La ley 26215, que reglamenta el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, indica que los partidos políticos que presentan candidatos a cargos nacionales (ejecutivos o legislativos) están obligados a rendir ante la Justicia Electoral dos balances financieros detallando los ingresos y egresos motivados por la campaña electoral: el informe previo se debe presentar diez días antes de los comicios, con el objetivo de promover el voto informado, y el informe final se debe difundir antes de que pasen noventa días desde la elección.

En diciembre del 2007, Poder Ciudadano elaboró el informe de monitoreo del financiamiento de la campaña electoral presidencial basado en el análisis de los informes previos de campaña. De allí, indica el reporte, surge que algunos partidos o alianzas declararon no haber recibido la mayoría de los aportes que tenían previsto obtener cuando sólo faltaban diez días para las elecciones y había transcurrido el noventa por ciento de la campaña electoral. El documento señala que, haciendo una lectura rápida, todo hace suponer que existe una intención deliberada de ocultar la información sobre los donantes de campaña y los gastos hasta el momento de presentar el informe final.

Entre otros partidos, esta situación se observó en los informes previos presentados por el Frejuli (Rodríguez Saá-Maya), la Concertación UNA (Lavagna-Morales) y el MPU (Sobisch-Asís), que declaró que recibiría 4.931.531 pesos durante los últimos diez días de campaña.