Hacia fines del siglo XIX y los primeros años del XX eran cada vez más los dirigentes políticos e intelectuales que reconocían la fragilidad del liberalismo doctrinario. Un debate muy intenso daba cuenta de la vulnerabilidad de sus principios. También, de la insuficiencia de la perspectiva moralizante de conservadores de variada cepa acerca de que la pauperización de las clases trabajadoras se debía a su falta de frugalidad y su escaso apego a una ética del esfuerzo.

Hubo quienes abrazando la misma tradición liberal observaron la insolvencia de la racionalidad mercantil para asegurar un positivo equilibrio entre las clases sociales, equilibrio destinado no sólo a hacer posible un mínimo de equidad y progreso social. El propósito final: la sociedad no debía estallar. Por lo tanto, con un adecuado plan reformista se podía enfrentar el ascendente y amenazante socialismo cuya aspiración más radical era cambiar de raíz las relaciones de clase.

Hasta en Inglaterra, cuna y triunfo del liberalismo, la cuestión había avanzado tanto que en plena era victoriana contaba con una poderosa corriente de opinión conformada por esos liberales revisionistas, socialistas fabianos y reformistas provenientes de diversas iglesias incluyendo a ciertos conservadores, todos dispuestos a solicitar el auxilio del Estado para morigerador las desigualdades sociales. El reformismo social ganaba fuerza y con él, las futuras bases para el Estado de bienestar de la posguerra.

Para esa misma época, en países donde la inmigración europea había cambiado enteramente su fisonomía, la llamada "cuestión social" resultó una materia nueva. Desde su reconocimiento se podía pensar en un amplio programa de reformas.

En la Argentina, esa "cuestión social" se refería a los problemas derivados de la acelerada urbanización, la criminalidad, la salud pública y, sobre todas las cosas, la situación de las clases trabajadoras, incluida la conflictividad derivada de su actuación gremial y política.

Eran tiempos en que no bastaba una mirada prejuiciosa, moralizante. Tampoco la observación directa de las iniquidades por parte del dirigente político. Se requería contar con informes "científicos". Y para ello quienes mejor estaban preparados eran los intelectuales, "ilustres colaboradores", como los llamaba José Ingenieros.

Un número importante de intelectuales le daba entidad a una comunidad de pensadores que se creían útiles por su versatilidad, ya que eran sociólogos, higienistas, filósofos, juristas, "ingenieros sociales". Algunos sumaban su carácter de dirigentes políticos. Pocos de ellos hacían uso exclusivo de los atriles universitarios. Portando apellidos también ilustres colaboraron con los gobiernos de las primeras décadas del nuevo siglo: Ugarte, Bunge, Storni, Lugones, Valle Iberlucea.

El médico Juan Bialet Massé, catalán residente en el país desde 1873, fue parte de ese selecto mundo de intelectuales proclives al reformismo de las leyes y de la conducta de los hombres. En su mano estuvo la responsabilidad de producir el primer y más completo relevamiento que se hizo sobre el mundo de los obreros, de los empresarios y del trabajo del interior de nuestro país. También de la mujer y el indígena.

Su trabajo de "pesquisa participante" de 1904 tuvo el título de "informe" sobre el estado de las clases obreras del interior de la república. En él había una imagen del progreso. Para que el país adquiriera una senda de futuro similar a la de las principales naciones había que reconocer las profundas iniquidades existentes. Bialet Massé decía: "Argentina era un país rico con población pobre".

Debido a las particulares condiciones existentes en nuestro mundo debíamos alejarnos de las tradiciones existentes o, en todo caso, hallar un plan de reformas propio de un "socialismo sin doctrina".

La idea era armonizar los intereses del trabajo y el capital, algo similar a lo que se consideraba presente en ese paraíso del obrero que según muchos observadores de su tiempo era Australia.

Si bien el médico catalán fue contratado por el ministerio de Joaquín V. González para producir un informe "objetivo", hubo un poderoso componente crítico y prescriptivo favorable al cambio de conductas, especialmente de las clases patronales. Y el legislador debía intervenir poniendo límites al poder patronal.

Ese mismo legislador también estaba obligado por el "nacionalismo unificador" a integrar el mundo laboral criollo con el de los inmigrantes.

Con el "informe" de Bialet Massé y los intelectuales de su época el país participaba de una ola reformista que daría nuevo sentido a las relaciones entre la sociedad y el Estado durante gran parte del siglo XX.

GABRIEL RAFART

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