TEMUCO/SANTIAGO DE CHILE.- El conflicto entre grupos mapuches y el Estado chileno se agudizó esta semana con nuevas manifestaciones en apoyo a la huelga de hambre que mantiene una treintena de presos indígenas procesados por una ley antiterrorista que permite condenas dobles. Acusaciones de montajes, golpizas en descampados y actos al borde de la ley de fiscales constituyen el núcleo de las denuncias de las comunidades, mientras desde la Justicia chilena se insiste en ligarlos a grupos guerrilleros del continente. (Ver aparte)

El conflicto parece trascender ideologías políticas: se ha transformado en un serio problema para el gobierno conservador del presidente José Piñera, así como había sido un fuerte dolor de cabeza para la anterior mandataria socialista Michelle Bachelet.

Esta semana representantes y defensores de los pueblos originarios llevaron a cabo protestas en la sureña ciudad de Puerto Montt, Temuco y otros puntos del país para exigir la libertad de los 32 presos que permanecen sin ingerir alimentos desde hace tres semanas.

Las manifestaciones, que comenzaron el lunes, apoyan el reclamo de los huelguistas de que se deje de aplicar la ley antiterrorista, figura bajo la cual se detuvo a los indígenas, que fueron acusados de realizar ataques incendiarios en la región de la Araucanía, el epicentro de las comunidades mapuches que luchan por recuperar tierras ancestrales.

En el 2009, la IX Región fue escenario de violentos enfrentamientos entre las autoridades y activistas mapuches que tomaron predios agrícolas. Al menos un comunero falleció en los choques y varios efectivos resultaron heridos.

Desde entonces la región ha permanecido militarizada, otra de las cuestiones que rechazan los huelguistas y sus simpatizantes.

El conflicto no tiene horizontes de solución, pese a que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a las comunidades desde 1990.

El nudo del reclamo es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos de merced, que amplias tierras les pertenecen. La mayoría de esos predios es hoy propiedad de firmas forestales, que poseen unos tres millones de hectáreas y son administradas por los principales grupos económicos del país.

La posibilidad de un acuerdo, buscado por la Iglesia Católica y activistas, enfrenta la dificultad de que la etnia mapuche, unas 700.000 personas en campos y ciudades, está fragmentada en 2.200 comunidades y no tiene un liderazgo común. Tampoco ayuda la lejanía de algunos líderes políticos con el tema y con los derechos de los indígenas.

El caso más emblemático fue el ataque en el 2009 de la policía con gases a una escuela rural en la comunidad de Temucuicui, donde había 32 infantes. "Los niños se ahogaron, pero no pasó más que eso", dijo entonces el ministro para Asuntos Indígenas José Viera Gallo.

El gobierno de Piñera optó por encarar el conflicto con un énfasis en el desarrollo productivo y puso al frente del tema a un empresario mapuche que ha favorecido acuerdos en esa línea, Francisco Painepán.

El conflicto, que ha provocado también enfrentamientos en el seno de las comunidades, generó una distancia cada vez mayor de amplias comunidades con el Estado chileno. "Incluso nos cuesta que los presos acepten la defensa del Estado, nos ven como enemigos", dijo un jurista. "No nos sentimos chilenos", dijo Daniel Queipul, un joven de la comunidad Temucuicui, una de las que más crisis han mantenido con las autoridades.

Y sus palabras reflejan un sentimiento cada vez más generalizado en muchas comunidades, donde sus líderes rompieron antiguos lazos con los partidos tradicionales, a los que acusan hoy de "defender los intereses chilenos".

En ese escenario, que podría recrudecer si la Justicia confirmara las condenas dobles a los líderes mapuches, el relator especial de Naciones Unidas para asuntos Indígenas, James Anaya, alertó sobre "un constante ciclo de violencia".

Unos 106 mapuches permanecen detenidos bajo la Ley Antiterrorista, sancionada por el régimen de Augusto Pinochet para perseguir a opositores, pero los gobiernos de la Concertación la continuaron aplicando para crímenes contra la seguridad del Estado. Ésta permite duplicar las condenas a los acusados de delitos. La ONU y la Unión Europea han criticado la aplicación de la ley, por considerar que permite perseguir y discriminar a miembros de la comunidad indígena.

REDACCIÓN CENTRAL

agencias DPA/AFP y BBC Mundo