En los próximos días, la democracia argentina vivirá un nuevo acto eleccionario y con él se producirá una nueva sucesión pacífica del gobierno. En un clima inusual de campaña política de baja intensidad, la democracia volverá a editar una de sus dimensiones, la procedimental, aquélla que la sindica como el mejor método de alternancia gubernamental legítima, fruto de la competencia libre y de la expresión sin ataduras de la voluntad popular radicada en las urnas.
Pero en la democracia también debemos reconocer una dimensión prescriptiva o sustantiva, aquélla que la hace tributaria de proyectos, valores e ideales coherentes sobre el buen desarrollo de la sociedad. Aquí, en la formulación y cumplimiento de proyectos compartidos, el Estado encuentra como bien analiza José Nun su legitimidad sustantiva.
Es esto y no el mero acto eleccionario lo que nos acerca un domingo cada cuatro años a expresar nuestras preferencias y a traducirlas en miembros de partidos políticos que creemos que se desempeñarán mejor que sus adversarios. Para ello es imprescindible la calidad institucional, el tejido de pautas regularizadas de interacción, que hará posible la solución de los problemas centrales de la sociedad.
En conexión con estas tareas existe otra dimensión de la democracia, la que nos remite a la generación de expectativas, a su capacidad para crear ilusiones, para pretender éxitos en la materialización de los compromisos prescriptivos.
Para el conocido historiador Luis Alberto Romero, la democracia recuperada en 1983 se había propuesto por primera vez ser liberal y republicana, dando lugar a una nueva política, afín al acuerdo y a la negociación y cimentada en la defensa de los derechos humanos.
Era ése un reencuentro esperado que le atribuía a este régimen un dechado de bondades y el carácter de panacea, la posibilidad de resolución de todos los problemas de la nación. Como pronto descubriríamos, los obstáculos y la herencia estructural del gobierno de facto prolongarían la real transición de la cruenta dictadura al gobierno libre. En este sentido, primero la transición política a manos de Raúl Alfonsín, con sus sinsabores y graves problemas económicos, y acto seguido la segunda transición, la económica, realizada por Carlos Menem, un presidente que nos llevaría a la estabilidad económica pero con un altísimo costo en cuanto a la institucionalidad democrática, la legitimidad del Estado y el futuro socioeconómico de la Argentina. El país en crisis sería recibido por Fernando de la Rúa, que lo abandonaría en llamas en el marco de la peor crisis política, económica y social de los últimos tiempos. Con este panorama, el presidente Duhalde y su ministro Lavagna serían los timoneles de un barco que naufragaba.
En perspectiva, para muchos la democracia había producido, más que éxitos, un conjunto de desilusiones y se había vaciado, no por la pérdida de su incuestionable esencia benéfica sino por el desempeño de sus conductores, por una clase política que enfrentaba, en consecuencia, la peor crisis de representación que se recuerda.
Hoy, a cuatro años del inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, los noticieros derrochan sus horas con candidatos que ofrecen autos cero kilómetro a quienes los voten o con otros que eligen los avisos clasificados de los diarios como medio de solicitar sufragios. De lo que carecemos es de debate y de encendidas campañas. No es casualidad: las encuestas, el oráculo de la democracia de audiencia, decretan un triunfo del oficialismo frente a una fragmentada oposición. Y es que si la defensa liberal de los derechos humanos y la estabilidad económica habían sido por etapas los focos de preocupación más significativos para la ciudadanía, este gobierno termina con un balance positivo en ambos.
Las últimas sentencias, las cifras de crecimiento y unas arcas estatales desbordantes, sumadas al control territorial de la política en la mayoría de los distritos, presentan un promisorio panorama al oficialismo. Todo, incluso desmembrando el sistema de partidos tradicional.
Pese a ello, la oposición presenta una realidad diferente tomando como eje de competencia y crítica la inseguridad, no sólo en su sentido convencional: inseguridad respecto del marco jurídico fruto de una excesiva y cambiante política de intervención que alejaría la inversión en el marco de lo que algunos denominan "capitalismo de amigos"; inseguridad en el porvenir de la economía, amenazada por la inflación; inseguridad en la comunicación y en su base, las cifras emitidas por los organismos del Estado; inseguridad en la ética de los funcionarios e inseguridad incluso en los procesos eleccionarios, poniendo en duda su transparencia y veracidad, sobre todo tras los últimos comicios en Córdoba. Son imágenes antitéticas propias del momento electoral y, por tanto, de proyectos en liza.
Debemos reconocer que nuestra democracia, como régimen y más allá de los enormes avances, sigue mostrando déficits relevantes. Uno de ellos es la excesiva fuerza de sus liderazgos y el decisionismo, traducido en el deterioro de la institucionalidad y en el conocido menoscabo de la fortaleza e independencia de las instituciones republicanas. Otro más relevante, el largo camino por recorrer hasta lograr la erradicación de la exclusión y de la iniquidad en nuestro país.
La obtención de una ciudadanía plena, con niveles aceptables de acceso a los diversos derechos que la componen, forma parte del compromiso prescriptivo que se reeditará en los próximos días y que será la base de otra construcción de ilusiones sobre la democracia. Todo, a partir de un nuevo ejercicio de la democracia electoral, de una dimensión que ya todos damos por incuestionable y normal y que por ello hemos dejado de festejar con la intensidad y el entusiasmo que merece.
FRANCISCO CAMINO VELA
Especial para "Río Negro"
(*) Lic., magíster y DEA en Historia. Docente e investigador de la UNC
franciscocamino@ciudad.com.ar
