La educación argentina ha dado importantes pasos en los años recientes, al establecer un nuevo marco legal que amplía los derechos y mediante el incremento notable de la inversión educativa. En el 2010 se alcanzó el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a Educación, un récord histórico que cumple con la meta de la ley de Financiamiento Educativo, sancionada en el 2005. Sin embargo, siguen pendientes los dos niveles de desigualdades entre las provincias, que determinan dos tipos de injusticias educativas distintas.

La primera desigualdad estructural se refiere a la distribución del ingreso. La Argentina es el país de América Latina donde más crecieron las desigualdades sociales entre 1975 y el 2005. Entre las provincias esto se observa claramente: las del norte tienen hasta ocho veces más proporción de población pobre que las patagónicas (40% de pobreza en Chaco versus 4% en Santa Cruz, año 2007).

El impacto de la pobreza social en la Educación es determinante. El acceso y la calidad de los aprendizajes están condicionados antes que nada por esta variable. Las provincias más pobres son las que tienen mayores deudas de escolarización y más bajos resultados en las evaluaciones nacionales.

La segunda desigualdad es menos conocida y va por un camino paralelo referido a la disparidad de recursos fiscales de las provincias. A las inmensas disparidades en los niveles de desarrollo de las mismas se suma un esquema distributivo injusto y arbitrario: la Coparticipación Federal de Impuestos. Así, mientras Tierra del Fuego recibe $ 5.140 por habitante por año de la coparticipación, la provincia de Buenos Aires recibe apenas $ 763 (año 2008).

Estas disparidades determinan las desigualdades en la inversión por alumno: Tierra del Fuego invierte $ 10.609 por alumno por año y Salta sólo llega a $ 1.668 (año 2007). Esto se plasma en los salarios docentes, muy dispares más allá de los costos de vida que cambian según las provincias.

El resultado de estas dos desigualdades estructurales a veces es complementario. Provincias como Misiones, Salta, Tucumán o Corrientes son muy pobres en su sociedad y reciben muy poca coparticipación. En cambio, provincias con sociedades mucho más ricas son además extraordinariamente beneficiadas por los recursos estatales, como Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así se observa cómo el federalismo fiscal duplica las desigualdades sociales.

En otros casos se constata la arbitrariedad. Por ejemplo, La Rioja y Catamarca son dos provincias con mucha pobreza social pero muy beneficiadas por la coparticipación. Así, por ejemplo, La Rioja puede darse el lujo este año de entregar una computadora por alumno. Neuquén, muy beneficiada por las regalías, tiene casi el doble de recursos estatales que su vecina Río Negro, lo cual se plasma en la gran desigualdad en los salarios docentes de ambas provincias.

Para abordar estos problemas estructurales es necesario sancionar una nueva ley de Financiamiento Educativo (la sancionada en el 2005 vence este año) que promueva dos sistemas de distribución de los cuantiosos recursos educativos nacionales. Por un lado, un fondo compensatorio dirigido a las provincias con mayor pobreza social y, por otra parte, un fondo salarial destinado a las provincias con menos recursos estatales. Ésta es una forma concreta de abonar el camino a una mayor igualdad federal educativa, al tiempo que la verdadera batalla pasa por redefinir a fondo los perfiles productivos de las provincias y el injusto régimen de coparticipación.

ALEXIS RIVAS

arivas@cippec.org

(*) Director del Programa de Educación de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)