Errores en toda la línea de acción cometió el gobierno rionegrino en el tratamiento del caso Bariloche.

El primer error tomó forma a pocas horas de la violencia que desencadenó los hechos. Consistió en los términos en que el gobernador Miguel Saiz intentó quebrar la inercia que le imprimía a su protagonismo en el manejo del delicado tema. Se instaló en el cuadro reclamando que no se hiciese política con el doloroso proceso en marcha.

El reclamo -en sí un discurso de neto contenido político- se anuló en la propia contradicción que lo vertebraba. Porque lo sucedido hace a la política.

No en su génesis puntual, en su disparador. Pero al hacer a la seguridad pública, es una cuestión directamente relacionada con la política en clave a la conducción del aparato de Estado.

Y hace más a la política cuando se computa que Diego Bonefoi fue muerto por un efectivo de la Policía de Río Negro.

Es estéril intentar que la política no ocupe su lugar a la hora de reflexionarse lo sucedido.

Estéril porque la seguridad y la calidad de tratamiento que le brinda a la sociedad un cuerpo de seguridad están en relación directa con el sistema de decisión política del poder de turno.

Y esa esterilidad se torna más elocuente cuando la realidad dice que la seguridad es la preocupación más intensa que abriga el conjunto de la sociedad.

El segundo error cometido por el Poder Ejecutivo provincial tiene un marco, un rosario de antecedentes: de cara a las presiones, el Estado retrocede en el espacio físico que es inherente a la aplicación de su responsabilidad. Veamos:

Hay, por ejemplo, una íntima relación entre el corte de ruta de Gualeguaychú y el cierre y posterior traslado de la comisaría 28 de Bariloche, uno de cuyos efectivos asesinó a Diego Bonefoi.

¿Qué tienen en común estos dos hechos?

Que el Estado no por legitimidad de razonable convencimiento sino por presión de una política de hechos consumados, de acción directa, deslegitimó su legitimidad retrocediendo. Y lo hizo contemplando intereses puntuales de una ciudad y un grupo de un barrio, según el caso.

Bajo apuro, se replegó en un puente.

Durante tres años el Estado entregó el manejo de un paso internacional al humor de la burocracia que manejó el corte en Gualeguaychú.

Y en Bariloche, con el rabo entre las piernas, el aparato de Estado disparó de las instalaciones que ocupaba la comisaría 28. Cedió terreno con el corazón en la boca, esperando que amaine.

Y sentó un precedente: ante la presión, afloja.

CARLOS TORRENGO