Han pasado siete años desde que una reforma política de ocasión fuera proyectada para canalizar la crisis de representación del "infierno" pos 2001. Fue una de las novedades de los primeros días de la presidencia de Eduardo Duhalde. Bajo el signo reformista se pretendía encauzar el vacío político que había dejado el 14 de octubre. En efecto, en febrero del 2002 -con la sola excepción del gobernador de San Luis- se logró un acuerdo federal para encarar una verdadera transformación del sistema político argentino.

Ese reformismo apuntaba a reducir las estructuras de gobierno limitando el número de integrantes del parlamento nacional, así como de las legislaturas provinciales y de los cuerpos deliberantes municipales. Además, se prometía la habilitación como candidatos de hombres independientes de los partidos políticos y medidas para desbloquear la mal llamada "lista sábana". Asimismo, se terminarían las legislativas de medio tiempo. Habría elecciones simultáneas para todos los cargos ejecutivos y legislativos cada cuatro años. Junto a ello se proyectaban primarias a un mismo tiempo para definir los candidatos de todos los partidos.

Ninguna de estas iniciativas se puso en ejecución aunque en los hechos y al poco tiempo se impondría un tipo de reforma que negaba en gran parte aquel intento por darle nuevo cauce a la crisis de representación política. En efecto, a partir de las presidenciales de abril del 2003 se legitimó un esquema de competencia intrapartidario dentro del mismo escenario de las elecciones para cargos ejecutivos. Aun cuando para aquella contienda -que dio por ganador a Carlos Menem y dejó segundo a Néstor Kirchner- no hubo acumulación de sufragios peronistas como ocurre bajo una ley de lemas, la habilitación constitucional de la segunda ronda electoral llevó a resolver simultáneamente la elección presidencial y el poder partidario.

No debemos olvidar que meses antes el Congreso de un PJ orientado entonces por Eduardo Duhalde, además de habilitar más de un candidato, impidió que las boletas de cualquiera de las tres fórmulas peronistas llevaran los símbolos partidarios. El tema no era menor entonces, y aún menos actualmente, para entender las implicancias de uno de los proyectos en danza promovidos por la oposición legislativa, deseosa de levantar todas las boletas y dejar una sola para el elector. La nueva boleta "única" contendría la totalidad de las fórmulas en competencia.

Además de esta iniciativa opositora con la que se propone poner fin a una práctica denunciada de "robo" de boletas, se plantea crear o en todo caso transferir las responsabilidades que hacen a gran parte del proceso electoral del Ministerio del Interior al ámbito de la Justicia Electoral. Este punto sería de mayor impacto que el primero si se observa lo ocurrido en otras arenas electorales; tal el caso de México. Dicho cambio en el país azteca fue de la mano de un proceso electoral viciado que hace casi dos décadas le birló el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. La emergencia de un nuevo tribunal electoral en ese país -a modo de un efectivo cuarto poder- explica en gran parte el fin de la larga permanencia del PRI en el poder.

Veamos algunas de las eventuales implicancias de la primera propuesta aceptando que según los estándares internacionales el universo eleccionario argentino ha tenido un desempeño "aceptable". En otros términos, las elecciones para cargos federales no han sufrido mayores cuestionamientos, aunque sí muchas provinciales. Es cierto que las últimas fueron discutidas por la coalición que salió segunda en preferencias, pero también resulta claro que si hubo una demanda por "fraude" fue porque ésos no pudieron disputar el ballottage.

En primer término, la boleta única daría lugar a un virtual sistema de tachas o enmendaduras. ¿Qué tipo de elector saldría beneficiado? Sin duda, aquel que dispusiera de mayor "autonomía" con respecto a los partidos. Eventualmente, el más informando. También a un elector en condiciones de hacer una lectura minuciosa de una parte de la nómina que por caso puede constituirse en una extensa lista sábana con un centimetraje impreciso por el largo listado que incluiría tanto nombres de partidos como de candidatos participantes en la disputa. Y esto se debe mayormente al actual grado de fraccionamiento y dispersión de la oferta partidaria. Tomemos nota sólo de lo que ocurriría en distritos medianos al renovarse parcialmente la Cámara de Diputados; por ejemplo Córdoba, que renueva nueve bancas: en ese distrito, si se sigue el patrón de las dos últimas contiendas, la boleta única debería ser una sábana (la "bandera" del ministro Fernández) con más de cien candidatos. Aun distritos menores como Tierra del Fuego, Neuquén o Río Negro, si repitieran el esquema de oferta partidaria del 2007, deberían incluir una única lista de medio centenar de candidatos en el primero, cuarenta en el segundo y unos treinta en el último. En Buenos Aires (que renueva treinta y cinco bancas) la única lista de renovación parcial sumaría varios centenares de postulantes, cantidad que se incrementaría notoriamente si coincidiera con los comicios a senadores.

Es cierto que estaríamos frente a una única lista, pero no por ello se resolvería el "efecto confusión" que muchas veces tiene el elector al encontrarse con decenas de boletas. Pero también se terminaría con una ventaja relativa: la presencia de estas boletas individualizando a sus candidatos principales que debidamente dispersas en el "cuarto oscuro" mejoran su visualización. Por otra parte, la presencia de esa boleta única desalentaría la correcta preferencia de los votantes al promoverse lo que se llama "efecto del voto perdido" o, por caso, el "voto errado". Podría darse un incremento del voto nulo o en blanco y con ello un nuevo impulso al actual proceso de desafección ciudadana. Y, por si fuera poco, se incrementaría el abstencionismo electoral. Además, haría mucho más tortuoso y prolongado el recuento provisorio de votos, lo que atentaría contra la transparencia de los comicios y, por ende, no resolvería aquello que procura atacar.

Si hay voluntad de superar aspectos negativos del actual sistema electoral, oposición y oficialismo deberían actualizar su repertorio reformista a fin de incentivar especialmente la participación electoral. También la libre elección del votante, mejorando el "lado" de la oferta; por ejemplo, poner fin al actual sistema de listas colectoras que ha llevado a institucionalizar una informal ley de lemas. Dicho proyecto, aun cuando se propone poner fin a esta caótica realidad, no resolvería una eventual mutación: muchos de esos "partidos" colectores lograrían su habilitación como "partidos" -aunque devinieran en "insignificantes"- saturando la boleta única con más candidaturas y denominaciones partidarias.