naciones Unidas, debían beneficiar a 100 millones de familias pobres.
Para impulsarlo en el mundo, el organismo invitó a colaborar a Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda, aprovechando su formación como economista y trabajos en bancos internacionales. Cuando volvió a la Argentina, meses atrás, visitó a emprendedores de Jujuy, Salta y el conurbano bonaerense, que recibieron préstamos del Banco Mundial de la Mujer de 200 a 1.000 pesos. Aprovechó la oportunidad para entrevistarse con funcionarios y legisladores y presentó Planet Finance, una organización no gubernamental que coordina a otras que otorgan ese tipo de préstamos, representada localmente por Alfonso Prat Gay, ex presidente del Banco Central.
En el “Proyecto Germinar”, dado a conocer por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en mayo último, especialistas de áreas estratégicas se comprometieron a formular diagnósticos y realizar aportes científicos e instrumentales para fortalecer y mejorar la capacidad de gestión de los sectores públicos, empresarios y de las ongs. Cada vez hay más entidades financieras privadas especializadas BUENOS AIRES.- Para mejorar las condiciones de vida de los sectores económicamente más débiles, están los programas asistencialistas y de entidades privadas dedicadas a las microfinanzas. Aquellos –nacionales, provinciales y municipales– intentan atender las necesidades básicas insatisfechas de personas o grupos, como alimentación, vivienda, salud y educación. En tanto, las entidades procuran facilitar el acceso de los pobres a las actividades productivas, mediante créditos que mejoran su calidad de vida y los deben devolver.
Para el 2005, se aguardaba que 100 millones de familias pobres accedieran a los microcréditos otorgados por 3.100 entidades de todo el mundo. Sin embargo, hubo contratiempos y desafíos que obstaculizaron los avances. Por ejemplo, se supo que menos del 1% de los recursos del Banco Mundial tuvieron esa orientación, mientras varios de sus funcionarios viajeros exhortaban a ampliarlos, mantener la estabilidad macroeconómica y poner en marcha políticas sociales eficaces para transferir dinero a las familias en esa situación, siempre que enviaran sus hijos a escuelas y los llevaran a médicos.
Bancos y compañías financieras tradicionales no atendieron tales demandas en los 70 del siglo pasado, cuando organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de determinados países procuraron captar donaciones y ahorros y en ocasiones recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, para derivarlos a microempresas informales y cuentapropistas. Los fondos escasearon, entre otras causas por no captar más ahorros y por el siempre nefasto impacto de la inflación.
Paulatinamente, la tendencia se desplazó de las ongs hacia entidades reguladas que se multiplicaron al detectar significativos nichos de mercado por el incremento del número de pobres.
En América Latina y el Caribe –Bolivia, Colombia, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela, por ejemplo–, muchas fueron organizadas a partir de experiencias de las ongs en las zonas rurales, donde se concentraba –y concentra– la mayor pobreza, y por integrantes de los sistemas financieros institucionalizados.
Entre los desafíos afrontados por estos últimos se mencionaron: la captación de ahorros y la cobertura de costos operativos, los desarrollos de tecnologías e infraestructuras apropiadas y el mantenimiento del objetivo social principal.
En la región de la que forma parte la Argentina, existen entidades auto-suficientes, que no dependen de subsidios y están reguladas y sujetas a estrictas supervisiones de quienes se capacitaron en este tipo de intermediación para no confundirla con la tradicional, ni con la de sociedades de créditos para el consumo.
En el II Foro Interamericano de la Microempresa (Buenos Aires, 1999), se concluyó que era factible brindar servicios a los clientes, a un costo razonable, aplicar tecnologías sobre la base de información y competir con tasas de interés reales a precios de mercado. No hubo dudas de que los factores de “agilidad” y “oportunidad”, en la obtención del dinero, precedían a los del “costo” del mismo, en una clientela que durante demasiado tiempo resolvió parcialmente sus problemas acudiendo a usureros. Algunas ongs se asociaron con bancos comerciales dispuestos a encarar inversiones útiles para el país y su imagen. Cómo se intensificaron diversas experiencias BUENOS AIRES.- La Cumbre del Microcrédito de 1997 influyó para que en la Argentina se intensificaran experiencias sectoriales:
* Gubernamentales, como el Fondo de Capital Social (Foncap) y los programas Regional de Emprendimientos Sociales (Redes) y Social Agropecuario, más otros nacionales –sobre todo los del Ministerio de Desarrollo Social–, provinciales y hasta municipales.
En la última reunión del Consejo Federal de la Producción, el 14 del actual, se anunció que en este segundo semestre del año se destinarán 5 millones de pesos para fortalecer la red de agencias de desarrollo que funcionan en provincias, con participación de instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que apuntan a la promoción económica a través de la asistencia a las minis, pequeñas y medianas empresas.
* No gubernamentales, sobre la base, principalmente, del modelo aplicado en Bangladesh, desde 1974, por el economista y docente universitario Muhammad Yunus, quien comenzó prestando dinero a familias pobres para que encararan microemprendimientos. La evolución permitió fundar el Grameen Bank, que a su vez inspiró a individuos e instituciones a replicar la propuesta en más de 80 naciones. La Fundación Grameen (Aldeas) Argentina representa esa metodología desde 1999, cuando los concedió en Misiones (en Río Negro lo hace por intermedio de la Asociación Génesis, de Viedma, y en Neuquén a través de Mingaco, de Junín de los Andes). Cuando Yunus visitó la Argentina en 2001, el gobierno porteño formalizó un convenio con la fundación local y dispuso un fondo inicial de 30.000 pesos. Con idéntico propósito, el Banco de la Nación donó 100.000.
El Banco Solidario de Santa Fe otorga préstamos a municipios, comunas y ongs de la provincia, para que concedan microcréditos a personas o grupos de emprendedores con conocimientos y capacidades productivas. Deben destinarlos a la adquisición de equipamiento, herramientas, maquinarias o insumos y no a la compra o alquiler de inmuebles y pagos de impuestos, honorarios y deudas.
El Banco de la Buena Fe, de San Juan, proporciona entre 300 y 500 pesos a personas sin posibilidad de acceder a servicios financieros, para emprendimientos de variadas especies.
En el Congreso de la Nación, en 2002, Oscar Lamberto, diputado justicialista por Santa Fe, consiguió la media sanción para su proyecto de crear una banca solidaria con entidades que funcionen como cooperativas, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles o entidades autárquicas municipales.
El año pasado volvió a insistir con una reforma de la ley de entidades financieras, que pretendía introducir la citada figura para el otorgamiento de microcréditos a sectores e individuos, que obtuvo despacho favorable de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. Después pasó lo que pasó.
Por la ley 3.935, promulgada el 18 de enero de 2005, se creó la Agencia Solidaria de Microcréditos Rionegrina (AsoMir), que funciona en el Ministerio de la Familia de la provincia, para crear y administrar el financiamiento de actividades productivas o necesidades imperiosas de los beneficiarios o sus grupos familiares, siempre que:
* Se encuentren bajo de la línea de pobreza calculada por el INDEC.
* Tengan un ingreso mínimo regular proveniente del trabajo o inclusión en subsidios o planes de 150 pesos.
* Acrediten una residencia mínima en la provincia de tres años ininterrumpidos y la mantengan antes de la solicitud.
* Superen la encuesta e informe económico-social.
* No dispongan de microcréditos o cualquier otro con cuotas impagas.
Cuando se aprobó la norma rionegrina, el máximo era de 3.000 pesos. Está exento de todo gravamen, tasa y contribución provincial y su devolución debe hacerse en cuotas mensuales o semanales que no superen el 20% de los ingresos del solicitante.
El capital prestable se constituirá con el monto que se fije en el presupuesto general de la provincia, aportes de entidades públicas o privadas y, entre otras alternativas, un impuesto del 1% sobre los premios de la Lotería.
El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) surgió para asistir y promover el desarrollo y la transformación de la estructura económica de Neuquén.
En los papeles, el Iadep asiste financieramente a los proyectos de las micros, pequeñas y medianas empresas. |
MIGUEL ANGEL FUKS 
