La presidenta chilena, Michelle Bachelet, inició esta semana el “segundo tiempo” de su gobierno con el desafío de triunfar en los comicios municipales de octubre, antesala de las elecciones presidenciales del 2009.
Bachelet, quien redujo a cifras de 40% su popularidad y nombró cuatro gabinetes en veintidós meses de gestión, enfrentará estos retos con un equipo ministerial más dispuesto a liberar fondos del erario público, que suma excedentes por 25.000 millones de dólares.
“Ahora vamos a hacer política”, resumió el nuevo ministro del Interior, el democratacristiano Edmundo Pérez, un abierto crítico al desempeño anterior del gobierno y la mandataria.
La nueva estrategia supone enfatizar en el 2008 la agenda a favor de la equidad, en especial en previsión, infancia y trabajo, como dijo a la prensa extranjera el confirmado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el socialista José Viera Gallo. Primeros pasos en esa línea serán este año la entrega de una pensión solidaria para grupos de extrema pobreza y la ampliación a todo el país de un sistema de protección a la infancia.
También serán revisadas las políticas aplicadas por el ministro de Hacienda, el independiente Andrés Velasco, resistido en los partidos oficialistas y los movimientos sindicales, que le critican lo que ellos califican de “enfoques neoliberales”. Lo anterior supuso ya abrir la posibilidad de reducir impuestos específicos a los combustibles y replantear la factibilidad de obras de infraestructura demandadas por comunidades regionales pero sin viabilidad financiera según estudios previos.
La propia mandataria, tras completar sus equipos ministeriales y territoriales, asumió que “las obras no se van a construir solas” ni “por arte de magia”, en alusión a los problemas que ella misma admite en la ejecución del presupuesto, el mayor de la historia. “De nosotros depende; tenemos grandes recursos, depende del trabajo en terreno, de una mayor eficiencia comunicacional”, dijo.
Pero al frente estará una oposición de derecha que desea “desalojar” al gobierno y ganar por primera vez en 50 años elecciones democráticas, tras perder el poder al finalizar la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990). A ello se suman los conflictos con los movimientos sindicales, que exigen mayor equidad y protección laboral, en especial de los trabajadores “tercerizados” o subcontratados, que ya impulsaron movilizaciones en los sectores minero, agrícola y forestal.
A ese frente se suman las demandas económicas, territoriales y autonómicas de los pueblos indígenas, en especial los mapuches, oriundos del sur del país y que representan un seis por ciento de la población.
La Iglesia, que tiene influencia en un país de mayoría católica que reconoce su labor en defensa de los derechos humanos en la dictadura, exigió en este marco a los líderes políticos un mayor diálogo con los actores sociales y criticó las “políticas inadecuadas” aplicadas en el conflicto mapuche.
La crisis con esta etnia fue agudizada por la muerte a tiros y por la espalda hace dos semanas de un joven “weichafe” (combatiente), ultimado por un policía con una subametralladora en un incidente en un predio de un empresario no indígena. Tras el asesinato, dirigentes mapuches amenazaron con extender el conflicto a las ciudades, donde vive la mayoría de su etnia. “No nos vamos, pues tenemos mucha ira”, alertó el dirigente Raúl Cariñe, de la organización Meli Wixam Mapu. Otros líderes de esa comunidad, como la dirigente Ximena Cumicán, de la Asamblea de Mapuches de Izquierda, hablaron incluso de la aplicación de un plan de exterminio y anticiparon que cada comunidad definirá un esquema de protestas a seguir.
En ese escenario, por tanto, el diálogo social será un desafío para Bachelet, quien con sus últimas decisiones redujo sus conflictos con los partidos, que llevaban meses pidiendo los ajustes ministeriales y territoriales aplicados. Todo, finalmente, se zanjará en los comicios municipales de octubre, donde la coalición de gobierno intentará ganar su decimoquinta elección consecutiva consolidándose como la alianza más exitosa de la historia nacional.
Perú reabre viejas heridas
En medio de turbulencias internas, el gobierno enfrenta dificultades en el exterior. La demanda presentada por Perú el miércoles en la Corte Internacional de La Haya busca que se le reconozca soberanía en una zona de casi 100.000 km2 en el océano Pacífico, rica en pesca y actualmente bajo dominio de Chile, que funda su derecho en dos tratados firmados en 1952 y 1954.
Lima basa su reclamo en tres controversias limítrofes: un espacio de 67.000 km2, otro de 28.000 km2 del “mar presencial” chileno (zona de alta mar donde Chile tiene intereses y obligaciones internacionales pero no soberanía) y, finalmente, un desacuerdo sobre el punto de inicio de su frontera terrestre.
El diferendo de 67.000 km2 deriva de la superposición de las proyecciones marítimas de Perú y Chile en ese espacio, donde no existe límite establecido y debe estipularse conforme al derecho internacional con equidad de resultados, según el ex canciller peruano Manuel Rodríguez.
Al margen de la zona de disputa limítrofe, existe adicionalmente un espacio de 28.000 km2 que es de dominio peruano pero donde Chile ejerce su mar presencial, tesis que Lima considera contraria al derecho internacional. “El tercer componente (de la demanda) es el punto de inicio de la frontera marítima, que para Perú es la orilla del mar, donde confluye la frontera terrestre, y para Chile es el hito número 1, situado 245 metros al interior del territorio nacional”, aseveró Rodríguez.
Chile sostiene que la frontera marítima quedó delimitada por acuerdos de 1952 y 1954, pero Perú considera que esos documentos son sólo regulatorios de la actividad pesquera y no limítrofes.
Perú alega que la frontera marítima debe estar marcada por una línea imaginaria equidistante que divida en partes iguales el ángulo que forman las costas peruanas y chilenas. Pero Chile defiende la línea horizontal perpendicular a sus costas, lo que significa para Perú perder 35.000 km2 marinos situados a la altura de Tacna, que Lima reclama como parte de los 67.000 km2. La zona en disputa es un sector rico en anchoveta, el principal insumo para la fabricación de la harina de pescado, de la cual Chile es el segundo productor mundial y Perú, el primero.
MAURICIO WEIBEL
