En ese 22 de diciembre de 1997, el estado de Chiapas era el campo de batalla en que los rebeldes zapatistas trataban de ganar apoyo a su insurrección armada contra el Partido Revolucionario Institucional o PRI, que llevaba siete décadas en el poder en México.

El ejército y el gobernador chiapaneco -del PRI- estaban determinados a cerrarles el paso. Las autoridades dijeron que la masacre fue motivada por una disputa de tierras entre habitantes de dos comunidades de la etnia tzotzil.

Sin embargo, parientes de las víctimas afirman que la matanza fue por cuestiones políticas y que incluso funcionarios estatales suministraron armas y entrenamiento paramilitar a la población más conservadora con la intención de terminar con los zapatistas.

Al conmemorarse este triste aniversario, grupos de derechos humanos han renovado la petición para que la Corte Suprema abra una investigación sobre el encubrimiento para proteger a los verdaderos autores del crimen.

La noción generalizada es que la justicia ha tardado en llegar. Recién en octubre pasado la Justicia sentenció a 34 hombres, sobre todo campesinos de la localidad de Los Chorros, a 26 años de prisión cada uno por la matanza. Otros hombres fueron encontrados culpables en el 2002. Pero numerosas personas han expresado el temor de que los verdaderos autores intelectuales -quienes ordenaron y incitaron el ataque- no serán castigados.

"No hemos visto ninguna verdadera justicia", dijo María Vázquez Gómez, una indígena tzotzil que perdió en el ataque a casi toda su familia: su madre, su padre, un hermano y su cuñada. "Han pasado 10 años, pero la justicia todavía no llega". Un modesto templo de ladrillo fue construido cerca del lugar donde muchas de las víctimas fueron masacradas en una choza de madera donde se habían reunido para orar.

La ausencia de nuevos hechos de violencia en la zona desde el ataque ha sido notable, dada la poca fe que los pobladores tienen en el sistema judicial de México. Aunque los sobrevivientes se congregan cada año para llorar a sus muertos y exigir justicia, dicen que nada los llevará a buscar venganza.

Un factor clave es que los pobladores son miembros de una comunidad cristiana organizada por diáconos de la Iglesia Católica. Aunque simpatizaban con los rebeldes izquierdistas del zapatismo en aquel entonces, rechazaban el camino del levantamiento armado, y aún mantienen esa posición.

"Tengo un amigo que tiene armas y una vez me dijo 'Si quieres ir a cobrar venganza por lo que le hicieron a tu familia, entonces vamos'", señaló Manuel Vázquez Luna, quien tenía 10 años cuando los atacantes provistos de armas de fuego y machetes mataron a su padre, su madre y cinco hermanos. "Y pensé en eso, fui con él y le dije 'No, no puedo hacer eso'", añadió.

Y de esa manera han llevado este decenio. Los pobladores de la localidad de los asesinos viven a unos cuantos kilómetros de las familias de las víctimas, cruzándose en los caminos rurales cada semana.

EDUARDO VERDUGO