El costo de este tratamiento es otra barrera que demora el inicio de la medicación desde el momento de su diagnóstico. Si bien el tratamiento adecuado de estos pacientes puede liberar de la carga viral hasta al 50% de los tratados, la mayoría de los médicos carcelarios no está capacitada para el manejo especializado que requiere esta enfermedad. Más grave aún, y como se mencionó, los prisioneros en general no reciben educación acerca de esta patología y cómo prevenirla. El costo y la falta de programas con fondos que garanticen el tratamiento hacen que no se realicen exámenes para su diagnóstico en la población carcelaria, lo que genera que muchos sean portadores sin saber de esta condición y transmitan su infección viral.
La tuberculosis es otra infección que ha generado una toma de conciencia por su propagación entre los presos. La diseminación de la infección de HIV entre la población carcelaria y sus consecuencias sobre la inmunidad han estado entre las razones que explican las altas tasas de infección por TBC entre los presos con HIV. La TBC en la población carcelaria es 20 veces más frecuente que en la población general.

SALUD MENTAL

La prevalencia de trastornos de la salud mental puede estar presente en uno de cada cuatro presos. Esto está motivado entre otras cosas por la “transinstitucionalización” que ha ocurrido en los últimos 100 años. Nos referimos a “transinstitucionalización” como el fenómeno que describe el traslado de los enfermos mentales desde hospitales de salud mental a “casas cerradas de cuidados” e “institutos correccionales”. El aumento de los trastornos de salud mental en prisión no sólo repercute en el sistema de salud carcelario sino que también compromete el estado previo de salud mental de los prisioneros con enfermedades de esta índole.
Los profesionales de salud mental de las prisiones son insuficientes, teniendo en cuenta la magnitud del problema. A esto se suma que los oficiales de los correccionales a cargo de la seguridad frecuentemente carecen de conocimientos acerca de cómo tratar adecuadamente algunas patologías; por ejemplo, la psicosis. Es por ello que los pacientes psicóticos son asumidos y “tratados” como violentos –con intencionalidad– y su manejo agrava su condición psiquiátrica –por ejemplo, aislamiento, confinamiento y restricciones–.
Las prisiones, como están hoy, no sólo no brindan solución a los problemas de salud mental agudos o crónicos de los prisioneros sino que se convierten en potenciales contribuyentes al desarrollo de enfermedades mentales.
Hay informes que hablan de un 50% más de suicidios en la población carcelaria que en la general. Las causales más relacionadas con el suicidio son las cárceles hiperpobladas, los extensos períodos de aislamiento, las largas condenas y las enfermedades de prolongada agonía.
La salud mental de los presos se ve afectada también por el entorno hostil de las prisiones. Esto es más esperable aún por el hecho de que muchos presos han sido objeto de abuso físico, mental o sexual durante su vida. De continuar este tipo de abusos, incluyendo el maltrato físico, la cárcel puede ser la causa de la destrucción psíquica del individuo.
Por todo lo anterior hay que concluir que la atención de la salud mental en las prisiones requiere una urgente atención.

(*) Doctor en Medicina (UNLP) y máster en salud (Flacso-UNC)
 galeanof@speedy .com.ar

Cambios necesarios

Para mejorar la salud en las prisiones son necesarios cambios en la política, en los programas y en los procedimientos carcelarios. Muchos deben ocurrir en la institución para asegurar un acceso de los prisioneros a condiciones aceptables de salud –educación, atención de la urgencia, cuidados crónicos y paliativos–.
Otra serie de cambios institucionales debe llevarse a cabo para asegurar la confidencialidad del paciente y la posibilidad de continuar su tratamiento una vez fuera de la prisión.
Desafortunadamente, estas modificaciones están atadas a un cambio de cultura carcelaria. La misión de las prisiones debe ser redefinida y los equipos médicos de éstas deberían ser reevaluados.
De cualquier manera, los cambios en la cultura carcelaria no pueden estar aislados de modificaciones profundas en el común de la sociedad. Por ejemplo, para asegurar la continuidad de cierto cuidado para aquellos que son liberados, los cambios en la prisión deben acompañarse por otros en el acceso a los sistemas de salud en general.
Es importante que el público en general, en la forma de comités de observación u organizaciones de acreditación, se involucre en la evaluación de la calidad de atención de la salud en las cárceles. El primer paso es construir el conocimiento sobre las barreras que existen en la institución para acceder a una buena calidad de salud en las prisiones. El conocer los obstáculos, sin embargo, debe asociarse a un mayor entendimiento sobre los antecedentes que llevaron a la persona a perder su libertad y la forma en que la vida en la prisión promueve un entorno de miedo y desconfianza.
Evaluando y midiendo estos factores se pueden sentar las bases del éxito de una adecuada lucha por los derechos a la salud de los prisioneros. Esto permitirá establecer el diseño y la implementación de programas con el potencial de mitigar o romper las barreras que impiden una mayor calidad de atención médica en las cárceles.

Limitaciones institucionales

En muchos casos, la política y la misión carcelaria en sí mismas son obstáculos naturales para el acceso de los presos a una adecuada salud.
Las prisiones son lugares para apartar de la sociedad en un lugar seguro a aquellos que han cometido delitos. La misión de la cárcel en sí misma no es asegurar la salud del convicto. Es por ello que a menudo existe un antagonismo dentro de las instituciones correccionales entre los empleados que interpretan que su misión es mantener la “seguridad” y con ello la misión de la cárcel y aquellos que consideran que están para ayudar al prisionero, a quienes se los ve como que están fuera de la cultura de la prisión.
Este conflicto de misiones contribuye a debilitar las bases de la cooperación entre el personal de la prisión y deteriora las relaciones.
Esto se hace más evidente si la seguridad se transforma en una barrera en la asistencia médica, desencadenando un debilitamiento del sistema de asistencia médica de la prisión.
La separación entre la seguridad y la asistencia médica se extiende más allá de los códigos culturales de la institución y son ejemplificados claramente en la asignación de los fondos destinados para “seguridad” y “asistencia de salud”.

SupervisiÓn externa

Sería importante que las prisiones, como instituciones estatales que son, estuvieran sujetas a una supervisión externa. En ese sentido, no hay ninguna organización que evalúe la calidad del cuidado o las normas de cuidado en las prisiones.
No hay tampoco algún sistema nacional o provincial de “acreditación” de la calidad de la atención sanitaria, como sí tienen los hospitales públicos.
Es por ello que la asistencia médica de las prisiones es evaluada por autoridades externas a las mismas, permaneciendo aisladas de los estándares de atención de la comunidad médica.
La capacidad de las cárceles para permanecer aisladas, fuera de la revisión externa, lleva también a que lo que ocurre dentro de las paredes de la prisión quede silenciado, sin que pueda ser rectificado y mejorado.
El entender las limitaciones que la prisión tiene como institución para asegurar la calidad de la asistencia médica de sus prisioneros les otorga a los médicos carcelarios mayores posibilidades de superarlas en pos de una mejor atención de la salud de los presos.