Número de Visitas Agréguenos a Favoritos 
TITULOS SECCIONES SUPLEMENTOS OPINION CLASIFICADOS SERVICIOS NUESTRO DIARIO PRODUCTOS
  podio
RURAL
DEBATES
GUIA OCIO
eH! HOGAR
Espectáculos
ECONOMICO
CULTURAL
ENERGIA
 
Domingo 23 de Julio de 2006
 
 
 
>>EDiciones ANTERIORES
   
  DISMINUYEN LOS INDICES DE DESEMPLEO, POBREZA E INDIGENCIA, PERO AUN QUEDAN DESAFIOS SOCIALES POR RESOLVER
  Crece la economía, pero la brecha entre ricos y pobres no se achica

La iniquidad en el ingreso actual muestra una brecha similar a la de 1998.

Lo preocupante es que desde entonces el PIB ya aumentó más de 10%.

 
 

Click para ampliar

Desde principios de 2003 los índices de pobreza e indigencia han sostenido una tendencia marcadamente decreciente, asociada evidentemente al crecimiento económico que atravesó el país, con una expansión el PBI a un ritmo anual cercano al 9%. A pesar de la mejora en los indicadores sociales, aún se observa una distribución muy desigual del ingreso, según sostiene en un reciente informe Economía & Regiones, la consultora que dirigen Rogelio Frigerio y Alejandro Caldarelli.
En efecto, durante el primer trimestre de 2006, el ingreso total del 10% más rico de la población fue 36 veces superior al ingreso total del 10% más pobre. Esta cifra representa una leve mejora con respecto a la situación que existía un año atrás, cuando esa relación era de 39 veces. Paralelamente, el coeficiente de Gini, que es un indicador que se emplea para medir la iniquidad en la distribución del ingreso (1), fue de 0,494 durante el primer trimestre de 2006, levemente inferior al 0,501 registrado en igual trimestre de 2005. Es decir que la economía creció 8,6% entre el primer trimestre de 2006 y el mismo período del año pasado, pero la distribución del ingreso sólo exhibió una leve mejoría durante ese período.
Por otra parte, debe notarse que actualmente la iniquidad en la distribución del ingreso es semejante a la que existía en 1998 (antes de la recesión y posterior crisis), dado que la relación entre el ingreso total del 10% más rico de la población y el 10% más pobre también era de 36 veces.
Sin embargo, cuando se analizan las cifras del PBI, se observa que el producto bruto interno desestacionalizado del primer trimestre 06 es un 10,6% superior al de 1998. En otras palabras, la economía ha crecido más de un 10% con relación a 1998, pero el nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos es tan elevado como el de aquel entonces (ver gráfico).
A partir de lo expuesto hasta aquí, hay dos interrogantes que deberían ser contestados:
1) ¿Cómo se explica que la distribución del ingreso siga siendo tan desigual en un contexto en el cual la economía crece y la pobreza y la indigencia disminuyen?
2) ¿Qué relevancia tiene una distribución de los ingresos poco equitativa para las perspectivas de crecimiento y desarrollo económico del país?
Para explicar el primer interrogante, es necesario aclarar que la caída en la pobreza se ha concentrado mayormente en los deciles medios (clase “media”) de la población, en lugar de los deciles bajos. De hecho, el ingreso medio entre los deciles 3 y 8 ha crecido más de un 80% entre mayo de 2003 y el primer trimestre de 2006, situando entonces al ingreso medio de estos deciles en valores que superan al costo de la canasta básica total para un adulto equivalente ($ 277). En contraposición, el ingreso medio del 1° y 2° decil de la población ha crecido un 37% y 57%, respectivamente, lo cual demuestra que los ingresos de este segmento de la población son los que han registrado el menor crecimiento en este período y aún se mantienen por debajo del valor de la canasta básica total de un adulto.
Para comprender por qué el ingreso promedio de los deciles medios y altos ha crecido a un ritmo mayor que el ingreso de los sectores bajos, se debe tener presente la fuerte disparidad que existe actualmente en el mercado laboral argentino. Las personas que se encuentran en los deciles más bajos son, generalmente, trabajadores no registrados (en “negro”) que, por tal condición, no suelen beneficiarse de las medidas salariales dispuestas por el Estado, como las subas en el salario mínimo, aumentos de suma fija otorgados por decreto o mejoras salariales que surgen de las negociaciones colectivas. De este modo, la evolución de los salarios de estos trabajadores difiere sustancialmente de la correspondiente a los trabajadores registrados, que habitualmente integran los deciles medios y altos en la distribución del ingreso de la población.
Con respecto al segundo interrogante (relación entre equidad y crecimiento), es preciso subrayar que si bien la economía puede crecer en el corto plazo con una distribución del ingreso desigual, existen diferentes motivos para creer que en el largo plazo existe una relación positiva entre distribución del ingreso (equitativa) y crecimiento económico.
Por un lado, como consecuencia de acontecimientos políticos, una gran desigualdad de los ingresos da lugar a factores que impiden el crecimiento. Por ejemplo, una mayor desigualdad trae consigo más inestabilidad política, más incertidumbre y, por ende, podría acarrear menos inversiones y un menor crecimiento. Además, una fuerte desigualdad de los ingresos puede conferirle una influencia desproporcionada a determinados sectores de la sociedad en las decisiones políticas y económicas.
Por otro lado, una distribución del ingreso más igualitaria daría lugar a un acceso más equitativo al crédito, a la información y a la educación, creando mayores oportunidades para que los sectores más pobres de la población salgan de esa situación. Adicionalmente, una mayor equidad en los ingresos se traduce en mercados internos más grandes, en un mejor aprovechamiento de las economías de escala y, con ello, en un aumento de la actividad económica. Es claro que la actual iniquidad en los ingresos de la sociedad argentina podría transformarse en un limitante del crecimiento económico futuro.

EL ROL DEL ESTADO

¿Qué hace concretamente el Estado para mejorar, en lo inmediato, los ingresos de los individuos que se encuentran en situaciones de extrema pobreza?
Es conocida la implementación (y deficiencias) del Plan Jefes y Jefas de Hogar, aunque es evidente que los $ 150 asignados a través de estos planes se encuentran muy lejos del valor de la canasta básica alimentaria ($ 391) y total ($ 857). Así, el impacto de esta medida es bastante limitado.
No obstante, se podría argumentar que la política de acuerdos de precios (focalizada principalmente en los productos alimenticios) es otra medida para mejorar los ingresos de los deciles más bajos de la población, ya que, si bien este tipo de políticas reducen el precio de los productos para ricos y pobres por igual, la propensión al consumo de alimentos en los sectores más pobres es mucho mayor que en los sectores más ricos. Lo mismo cabe para el congelamiento de determinadas tarifas de servicios públicos; por ejemplo, el congelamiento en el precio de los boletos de colectivos y ferrocarriles beneficia más, en términos relativos, a pobres que a ricos, si bien en términos absolutos beneficia a ambos grupos por igual.
El problema de confiar en este tipo de herramientas (controles de precios, congelamiento de tarifas) para mejorar la distribución de los ingresos es que existen dudas sobre la sustentabilidad de estas medidas a través del tiempo. De hecho, los acuerdos de precios atentarían contra el objetivo de atraer mayores inversiones, aumentar la oferta agregada y, así, poder crecer sostenidamente. Ello se debe, por un lado, a que los controles de precios establecen una cota superior a la rentabilidad de determinadas inversiones (al fijar precios máximos), pero además, porque estas medidas constituyen una señal peligrosa con relación a que el gobierno puede modificar las reglas de juego cuando le parezca más oportuno (aumentan la discrecionalidad de las políticas públicas).
Por otra parte, la cuestión del uso en los servicios públicos nos remite a otro aspecto relevante en este análisis: la distribución del ingreso es una medida que suele complementarse junto con otras (como el PBI per cápita) para evaluar el bienestar de la población. Pero la noción de bienestar no se encuentra unívocamente definida y puede incluir elementos que vayan más allá del ingreso monetario de la población, como el acceso de la población a los bienes públicos (como educación, salud, seguridad). En este sentido, el gasto que realice el Estado para proveer estos bienes públicos podría amortiguar las diferencias en los ingresos monetarios de la población y, consecuentemente, mejorar el bienestar de la sociedad. En ese caso, el gobierno debería asegurarse de que el gasto público social que realice se dirija efectivamente a servicios que son mayoritariamente utilizados por individuos que se encuentran en situaciones de pobreza o indigencia.

(1) El índice de Gini toma valores entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos”, mientras que el valor 1 representa el caso contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona acumula el total del mismo.

   
   
 
 
 
Diario Río Negro.
Provincias de Río Negro y Neuquén, Patagonia, Argentina. Es una publicación de Editorial Rio Negro SA.
Todos los derechos reservados Copyright 2006