Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿Qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo”. (Gn. 4,9-10)

Estamos profundamente conmovidos por la muerte injustificada de nuestros hermanos encarcelados en Santiago del Estero y, como Pastoral Carcelaria de la Diócesis del Alto Valle de Río Negro, junto con la Pastoral Penitenciaria a nivel nacional, hacemos llegar a los presos de Santiago del Estero y a los familiares de aquellos que murieron en el motín nuestra solidaridad y nuestro compromiso con los más débiles.
Como recordó este medio, el drama de Santiago del Estero se inscribe en una demasiado larga lista de tragedias similares, de muertes crueles e inútiles, como para merecer una reflexión que nos lleva a cuestionar, a corto plazo, el sistema penal –judicial y carcelario– en nuestro país y, a más largo plazo, el sistema neoliberal, que genera corrupción y exclusión social. Una corrupción que –como decía Elías Neuman, recientemente entrevistado por este medio– “pasó a ser una costumbre, y lo que es costumbre no es delito” y una exclusión social que hunde y mantiene en la pobreza a un gran sector de la población que constituye la mayor parte de los que pueblan las cárceles: jóvenes, sobre todo, a los que el sistema judicial y carcelario no da muchas posibilidades de reencauzar su vida.
“La cárcel –continúa Elías Neuman– es un control social institucional que consiste, en esta época, en una suerte de Estado autoritario dentro de la misma democracia, dirigido a la gente de abajo”.
Agreguemos que también nosotros como sociedad civil tenemos que cuestionarnos nuestra muchas veces no confesa conformidad con esta situación de iniquidad y con el frecuente Estado de “no-derecho” de las personas privadas de la libertad.
Ciertamente, esas tragedias con muertes son reveladoras de una sociedad que no está bien, en la que no es cierto que todas las personas gozan de los mismos derechos. “Si bien la Constitución nacional garantiza que las cárceles deberán ser sanas y limpias y tener como finalidad la resocialización del individuo, la realidad cotidiana demuestra no sólo que lejos se está de cumplir con esa manda constitucional sino también la forma en que son avasallados todos sus derechos” (Silvia Contrafatto, miembro de la Asociación Americana de juristas).
Lo grave es que las leyes que regulan la ejecución de la pena privativa de la libertad, la nacional 24.660 y 2.008 de la provincia de Río Negro, son excelentes en sí mismas, por cuanto resguardan los derechos de los privados de la libertad y definen detalladamente la idoneidad del personal para una atención personalizada de los internos en vista de su reinserción en la comunidad. Pero el cumplimiento de las mismas deja mucho que desear, tanto por acción –como en el caso de Santiago del Estero– como por omisión, especialmente patente en la situación de ocio en la que se encuentran los internos en muchas cárceles, ocio que destruye las personas.
¿Es posible que cambien las cosas? ¿Algo se puede hacer? ¿Desde dónde y cómo? Fuera de la cuestión de optar por cárcel sí o cárcel no, que desborda el cuadro de estas líneas y no podría de todas maneras ser una decisión a corto plazo, y en el estado actual de las cosas, hacemos nuestros los tres ejes de reflexión y acción que se propuso hace un año el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones con Trabajo Carcelario en la Plata. El mismo giró, en efecto, en torno a la “criminalización de la pobreza”, la “desmilitarización del tratamiento hacia los detenidos” y la “porosidad de las cárceles hacia las organizaciones sociales”.
Por experiencia insistiremos en la importancia y eficacia de la acción en la línea del tercer eje: la porosidad de las cárceles hacia las organizaciones sociales. Se trata de una acción conjunta y constante de la sociedad civil, particularmente a través del Observatorio de Derechos Humanos y de la Pastoral Carcelaria, que ha desembocado en un diálogo sistemático y regular con las autoridades gubernamentales y penitenciarias locales a partir de cuestiones grandes y chicas que permitió salir del pantano para bien de todos, internos, personal, autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones son como los ojos de la sociedad puestos en la realidad de las cárceles, dejando éstas de ser un lugar “reservado” de la administración penitenciaria o de la policía.
Lo mismo que la salud, ahí donde están en juego los derechos de las personas la mejora nunca es definitiva sino que es un equilibrio fruto de una lucha constante contra las fuerzas del “no-derecho”. La humanización se transmite practicándola, no se puede humanizar usando métodos y medios inhumanos. Humanizar se hace creyendo en el hombre, considerándolo como un hermano en humanidad.

(*) Delegado para la Pastoral Social
y Carcelaria
Diócesis del Alto Valle de Río Negro

Lo inflamable no son los colchones

Lo inflamable no son los colchones sino la situación carcelaria. La selectividad del sistema penal tiende a asegurar que allí estén encerradas sólo personas que han sido previamente excluidas de la sociedad.
Nuestra población carcelaria en su amplia mayoría está compuesta por jóvenes pobres que han vivido en condiciones de exclusión social. La mayoría no tuvo la posibilidad de estudiar o apenas tiene estudios primarios cursados.
La cárcel, como señala Foucault, se creó para encerrar allí a los marginados. Hoy mantiene este mismo fin: se trata de simples depósitos para la reclusión de seres humanos, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Mendoza o en Neuquén y Río Negro.  
De “lugares limpios y sanos, no para castigo sino para la reinserción social” se han convertido en verdaderos campos de concentración donde es imposible la supervivencia sin someterse a condiciones verdaderamente infrahumanas.
En los lugares de detención no se respetan las normas de higiene y salud. La comida es escasa y repugnante. Los detenidos carecen de la suficiente luz y ventilación y no gozan de calefacción durante los días de invierno. Y muy pocos han podido estudiar. No hay talleres ni capacitación laboral.

UNA TRAMPA MORTAL

La violencia es diaria y el resultado termina siendo, en algún momento, la muerte.   
En el 2005, según el registro nacional, hubo 197 personas en el país que murieron en lugares de detención, cinco de ellos en Río Negro (Hugo O. Lincoleo, Luis Mariqueo, Pablo Rubén Maripil, Juan C. Vázquez y David Moyano). En el 2006 sumaron 91 los detenidos muertos en el país, cuatro en Río Negro (Hugo Irusta Sueldo, José A. Cirer, Juan O. Ortiz y Luis A. Vera). En el 2007 fueron alrededor de 79 los muertos entre los detenidos, incluido el caso de Santiago del Estero. El registro no es completo. Y en Río Negro serían alrededor de cinco los detenidos muertos (entre ellos, Norberto Lafuente, Sebastián Pacheco y José A. Cid).
A las malas condiciones se suma el trato vejatorio hacia los familiares, que indigna y aísla cada vez más a la población sometida al encierro; un maltrato que estigmatiza a cada momento, una provocación constante, insoportable.
Podríamos comparar esta situación con la política penitenciaria de los años ’50 en la Argentina. Entonces había disminuido el delito a los índices más bajos de nuestra historia.
Podríamos retomar esa política, que alentaba el pleno empleo, buscaba satisfacer las necesidades básicas y promovía acciones solidarias aun con quienes habían cometido delitos, entendiendo que a pesar de haber quebrantado la ley eran personas con dignidad, un concepto inspirado en profundos sentimientos cristianos y/o humanísticos.
Sin embargo, se ha optado por otras políticas propiciadas desde algunos medios de comunicación, que alimentan la sensación de inseguridad llenando sus informativos con policiales y convocando al estilo del reality show para que los ciudadanos “nominen” a los que deben ser expulsados, lapidados, para consumir la ficción de que la Justicia actúa. En realidad sólo se está sacando a los pobres de la vista. Se los está matando de a poco, o de una vez.
Todo ello es posible porque la política de seguridad ha procurado levantar muros para que la ley llegue hasta las puertas de la cárcel. Adentro de las mismas nadie sabe lo que sucede, son tierra de nadie donde la ley no cabe. Y es posible porque socialmente no hay un claro repudio contra la tortura, contra la comisión de delitos gravísimos por parte de las autoridades. La contemplación con los sectores de poder que cometen delitos es amplísima; en cambio, es escasa o nula la tolerancia a delitos incluso menores cometidos por los sectores más pauperizados. Basta como ejemplo mencionar que entre los voceros de la mano dura están personas imputadas de los más aberrantes crímenes,  como el policía Patti.
Nuestro país, que ha firmado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, no lo implementó aún ni creó los mecanismos de visita a los lugares de encierro, que podrían prevenir la violencia y la tortura.
Nos preocupa que el registro nacional alcance cifras tan altas de muerte de internos y no se tomen medidas al respecto. Nos preocupa que en la provincia se mantengan altos índices de muerte, porque cuando el Estado decide encerrar está obligado a preservar la vida y la integridad física de las personas a las que priva de libertad.

Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro