Entre el 2006 y el 2008 hubo al menos tres accidentes de tránsito vinculados con conductores alcoholizados que conmovieron el Alto Valle. El primero de ellos fue aquel en el que murió Belén Mariuán (21), en el 2006, tras ser impactada por un Chevrolet conducido por Pablo Yacopino. Un año después Paola Acuña (18) fallecía luego de ser embestida por un Renault 12 que había sido chocado por otro auto manejado por Jorge Chechile. El caso que alcanzó mayor resonancia fue el protagonizado en Neuquén por Juan Hermosilla Soto, quien embistió y mató a Belén Araya (19) y Franco Castro (16) el 21 de septiembre de 2008.

Estos hechos tienen en común varios puntos: se produjeron en horas de la madrugada durante fines de semana tras una salida nocturna, las víctimas fueron jóvenes que caminaban por la vereda y los responsables de las muertes, varones que conducían alcoholizados y a alta velocidad. En los tres casos, además, hubo sospechas de que los conductores estaban corriendo picadas.

En muchas de las muertes en accidentes de tránsito suele prestarse atención al proceder imprudente de los peatones. Sin embargo este elemento no puede considerarse en estos casos, ya que las víctimas caminaban por la vereda.

Frente a estos hechos, un importante sector de la sociedad que al parecer no ve satisfecha sus demandas pide "más cárcel". Desde otros ámbitos, se llama a reflexionar acerca del rol de la prisión y las falencias en políticas públicas de prevención.

El debate de las penas

El 12 de marzo de este año la Justicia neuquina condenó a cinco años de prisión a Juan Hermosilla Soto. Los jueces le aplicaron el máximo de la pena prevista para el delito de "doble homicidio culposo agravado" ya que conducía alcoholizado y con exceso de velocidad. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella habían pedido condenas de 15 y 25 años de prisión respectivamente porque consideraban que Hermosilla Soto había cometido un doble homicidio simple con dolo eventual. La Cámara Criminal Primera que lo condenó no consideró probado el dolo eventual.

La diferencia en las penas reside en la calificación del delito. Cuando se habla de "homicidio culposo" se considera que sólo existió un hacer negligente. Hay "culpa" porque la persona no se proyecta el resultado lesivo ni mucho menos lo acepta. Hace algo sin tomar los recaudos correspondientes y comete un delito, podría decirse, sin quererlo.

Si se considera que en un homicidio existió "dolo eventual", se entiende que el autor se representó el resultado dañoso, directamente ligado a su accionar, y lo aceptó como posible (podría o no haber sucedido). Es decir, si una persona se sube a un vehículo alcoholizada sabe que puede cometer un delito. Sin embargo, en la mayoría de los casos se considera la presencia de alcohol como un atenuante de la pena ya que reduce el ámbito de libertad de las personas y, por lo tanto, su capacidad de decidir.

Dos posturas para debatir

La diputada nacional Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) da por descartada la necesidad de invertir en políticas de prevención; sin embargo, considera necesario dar una respuesta a la sociedad en materia punitiva. En un proyecto presentado recientemente ante la cámara baja propone crear una figura que contemple penas más severas para las muertes que se producen conduciendo un vehículo en condiciones de negligencia, impericia o conductas antirreglamentarias. Remarca que puede no existir la intención de matar, pero que hechos de estas características son previsibles.

Propone aumentar la pena con prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial, en su caso, de 5 a 20 años. Asimismo, estipula que se contemple una serie de circunstancias "agravantes" que permitirían a los jueces aumentar las penas según las características del hecho: si al momento de cometer la conducta "el conductor se encontraba bajo el influjo de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, si el conductor abandona sin justa causa el lugar de la comisión del hecho, si el hecho fuera cometido mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente o si al momento de cometer la conducta el conductor no tiene licencia de conducir o le ha sido suspendida por autoridad competente".

Comelli afirma que quien sube a un vehículo después de haber tomado es consciente del daño que puede generar. "Nos preguntamos dónde está lo imprevisible. Es totalmente previsible que si alguien estuvo tomando o ingiriendo cualquier tipo de droga o corre una picada termine en un desenlace fatal".

Sobre el rol de la cárcel entiende que nunca es la única solución para los delitos pero que debe evaluarse el tipo de acción y la situación en particular. Aunque hay penas alternativas, es "el remedio" que hoy tiene nuestro sistema penal. "Lo que buscamos con el proyecto es ampliar el marco de decisión del juez".

En una postura casi opuesta se ubica el abogado penalista Gustavo Vitale, para quien no es correcto centrarse en la represión penal y en la cárcel como una respuesta que, en su opinión, no construye una sociedad mejor. Insiste en que los mecanismos de abordaje de conflictos como los derivados de las muertes en accidentes de tránsito tienen que ser cada vez más complejos.

Remarca que la pena para los delitos culposos ya fue aumentada por ley, elevando el máximo de tres a cinco años. Por eso, sugiere una respuesta integral desde el Estado: "Si le interesa que no haya más muertes en accidentes tiene que invertir en rutas, señalamientos, controles vehiculares; generar instancias de acceso económico para los controles mecánicos, controlar que no se maneje alcoholizado".

Hace hincapié en que las penas han ido aumentando en relación con una variedad de hechos delictivos, pero la complejidad social ha ido creciendo y el tema no se ha solucionado. Considera que hay una razón por la cual es totalmente "insensato" aumentar las penas: "Estamos frente a hechos no queridos, no intencionales, no buscados".

Para Vitale la respuesta de un Estado de derecho no puede ser siempre la cárcel, mientras que "el aumento a la severidad punitiva tampoco les da una respuesta a las víctimas para que puedan salir a la calle pensando que estos hechos no van a volver a ocurrir".

Belén Spinetta

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