Chile recordó por primera vez el golpe militar del 11 de setiembre de 1973 sin la figura del general Augusto Pinochet vivo ni influyendo en el poder.
Las protestas por el aniversario dejaron un carabinero muerto y, como siempre, cientos de detenidos y destrozos. Pero ocurrieron en un país fuertemente cambiado desde el retorno a la democracia en 1990 con Patricio Aylwin como presidente.
Gobernado hoy por una ex torturada, la socialista Michelle Bachelet, Chile encara múltiples transformaciones que tienen como centro la desigualdad social y el procesamiento de ex represores.
No es el país que imaginó Pinochet ni el que pretendió proyectar con una Constitución hecha a mano en su régimen. Hoy la mayoría de sus adalides en la lucha represiva está presa. Desde la muerte del ex dictador, ocurrida el 10 de diciembre de 2006, más de un centenar de jefes y operativos de sus equipos de seguridad fueron procesados o condenados por los tribunales, incluso a cadena perpetua (ver aparte).
Pero la agonía y muerte de Pinochet no sólo trajo o coincidió con un enjuiciamiento de los crímenes de su gobierno, como señalan en las organizaciones de derechos humanos.
El ascenso al poder de una ex prisionera política, en un marco de bonanza económica, abrió el debate sobre el modelo neoliberal de desarrollo que impuso la dictadura. Más aún cuando la propia Bachelet prometió un gobierno ciudadano, en un país con altas desigualdades. Según cifras oficiales, el cuatro por ciento más rico acapara aún un quinto del ingreso nacional y un millón de chilenos, un sexto de la fuerza laboral, percibe sueldos inferiores al mínimo legal de 280 dólares.
Al inicio de la democracia, los reclamos sociales fueron contenidos por el temor a un quiebre institucional y la precariedad económica. Chile era uno de los países más pobres de la región. Hoy, la economía exhibe el producto per cápita más elevado de Latinoamérica,
unos 10.000 dólares, y acumula excedentes fiscales por 20.000 millones de dólares, que podrían duplicarse en el 2010.
"No hay motivos para que las personas no exijan más participación en la bonanza", dijo anónimamente un ministro a DPA. "Sobre todo si las empresas anotan rentas históricas", agregó. Por ello desde el 2006 el país vivió en uno de cada tres días protestas mineras, silvoagrícolas, pesqueras y estudiantiles.
Bachelet reaccionó constituyendo en agosto una comisión para proponer políticas a favor de la equidad, paso inédito en un país que preservó de la dictadura una férrea liberalización económica.
Hoy ese modelo está en duda en amplios sectores de la alianza de centroizquierda que gobierna desde 1990 y que ganó 14 elecciones consecutivas. Además, las políticas sociales de Bachelet apuntan a la construcción de un Estado de bienestar que proteja inicialmente al 60% más pobre de la población. Para muchos no es suficiente.
La oposición de derecha, heredera política de Pinochet, acepta debatir los temas de la equidad, pero el cuestionamiento al modelo neoliberal está fuera de discusión. Más ahora que, por los errores políticos de Bachelet, pareciera que podrá volver al gobierno en las presidenciales del 2009, como vaticinan encuestas.
Pero un país con memoria de su pasado, con represores procesados y debatiendo los derechos de los trabajadores es una realidad muy distinta a la que, tal vez, supuso la misma Concertación gobernante, que en 1990 acuñó el lema de avanzar "en la medida de lo posible".
Represores tras las rejas
Luego de la muerte del general Augusto Pinochet, casi 150 represores de su dictadura fueron procesados o condenados por los tribunales chilenos. En el proceso cayeron ex generales y jefes de los servicios de inteligencia y se descubrieron incluso lugares de exterminio que permanecían ocultos tras 17 años de democracia.
El hecho confirmó la influencia que Pinochet ejerció sobre sus agentes hasta su deceso el diez de diciembre de 2006, opinó el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras.
El jurista, quien en ocho meses logró procesar a un centenar de torturadores, cree que sólo ahora será posible conocer una mayor verdad de lo sucedido entre 1973 y 1990. De hecho, ahora se sabe que el propio Pinochet visitó lugares de exterminio para pedirles la rendición a torturados, como lo hizo con la cúpula del Partido Comunista en 1976.
Hasta ahora el gobierno estuvo al margen de los procesos, aunque la presidenta Michelle Bachelet afirmó que se requiere verdad, justicia y memoria. Ella misma fue flagelada en 1975.
Hoy suman cientos las querellas que aguardan en los tribunales. Se sabe que en Chile más de 3.000 personas fueron desaparecidas y ejecutadas en la dictadura, además de 50.000 torturadas. La portavoz de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, reconoció que hay mayores procesamientos, pero advirtió que bajaron los años de condena. “Sí, se ha roto el pacto de silencio, porque algunos buscan exculparse, menores penas o liberarse de sus culpas”, admitió. Agregó que el gobierno de Bachelet “ha mantenido una actitud positiva sobre el tema de la memoria”, pero que no hay avances en la ratificación de los pactos que Chile firmó sobre crímenes de guerra, desaparición y tortura.
Por ello, y pese a que los tribunales jamás condenaron a Pinochet, Chile terminó siendo el país que más avanzó en la sanción a las violaciones de derechos humanos.
