Para la jubilada Qiu Guizhi el sueño olímpico de Pekín 2008 se ha convertido en una pesadilla. Desesperada, quiso incluso quitarse la vida. “Nadie se ocupa de la gente humilde como yo”, dice deprimida la mujer de 57 años.
Su vivienda en el este de Pekín fue demolida para construir instalaciones olímpicas.
La prometida compensación, muy por debajo del precio de mercado, aún no ha llegado. “Es ilegal destrozar mi casa. Quiero saber dónde se ha quedado el dinero de las compensaciones”, protesta.
Su casa tuvo que hacer sitio a la nueva sede central de emisión de la televisión estatal CCTV, que debe estar concluida para dentro de un año con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos. Desde ahí las emisoras extranjeras retransmitirán sus informaciones sobre los primeros Juegos en China, cuya cuenta atrás ya comenzó. No hay motivos de celebración para los “desplazados”. Las obras, por 600 millones de dólares, son objeto de críticas por supuesto nepotismo entre funcionarios corruptos y empresas constructoras.
En algunos panfletos los “desplazados” manifiestan su descontento y se compara su obligada reinstalación con los métodos de la Alemania nazi, que refuerzan pintando la bandera roja con la cruz esvástica negra. “La sangre y la vida de personas inocentes están detrás de los Juegos del 2008”, se dice.
 La televisión estatal y las autoridades atentan contra la Constitución y los derechos humanos destruyendo sus casas y dando a los “sin techo” bajas compensaciones. “Quien se atreve a negarse es golpeado o incluso detenido por la policía”, cuentan los afectados.
Algo parecido le sucedió a Qiu Guizhi. Sin previo aviso, en abril, responsables y trabajadores del barrio de Chaoyang y del tribunal del lugar aparecieron en su casa. “Destrozaron los muebles de mi casa y otras cosas”, dice la pensionada que no estaba en su vivienda en ese momento. Ni ella ni sus vecinos recibieron una información previa sobre los planes de realojo.
Al día siguiente leyó en el periódico que era una “buscapleitos” y que se oponía al realojo. “Cuando leí la información falsa contra mí me enfadé mucho. Mi mundo se rompió”, dice Qiu Guizhi entre lágrimas. “Fui al tejado y quise tirarme”, confiesa. La policía evitó su suicidio y arrestó a la mujer por “alteración del orden público”.
“Los policías no tuvieron paciencia y me insultaron. Quisieron obligarme a admitir que estaba equivocada, que había alterado el orden público y que no era un persona particular sino que pertenecía a un grupo. Utilizaron las palabras más graves para insultarme”, agrega.
Diez días después quedó libre y escribió peticiones a las autoridades de la ciudad y del barrio, incluso a la comisión de disciplina del Partido Comunista. La respuesta fue que “autoridades competentes habían autorizado el derribo e informado a los habitantes. Ahora no se puede hacer nada más”.
Qiu Guizhi no tiene una nueva vivienda y con su hija tuvo que marcharse a casa de su anciana madre, donde también viven su hermano ciego y la mujer de éste. A pesar de que su casa estaba en el centro de negocios de la ciudad, donde se registran los mayores precios de inmuebles de la ciudad, sólo recibirá 6.000 yuanes (600 euros) por metro cuadrado. Un gran negocio para los grandes constructores: en la lucrativa zona las viviendas triplican fácilmente ese precio. Qiu Guizhi se resigna y con la salud golpeada se siente impotente, a merced de la arbitrariedad: “Ni siquiera sé cuándo me darán el dinero”.