Guillermo Luciano, profesor de Economía de la Universidad de Entre Ríos, es integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y colaboró con los estudios requeridos por el gobierno provincial y la Cancillería argentina referidos a las plantas de celulosa que se construyen sobre el río Uruguay.

Héctor Sejenovich, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con posgrado en gestión ambiental urbana, fue el creador de la Red de Formación Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y trabajó en el informe requerido para determinar el impacto de las pasteras. Ambos especialistas participaron como disertantes del seminario "El agua como derecho humano" que se realizó en San Martín de los Andes, al que asistieron defensores del Pueblo de todo el país, Paraguay y México. En un aparte de esas deliberaciones en el Centro Cultural Cotesma, dialogaron con este diario.

Entre los inacabados 1.000 días de María Julia Alsogaray para limpiar el riachuelo y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, ¿que ha cambiado para que haya semejante involucramiento?

Ha cambiado la concepción social respecto del medio ambiente. Hace 40 años, si nos hubieran dicho que llegaría una empresa de esta magnitud (por Botnia), hubiéramos sido felices. Pero el desarrollo industrial no es neutral para la vida.

Pero lo que llama la atención, por lo menos a la distancia, es que todo el pueblo de Gualeguaychú parece haber reaccionado en la misma dirección...

Es muy interesante, porque allá existe un dicho: Gualeguaychú es la madre de sus propias obras, que es anterior a la crisis de las pasteras, y tiene que ver con la propia dinámica política de la provincia de Entre Ríos, con Paraná en una punta y Gualeguaychú en otra. Entonces, desde hace mucho, la gente viene protagonizando sus propios cambios, tomando sus propias decisiones.

Pareciera haber una ausencia del poder político...

Es que ése es precisamente el punto. Gualeguaychú aprendió a ir dando respuestas a sus problemas desde la participación popular, con instituciones locales, ante la ausencia de respuestas de los políticos. El parque industrial es una ong, el famoso carnaval es organizado por cinco clubes que forman una ong y la Asamblea Ambiental es la ong más grande de todas. Claramente, la sociedad se dio cuenta de que esta localización industrial de las pasteras sobre el río Uruguay iba a afectar el destino de la ciudad y de su gente. Si esto ocurriera en San Martín de los Andes, sería igual. En nuestro caso, los olores nauseabundos terminarían con el turismo.

Pero la tesis de Uruguay y de Botnia es que todo se hará dentro de los más estrictos parámetros y con la mejor tecnología disponible... ¿entonces?

Primero, si se reducen las cosas a una mirada chauvinista, Uruguay tiene razón. La Argentina se está fijando en estas plantas de celulosa que tienen tecnología de punta, cuando en nuestro país hay una decena de plantas que nadie controla y algunas que terminan tirando cloro elemental a los cursos de agua. Pero la cosa no es entre Argentina y Uruguay. Esto es lo que mucha gente no entiende y por eso va a fracasar esta nueva mediación que se está intentando en Estados Unidos, porque los verdaderos protagonistas no están: la disputa es entre las pasteras y Gualeguaychú. Es una dimensión puntual, y por eso mucho más dramática, del problema.

¿Pero cuál es el problema concreto de contaminación?

El caso es que, siguiendo el informe técnico de las empresas, estas pasteras utilizan ácido sulfúrico. Serán 50.000 litros diarios que irán a la atmósfera. Esto representa 14 millones de metros cúbicos de gases

que contendrán ácido sulfúrico, que se transforma en ácido sulfhídrico, que genera un olor a podrido insoportable en todos los lugares donde hay plantas de este tipo. Gualeguaychú dice: "Ustedes tienen derecho a poner la planta, pero pónganla en otro lugar, donde no nos afecte el destino turístico".

Esta puntualización sobre la autonomía, este acento sobre la mirada local, es tal vez lo que provoca las mayores reacciones del otro lado, porque hasta aquí daría la sensación de que las pasteras y Uruguay pretenden que las negociaciones, de persistir, sean de gobierno a gobierno.

En efecto. Y es esa participación, ese compromiso social de Gualeguaychú, lo que molesta, no se entiende o no se quiere entender. Le pongo un ejemplo: en un momento del conflicto, el presidente uruguayo pidió a Botnia que detuviera la construcción una semana, para favorecer el diálogo con la Argentina. El gerente de la empresa finlandesa en Uruguay, ni siquiera el presidente, le dijo al presidente del país que ellos no iban a detener las obras. La idea se redondea con este dato: entre Botnia y la otra empresa sueca, que es incluso más grande, tienen un producido anual superior al Producto Bruto Interno de Uruguay... se dará cuenta de que eso genera una gran capacidad de lobby, y los lobbies pueden influenciar a los gobiernos, pero no a los ciudadanos a los que se les afecta la vida...

¿Podría ser la preocupación por el medio ambiente un disparador de reformas políticas que confieran mayor preponderancia a las autonomías locales?

Estamos convencidos de que es así. Mire, no hay problema si nadie lo detecta y se queja. Si no hay alguien que dé testimonio de un problema, el problema no existe. Se torna visible cuando la gente lo percibe y lo explicita, y eso obliga a los gobiernos a intervenir, a no ignorar el mandato del pueblo, los intereses de la comunidad. En el fondo, hay una crisis de representatividad que es compensada con el protagonismo directo de la gente, de los vecinos, involucrados en los temas que afectan a todos. Eso es muy bueno.

FERNANDO BRAVO

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