La oposición de Evo Morales deberá trabajar contra reloj a cinco días de que concluya el plazo para presentar la nueva Constitución de Bolivia y elaborar un texto alternativo al que aprobó en su conjunto el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente, consideran diversos analistas.
La agrupación opositora Poder Democrático y Social (Podemos) –que lidera el ex presidente Jorge Quiroga, un declarado antichavista– obstaculizó durante meses, por diferentes causas, el trabajo de la Asamblea Constituyente que hasta el 24 de noviembre sesionó en la sureña ciudad boliviana de Sucre.
“Ahora Podemos se quedó sin tiempo y sin otra alternativa que formar parte de la nueva convocatoria a las sesiones de la Asamblea Constituyente o esperar el resultado de la pugna de prefectos y movimientos cívicos contra el gobierno de Evo Morales”, advirtió el analista político Carlos Cordero.
Francesco Zaratti, colega de Cordero, admitió que “fue un craso error dejar a la mayoría oficialista actuar a su antojo, más allá del respeto a la legalidad formal que, como se sabe, no es precisamente la mayor virtud del actual gobierno (...). La responsabilidad de los representantes del pueblo es asistir y legislar, por lo menos mientras se les permita hacerlo”.
Roberto Barbery Anaya, columnista del diario “La Razón” de La Paz, coincide en que Podemos está ante un dilema: participar de la Asamblea Constituyente en las condiciones que plantea el MAS para presentar un proyecto alternativo o apartarse del escenario político.
“El MAS avanza unilateralmente en la aprobación irregular de un texto constitucional que busca ratificar después del 14 diciembre en un referéndum, excluyendo la posibilidad de que Podemos presente una propuesta alternativa. Así, de consolidarse esta tendencia, ya no habrá espacio para un referéndum dirimidor, sino que simplemente se pondrá a consideración de los ciudadanos la aprobación o el rechazo del proyecto del MAS”, dijo Barbery. El ex comentarista de televisión precisó, además, que para Podemos lo más sensato es el suicidio político.
Dijo que en el actual proceso “será más fácil votar en contra del proyecto de constitución del MAS que votar a favor del proyecto de constitución de Podemos”.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, por otra parte, criticó al líder de Podemos, Jorge Quiroga, por haber planteado el recorte de mandato del presidente Evo Morales.
“Tiene que cumplir su mandato de cinco años, porque fue elegido constitucionalmente por voto popular en diciembre del 2005”, indicó el empresario.
Podemos es, con 60 miembros, la segunda agrupación de la Asamblea Constituyente, y se convierte de hecho en la primera minoría.
El MAS de Evo Morales tiene la mayoría, con 137 miembros de los 255 asambleístas elegidos en julio del año pasado para elaborar el texto constitucional. La vigente Constitución política de Bolivia tiene su base en un texto de 1967 –elaborado en otra Asamblea Constituyente– que sufrió reformas parciales en 1993, el 2004 y el 2005.
Pero un hecho inédito ocurrió el mes pasado cuando en dos días se aprobó en grande el nuevo texto con la participación de representantes de campesinos e indígenas, sectores excluidos en 1825 cuando Bolivia se declaró país independiente del dominio español. Por ahora no hay escenario para que la Asamblea Constituyente prosiga su trabajo después de la huida de los asambleístas hace dos semanas de Sucre, donde se registraron tres muertos, 147 heridos, saqueos e incendios de recintos policiales y de la vivienda del prefecto de Chuquisaca, David Sánchez.
La directiva de la Asamblea Constituyente que preside la indígena Silvia Lazarte envió delegados a Lauca Ñ, poblado que está en la región cocalera bastión de Evo Morales, para que sea sede del trabajo de los asambleístas para que el nuevo texto sea aprobado en detalle y revisión antes del viernes 14.

El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada rechazó las afirmaciones del actual gobierno boliviano en las que lo acusa de estar involucrado en un movimiento regional opuesto al Ejecutivo, según uno de sus allegados.
El asesor de comunicación de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, vocero del ex mandatario autoexiliado en Washington desde el 2003, indicó que la acusación del gobierno de Evo Morales “no es una denuncia, es una mentira, y no merece que él (Sánchez de Lozada) participe en una respuesta ante una mentira”.
El gobierno boliviano “le está echando la culpa al empedrado, está distrayendo la perdiz, esto es un montaje para distraer de los temas y de los graves problemas que existen en Bolivia”, añadió Balcázar.
El vicepresidente Álvaro García Linera criticó la posición de los gobernadores opositores que estuvieron la semana pasada en Washington para realizar gestiones ante la OEA y mencionó que Jaime Aparicio, ex embajador boliviano en EE. UU. durante el gobierno de Sánchez de Lozada, organiza la agenda en Washington. “Prefieren estar cerca de Sánchez de Lozada antes que dialogar y enfrentarse en la mesa del diálogo. Está claro que quien conduce las demandas regionales es el ex presidente”, acusó.
Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde octubre del 2003, luego de que una revuelta que se opuso a su intención de vender gas natural a través de un puerto chileno se saldara con la muerte de 68 personas y más de 400 heridos. La Fiscalía boliviana lo ha acusado formalmente de genocidio y otros ocho cargos. (AFP)