1) Sería regresivo. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. En 1954 se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (ley 14394). La dictadura encabezada por Videla, en una de sus primeras medidas (decreto ley 21338), derogó parcialmente esa norma y fijó la edad de punibilidad en 14 años (decreto ley 22278). En mayo de 1983 volvió a establecerse en 16 años. Regresar a criterios de la dictadura no parece dirigido a proteger a niños y adolescentes.

2) El único objetivo es el castigo. El mandato constitucional establece que el objetivo de la privación de la libertad no debe ser el castigo sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, tras un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es fijar políticas de castigo, violando ese mandato y confundiendo a personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.

3) No es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. Decir que el único modo de que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es una falacia. Las garantías las tenemos personas de todas las edades; el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes y velar por que todas las garantías se cumplan.

4) No se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26061) tienen plena vigencia, así como los tratados internacionales de derechos humanos que establecen los derechos de cada niño y niña en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas, agua potable, vivienda, educación ni salud de calidad, entre otros.

5) La cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Diputados y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia para atender, de modo punitivo, los hechos que comete un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Universidad Tres de Febrero, sobre un total de 1.800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17% es no punible, es decir, menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1.800 adolescentes privados de la libertad, un 15% está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles tendríamos que, de esos 270 casos, sólo 46 (17%) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Esa cifra es más baja aún si consideramos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año: unos 2.000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18. Y de esos doscientos, según el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 casos participan menores de 16. Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta, pero una decisión de política criminal debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos y a qué costos, antes de tomarse.

6) Si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante el 2008, según el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos). La Justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes de la Fundación de Julio Grassi luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos, entre otras denuncias. Argentina ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre del 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenirlos.

7) El sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante. No persigue a todos por igual sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos "esfuerzo" tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura los separa de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas en niños y adolescentes.

8) Los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta es porque alguien con más edad y más poder lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo que indican las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren baratos repuestos de sus autos.

9) Las penas no son intocables. Se utiliza como argumento a favor de la baja de edad de punibilidad que se fijarán penas bajas, lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta 7 años para la franja de 14 y 15 años y de quince años para la franja de 16 y 17, que transformaría el régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica. Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta algún hecho trágico o lo suficientemente difundido por los medios para que se dupliquen o tripliquen, frente a un próximo clamor popular.

10) Van a meter presas a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década. Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones reeligieron a Menem y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no sólo de las que tomamos individualmente sino como sociedad.