Los indígenas pescan en canoas del río Xingu, tributario del Amazonas, y cuidan sus cosechas de mandioca cerca del lugar donde desde hace décadas se ha hablado de construir una gran presa, que ahora está siendo impulsada por una fiebre de construcciones multimillonarias en el país. La presa de Belo Monte sumergiría la selva y dañaría a peces poco comunes, así como el modo de subsistencia y los hogares de aproximadamente 15.000 personas que viven en esta región remota del nororiental estado de Pará, indicaron algunos críticos.

Con dinero en efectivo abundante gracias a su pujante economía, Brasil invertirá 296.000 millones de dólares tan sólo en los próximos dos años en enormes presas para construir plantas hidroeléctricas, carreteras transcontinentales y otras obras de infraestructura con el fin de ampliar la industria, generar empleos y ayudar a apresurar el crecimiento de la nación más grande de América Latina hasta convertirla en una potencia económica mundial.

Sin embargo, en una época en la que el mundo está atento al cambio climático y a la destrucción de la selva del Amazonas, el auge brasileño se traduce en pavimentación, inundaciones y la construcción de extensas líneas de transmisión eléctrica a lo largo de miles y miles de kilómetros de selva virgen. Edivaldo Juruna, un campesino y pescador que vive en una choza de madera ubicada en una barra del río, teme cuando escucha que la presa inundará 440 kilómetros cuadrados de la cuenca del Amazonas y convertirá un tramo de 144 kilómetros de río en charcos empantanados. "Allá arriba cerca de la ciudad se va a inundar, pero acá abajo se va a secar'', señaló Juruna, un indígena cuyo apellido es igual al de su tribu. "Todos hablan de los trabajos que vendrán y de que habrá electricidad para Brasil, pero nadie ha hablado del lado negativo''.

Las tensiones van en in crescendo. Cerca de un millar de indígenas se reunió hace poco en Altamira, una localidad cercana, para rechazar la propuesta de la construcción de la presa, de 6.700 millones de dólares, que podría ser la tercera mayor productora de electricidad del mundo. El martes, indígenas pintados a la usanza tradicional atacaron a un funcionario de la compañía eléctrica nacional con machetes y palos.

Los indígenas y los ambientalistas pensaban que habían logrado vencer la iniciativa de la presa en 1998, cuando una protesta similar atrajo al cantante Sting y la condena interna

cional. Sin embargo, ahora Brasil cuenta con los recursos económicos para efectuar esos proyectos sin necesidad de ayuda del exterior y la presa deberá salir a licitación el año próximo.

Los ciclos de auge y recesión del país parecen cosa del pasado. Brasil terminó de pagar su deuda externa el año pasado y este mes fue declarado como un país seguro para los inversionistas extranjeros, según la agencia Standard & Poor's.

Los críticos señalaron que las fuerzas en favor del desarrollo dentro del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva han tomado el control y es una de las razones para que la ministra de Medio Ambiente del Brasil, la defensora ambientalista Marina Silva, presentara su renuncia al cargo la semana pasada.

El presidente brasileño ya enfrenta un incremento en la destrucción de la selva amazónica y por ello ha desplegado a policías federales y a trabajadores ambientales para que acaben con la tala ilegal. El mandatario argumenta que los grandes proyectos de infraestructura son necesarios para la generación de empleos para las regiones desesperadamente pobres de Brasil y una forma de compartir la nueva riqueza de la nación. Aproximadamente el 50% de la población del país sobrevive con 500 dólares o menos al mes. "No debemos pensar en el Amazonas como un santuario'', dijo Lula.

Mangabeira Unger, coordinador gubernamental de políticas del Amazonas, contestó a los ambientalistas: "Debemos recordar que la energía obtenida a base de agua es la forma más limpia de energía''.

Los inversionistas extranjeros están preparados para entrar en acción.

Un consorcio encabezado por la empresa eléctrica francesa Suez espera construir la presa de Jirau, de 5.200 millones de dólares y la segunda de un total de dos que serán erigidas sobre el río Madeira, cerca de la frontera con Bolivia.

En otro sector del Amazonas, la Constructora Norberto Odebrecht SA, de Brasil, encabeza un consorcio que pavimenta una carretera a lo largo de la selva hacia Perú, de modo que los camiones puedan trasladar bienes del Amazonas brasileño hasta el Pacífico para su embarque hacia mercados asiáticos como China. Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, desea crear otro corredor de exportaciones entre su país y Brasil, una ruta terrestre y fluvial que sería una alternativa al canal de Panamá.

ALAN CLENDENNING

AP