El gobierno nacional pareció iniciar el camino para desandar la escalada confrontativa con el campo al incluirlo en un gran acuerdo nacional con todos los sectores y trasladar la discusión por las retenciones al Congreso nacional. Está claro que el cambio de actitud tuvo por origen la participación en protestas callejeras -cacerolazos- de ciudadanos que nada tenían que ver con el campo pero que manifestaron un reclamo que llegó hasta el último despacho de la Casa Rosada: "Queremos diálogo, basta de conflicto".

Los Kirchner interpretaron el mensaje y trasladaron al Congreso nacional la iniciativa de retenciones bajo una condición: se aprueba o se desaprueba, no se modifica.

Sin embargo, la empresa no es tan sencilla ni verticalista como la Casa Rosada tal vez creía. Algunos diputados cordobeses y bonaerenses, por citar sólo dos ejemplos, han señalado sus reparos. Más aún: en la Concertación Plural de los radicales K que encabeza el vicepresidente Julio Cobos -el mismo que propuso al Legislativo como ámbito de discusión- se distanciaron.

Es casi inevitable que el proceso de aprobación en el parlamento provoque una escisión en el kirchnerismo. Habrá que observar el grado de división. Rápidamente el gobierno, a través del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, convocó a los titulares de las bancadas kirchneristas en Diputados y el Senado, Agustín Rossi y Miguel Ángel Pichetto, a una "reunión de trabajo". Allí se acordó la estrategia del kirchnerismo en el Congreso: aprobar el proyecto a libro cerrado pero posibilitando algunas normas complementarias y habilitando la discusión de todos los temas, pero sin que afecten la iniciativa del gobierno. Esas normas complementarias estarán relacionadas, por ejemplo, con garantizar el retorno de las retenciones a los pequeños y medianos productores para que el resultado final sea del 35%, como antes de la resolución 125. Paralelamente, dicen, la Casa Rosada intentará avanzar cuanto antes en la negociación de otros temas del agro como la leche y la carne.

Mientras, desde la oposición, junto a las entidades del agro esperan "convencer" a los legisladores ejerciendo la presión de comprovincianos y gobernadores. Para ello necesitan tiempo, para que también se discuta la propuesta con las entidades del campo.

Un rechazo al proyecto sería una dura derrota del gobierno nacional, no sólo política sino más bien económica. El Ejecutivo necesita el dinero proveniente del aumento de retenciones y no hay margen para el error. Sólo puede pensarse en un plan B si se empieza a hablar de "ajuste", palabra maldita para el actual gobierno, hasta ahora.

Pero, en caso de que el parlamento apruebe el nuevo esquema de retenciones móviles, al campo no le quedará más opción que respetar la determinación de dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Sólo podría intentar guarecerse en el Poder Judicial, con dudoso éxito.

WALTER SCHMIDT

DyN