Ésta será la primera vez que el Comité de la ONU tendrá oportunidad de analizar las políticas públicas que encara nuestro país para prevenir, evitar, sancionar y reparar el delito de trata de niñas, adolescentes y mujeres. Lamentablemente, también en este tema el Estado aborda la realidad de manera desarticulada y con altos niveles de improvisación.

Si bien en los últimos años se ha comenzado a instalar la cuestión en la agenda pública del Estado nacional y de los gobiernos provinciales, así como también en los medios de comunicación, los esfuerzos por eliminar este grave delito que vulnera derechos humanos fundamentales son aún tenues, fragmentados, y no logran visualizar la complejidad de este flagelo, de características internacionales.

En cuanto al contenido, no obstante que la ley se acoja a lo indicado en el Protocolo de Palermo, resulta insuficiente en comparación con los estándares internacionales en materia de derechos de las humanas.

En cuanto a los medios de comisión delictual, la enumeración de la ley no incluye formas habituales de trata tales como el turismo sexual y el matrimonio servil y no existe un mapa de la realidad de las violencias contra las mujeres.