Por GRACIELA ALONSO (*), GABRIELA HERCZEG y RUTH ZURBRIGGEN (**)
Esta vez fue un manual. Antes, el debate de una ley. Otra vez, un condón en un colegio. Y otra, una clase donde se habló sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo, o sobre abusos sexuales, o sobre el maestro gay o la compañera lesbiana o el cuidado del cuerpo... Los sectores de la jerarquía eclesiástica no pierden oportunidad para disparar sus erotofobias y sexofobias, con un objetivo claro: mostrar que están en contra del cumplimiento de leyes que amparan el derecho a recibir educación sexual integral en escuelas dependientes del Estado. Paradójicamente, cada vez que lo hacen reafirman, mal que les pese, que la sexualidad es política.
En Neuquén, el manual "Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del HIV/sida" se distribuyó entre directores/as de escuelas de Nivel Medio como parte de una capacitación desarrollada en el ciclo lectivo 2008. Consta de 302 páginas, compilado bajo los lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de lucha contra el sida de la Organización de Naciones Unidas (ONUsida). Este documento se confecciona en cumplimiento de la ley 26150 (aprobada en el 2006), conocida como "Programa Nacional de Educación Sexual Integral", redactada por una comisión de expertas/os tras numerosas consultas a distintos actores sociales, incluidos la Iglesia Católica y otros credos, que participaron activamente del dictamen utilizado para armar los lineamientos curriculares.
Los dichos de Aguer acerca del manual no son un planteo más. Es claro que sus expresiones responden al insistente intento de mantener a toda la sociedad argentina bajo los presupuestos de sus ideas conservadoras. La Iglesia puede opinar sobre el tema y sus seguidoras/es aceptarlo, pero la sociedad no es la Iglesia. Una vez más pretenden impugnar el cumplimiento de derechos en un Estado que -en tanto laico- debería garantizarlos.
La oposición eclesiástica se vuelve más encarnizada porque leyes como la 26150 (aun con sus deficiencias) son el resultado de debates y exigencias que especialmente el movimiento feminista, académicas e investigadoras/es y amplios sectores progresistas han logrado instalar, comprometiendo la decisión de los políticos luego de años de trabajo sostenido. La posición de cierto sector de la Iglesia es más encarnizada porque las perspectivas en las que se asientan el manual y la ley vienen a desnaturalizar e inmoralizar conductas opresivas y discriminatorias, a decir que la sexualidad no es sólo peligro y que puede vivirse placenteramente, que los contextos históricos y culturales intervienen activamente en la construcción de las feminidades y masculinidades, que "sexualidad" no es sinónimo de "heterosexualidad", que las familias pueden ser también lugares de maltratos y violencias, que los abusadores (incluidos los curas) deben ser castigados, que la maternidad no es destino sino elección, que usar condón evita el contagio del sida, que las niñas y mujeres no están en este mundo apenas para aguantar, para no decidir, para no desear; que los varones no están en este mundo apenas para mostrar su virilidad y una sexualidad irrefrenable, que la prostitución existe porque existen los prostituyentes, junto con un interminable etcétera de temáticas que se pueden desplegar en las clases de educación sexual cuando se le pone el cuerpo a su tratamiento en las aulas, sabiendo que allí se están abordando relaciones de poder que merecen ser transformadas.
Quienes desde distintos ámbitos activamos por la inclusión de estas temáticas en las currículas oficiales de todos los niveles del sistema público educativo sabemos que las batallas más decisivas las damos en el campo denso de las ideas y las mentalidades. Aguer y su episcopado también lo saben; su perseverante resistencia a las alteraciones de sentidos en pos de paradigmas democráticos, no sexistas y antidiscriminatorios es altamente preocupante, en tanto pretenden elevar su ideología a la categoría de verdades absolutas y universales e inciden en amplios sectores gubernamentales evitando que se garantice la vivencia de ciudadanías sexuales plenas.
Digámoslo sin eufemismos: el discurso de este sector fundamentalista de la Iglesia va en contra de los derechos. Pretende monopolizar el capital simbólico y jurídico disponible acerca de este tema. Saben que algunas batallas legislativas las han perdido, y entonces impugnan su aplicación porque ven peligrar su hegemonía. Buscan denodadamente imponerse, insisten en que sus dogmas de fe sean leídos como lenguaje legítimo, sean escuchados, creídos y obedecidos. Se asumen como representantes de la sociedad cuando sólo lo son de quienes profesan su credo.
Mientras, hay quienes seguimos diciendo que hay que cumplir la implementación de la ley 26150 porque es una deuda que tenemos con nuestras/os jóvenes, con las mujeres a las que este Estado les debe mucho y con la docencia que reclama respuestas y acompañamiento para las situaciones que tiene que enfrentar en el día a día escolar.
(*) Mg. en Investigación Educativa
(**) Especialistas en estudios de género.
Las tres son profesoras en Ciencias de la Educación y ejercen su trabajo en formación docente
