Pocos presidentes argentinos han tenido la oportunidad de iniciar su mandato bajo el signo simultáneo de la excepción y la continuidad.
Mañana, cuando Néstor Kirchner le entregue los atributos presidenciales, Cristina Fernández podrá disfrutar a pleno de las ventajas asociadas a esa doble realidad. Y, por si fuera poco, arriba a este crucial momento en una de las transiciones más ordenadas con que supieron contar los recambios presidenciales sucedidos en el último cuarto de siglo.
De hecho, allí está uno de los puntos a su favor: la corta transición, que resultó un angostísimo puente dentro de un esquema institucional pensado para un único presidente continuista con ocho años en su haber. Ni siguiera aquel Carlos Menem del 10 de diciembre de 1995 que se sucedía a sí mismo pudo contar con un momento tan propicio frente a tantas peleas dentro de su propio palacio.
Durante este tiempo brevísimo de transición, el futuro oficialismo se ha expuesto como la sucesión de un gobierno dentro del mismo gobierno.
Sólo con observar el incambiado cuadro ministerial basta para notar que es la suma de lo mismo más poco de lo nuevo y que, a su vez, las nuevas caras resultan conocidas dentro del juego político de los aliados al gobierno que se va. Sí habría novedades en uno de los capítulos estatales: el desarrollo científico-tecnológico, de acuerdo con su anunciada jerarquización ministerial.
 Desde esa continuidad, la presidenta entrante contará con un equipo que hereda suficiente capital y recursos invaluables para tiempos políticos como los argentinos, en que el recambio de un presidente siempre dio paso a incertidumbres inmanejables. Continuidad que es, a su vez, ratificación de un liderazgo de respaldo –el del presidente saliente– que, para el caso, suma el pretendido control de las variadas situaciones partidarias peronistas y liderazgos gubernamentales de provincias. Nada de esto había dado el país hasta el presente.
La continuidad es, asimismo, una prolongación de las capacidades extraordinarias para asegurar el tipo de gobernabilidad capaz de otorgarle un cuadro legislativo adaptable al decisionismo democrático que impera en nuestro país desde hace dos décadas y media. La prolongación de la legislación de emergencia también supone continuismo en una de las materias en que el país no puede pensarse de otra manera que en una situación de urgencia.
Lo cierto es que a un tesoro abundante, el crecimiento económico asegurado por los vientos que soplan desde las economías demandantes de nuestros productos primarios –situación que promete ser favorable hasta las próximas elecciones de medio mandato–, además de funcionarios que conocen su oficio –aunque algunos cuestionados–, se suma una mayoría legislativa por demás holgada, junto a gobiernos locales aliados y disciplinados. Y, por si fuera poco, una oposición facciosa y desorientada completa el panorama continuista. En definitiva, un cuadro de situación apenas cambiante para los dos últimos años, salvo si no hubiera ocurrido el ciclo electoral recientemente finalizado.
La excepción viene en algo más que una mujer timonel y la eventualidad de un estilo “feminista” para un Ejecutivo sesgado por esa cultura política que destaca a nuestro país por encima de Latinoamérica, que parece querer procesar a un mismo tiempo cierto anacrónico machismo junto al discurso igualitario de la Argentina sesentista y el de igualación de géneros de más reciente irrupción.
Como se señaló, ello es posible por las espaldas cubiertas por el doble valor de una presidenta entrante y otro saliente que cuentan con altos índices de popularidad, sobre todo cuando este último se propone capitalizar esa voluntad intacta para mandar la maquinaria electoral dispersa pero efectiva que sigue siendo el peronismo y siempre y cuando esto le ayude a su socia para hacer cierto trabajo de contención –“sucio” diremos– y disciplinamiento sobre los díscolos.
El doble liderazgo partidario y presidencial es parte inventariable de la excepción. Frente a ello está entonces la relativa certidumbre de que el próximo tiempo electoral le seguirá siendo favorable. Por eso conviene hablar de excepción a favor de la nueva presidenta en términos de rendimiento a futuro, sólo comparable con el buen tiempo político del que gozó Raúl Alfonsín en su primer bienio presidencial. Igual que en éste, hay promesas de abordar la institucionalidad de poderes que gobiernen activamente pero con virtudes republicanas. Aquí la excepción asume la frialdad del continuismo de un país que recita su futuro con promesas e ilusiones. Mañana la Argentina asumirá un nuevo tiempo que tiene mucho de lo conocido y otras excepciones que serán desafíos para la jefa presidencial.

 Los números de una economía en alza

Los siguientes son los principales indicadores que caracterizaron la evolución de la economía durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner.
• INFLACIÓN
- Índice de precios al consumidor: 41,6%.
- IPC nacional (base 2003:100) 40,4%.
- IVA DGI (consumo): 149,5%.
• EMPLEO
- Desempleo al segundo trimestre del 2003: 17,8%; al segundo trimestre del 2007: 8,5%.
• ACTIVIDAD ECONÓMICA
- PBI segundo trimestre 2003/igual período del 2007: 38,6%.
- Industria: 38,4%.
- Generación neta de energía eléctrica: 29,8%.
- Ventas en supermercados a precios constantes: 52,5%.
• FINANZAS
- Deuda pública, saldo neto: -23,3%.
- Cotización del dólar: 8,6%.
- Deuda/reservas al 26/5/03: 10,9 veces; deuda/reservas al 2/11/07: 3,7 veces.
- Depósitos en efectivo en entidades financieras: 144%.
- Riesgo país: -94%.
- Índice Merval: 240,7%.
• RECAUDACIÓN (mayo del 2003/ mayo del 2007)
- Total recursos tributarios: 164,1%.
• COMERCIO EXTERIOR (nueve primeros meses del 2003 y del 2007)
- Exportaciones: 77,6%.
- Importaciones: 236,9%.
- Saldo: -42,9%.
• MATERIAS PRIMAS
- Barril de petróleo WTI: 235,8%.
- Soja: 51,9%.

GABRIEL RAFART
Especial para “Río Negro”

El predominio político de los K

Mañana asumirá Cristina Fernández como presidenta de nuestro país en un marco de legitimidad formal y sustantiva radicalmente opuesto al que tuvo que enfrentar Néstor Kirchner hace tan sólo cuatro años y medio. En aquel momento poco se podía prever u opinar sobre la gestión del mandatario entrante. Recibía un país levemente estabilizado, en crisis y con escasa confianza en la capacidad institucional de sus dirigentes para resolver los problemas de fondo de la sociedad. Era un Estado sin legitimidad sustantiva, es decir, sin proyecto de sociedad compartido, y con los principales instrumentos del sistema político en delicado estado de salud.
El crecimiento económico, las políticas sobre los derechos humanos y un fuerte liderazgo del sistema político, entre otros factores, permiten que hoy el escenario sea muy distinto.
Cristina cuenta con poderes ejecutivos propios o en alianza en diecinueve de los veinticuatro distritos del país. Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego le han sido esquivas. Muestra palmaria de este predominio es el apabullante triunfo de Daniel Scioli en el principal distrito del país, la Provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la prioridad que le otorgamos al control de los ejecutivos, el panorama es difícilmente mejorable.
En cuanto al Legislativo, uno de los peligros principales del presidencialismo es la legitimidad dual, es decir, el enfrentamiento entre poderes, ambos investidos por el voto del pueblo. Esto tampoco será un problema de la próxima gestión porque el oficialismo logró la mayoría en ambas cámaras.
A esto hay que sumarle que la oposición está desmembrada y con poca fuerza. En un recorrido breve, nos encontramos primero con las dificultades que atraviesa la Coalición Cívica, entregada a los sorpresivos cambios de su principal dirigente y enfrentándose desde el inicio a fracturas en su bloque parlamentario. Lavagna, que lideró el avance de UNA, se encuentra fuera de escena. El clan Saá anuncia que sigue en carrera y, desde su pretensión de liderar a los legisladores del peronismo disidente, se ufana por obtener, en alianza con otras fuerzas, lugares de conducción legislativa desplazando al radicalismo. Sin embargo, su peso relativo frente al oficialismo es menor y sus acciones obedecen a un proyecto político propio de largo aliento.
El radicalismo continúa transitando una profunda crisis y perdiendo posiciones en uno de sus bastiones clásicos: el Poder Legislativo. Sus afiliados contemplan cómo sus dirigentes han integrado segundos lugares en deslucidas fórmulas, con escaso rédito –esto incluye al ganador Cobos, según se aprecia en la nueva distribución ministerial–. Observan cómo sus principales dirigentes al frente de ejecutivos han respaldado al oficialismo y el tortuoso proceso de crisis partidaria interna que esto ha generado.
Por último, Mauricio Macri, convertido en la expectativa de una buena parte de la oposición por sus excelentes resultados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no cosechó resultados positivos en las legislativas nacionales. De Narváez tampoco brilló en la provincia de Buenos Aires y López Murphy, pese a no contar con su respaldo partidario, tuvo magros resultados perteneciendo a su mismo espacio político. Esto devela el principal desafío que enfrentan como partido profesional electoral de base electoral urbana: mejorar su baja inserción en el contexto nacional. Para esto necesita mostrar gestión y para ello requiere una buena relación con el kirchnerismo, el mismo que ya le ha ocasionado dificultades en la Legislatura porteña para aprobarle su principal herramienta, el presupuesto. Existen otras figuras relevantes –como Hermes Binner– pero, por ahora, la oposición es débil.
En este marco, el futuro gobierno tendrá como primer desafío continuar por la senda del crecimiento económico y del descenso del desempleo, controlando la inflación. En carpeta está también avanzar en los derechos de cuarta generación, en la reducción de las desigualdades de todo tipo y en el mejoramiento de las relaciones y la inserción internacional de la Argentina. De la misma manera y explicitado siempre, otro gran desafío es mejorar la institucionalidad de nuestra democracia. Contra esto último conspiran los cuestionamientos sobre instituciones como el INDEC y el propio accionar de un Congreso que sesionó diecisiete veces en este año electoral y que se apura a desmalezar el camino con el intento de prorrogar la ley de emergencia en el país por séptimo año consecutivo.
En suma, estamos frente a una gestión dotada, en su inicio, de una enorme legitimidad formal, construida sobre la legitimidad sustantiva que logró el gobierno que se va y de cuyas políticas centrales se presupone una continuidad. Un poder así, que no depende de los controles y actores horizontales de la democracia para implementar sus políticas, se transforma en la condición ideal de posibilidad para la realización de un proyecto político determinado, pero también asume una responsabilidad mayor. Nuestra democracia requiere de contrapesos para orientar y mejorar sus decisiones. En esta línea, la concertación, como instrumento en el terreno político y social, ha formado parte del vocabulario oficial. Su vigencia o ausencia real, en un contexto de alto predominio, marcará los destinos y parte de la evaluación que podamos realizar de este nuevo período.
 

FRANCISCO CAMINO VELA
Especial para “Río Negro”
Licenciado y magíster en Historia. DEA Programa de Doctorado en Historia e ideologías políticas contemporáneas