Controlar la inflación, incentivar la inversión privada, mantener el gasto público en niveles que no atenten contra la estabilidad general y mejorar la distribución del ingreso serán las cuestiones centrales que en materia económica deberá afrontar el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre.
En forma paralela, la administración entrante tendrá que estar alerta al panorama financiero internacional, dado que de persistir la actual situación en los mercados la Argentina podría verse afectada y resentido su potencial crecimiento.
En el plano interno, la inflación será un punto crucial, ya que los índices oficiales han quedado desacreditados por la problemática que aqueja al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el organismo, el índice de precios acumuló en ocho meses un aumento del 5%, mientras que analistas privados creen que fue del doble. El proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso para este año prevé una inflación minorista de tan sólo el 7,7%.
Incentivar la inversión, para aumentar la oferta, y contener el gasto público en aras de evitar un estímulo artificial de la demanda son dos temas centrales para atacar la inflación. En consecuencia, el próximo gobierno tendrá que revertir la desaceleración que se produjo en los niveles de inversión, que durante los dos primeros meses del año se estancó en un crecimiento del orden del 13%.
En relación con el gasto público, actualmente se verifica una expansión de entre un 40 y un 50%, lo cual aceita los bolsillos y permite una mayor compra de bienes que presiona sobre los precios.
En referencia a la distribución del ingreso, el próximo gobierno tendrá que trabajar para achicar la brecha entre ricos y pobres. Los últimos datos oficiales dicen que el 10% de mayores ingresos tiene una renta 30 veces superior a la del 10% más pobre. Una herramienta sería una amplia reforma tributaria que permitiera un reparto más justo en el pago de obligaciones y acotara el impacto de los impuestos distorsivos como por ejemplo el que se aplica sobre el cheque, que afecta de la misma forma a un trabajador autónomo de escasa facturación que a las grandes empresas.
En el aspecto financiero, la Argentina tendrá que pagar durante el año próximo cerca de 8.500 millones de dólares en intereses de la deuda pública, algo que podría complicarse de continuar la actual volatilidad financiera. En el transcurso de este año el gobierno apeló en varias oportunidades al financiamiento, que llegó desde Venezuela a través de las buenas relaciones entabladas con Hugo Chávez, quien envió dólares a cambio de bonos por 3.500 millones de dólares.
En el contexto externo, el gobierno tendrá que renegociar con el Club de París una deuda de 6.500 millones de dólares. Un acuerdo con este organismo permitiría destrabar inversiones europeas en distintas áreas. Si el deseo es sanear definitivamente el perfil financiero, se debería buscar una solución para los "holdouts", ya que la presencia de este grupo impone restricciones a las colocaciones de deuda en las plazas financieras internacionales.
ROBERTO PICO
DyN
