Católicas por el derecho a decidir” comenzó sus acciones en 1993 con la finalidad de propiciar la reflexión-acción sobre derechos reproductivos, sexualidad, salud y ciudadanía de la mujer y sus relaciones con elementos religiosos. Muchas de sus posiciones sobre temas como el aborto y la salud reproductiva desafían abiertamente la postura oficial de la Iglesia.
Desde sus orígenes, forma parte de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/AL). Las coordinadoras locales son Marta Alanís, Silvia Juliá , Gladys Ponte y Pate Palero. Esta última accedió a dialogar con “Debates” sobre estos temas.
–¿Cuándo comenzaron a organizarse las católicas que están en favor de la despenalización del aborto?
–Católicas por el Derecho a Decidir es una red latinoamericana de mujeres que nació en Costa Rica en 1987. Actualmente hay sedes en México, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Argentina (Buenos Aires y Córdoba). En esta última se fundó hace más de diez años.
–¿Cómo se plantan frente a la institución Iglesia con esta postura, frente a la autoridad de la Iglesia Católica, siempre conducida por hombres, y cómo creen que las ven ellos, en todo caso?
–La jerarquía católica tiene una larga tradición patriarcal y muchas veces sus autoridades niegan o impiden el acceso a sus derechos a las mujeres. Sin embargo, la “institución Iglesia” está integrada por personas que la construyen y fortalecen día a día y que tienen capacidad y libertad para discernir ideológicamente respecto de las posiciones de sus autoridades. Como mujeres católicas adherimos al Concilio Vaticano II, a partir del cual el reconocimiento de la pluralidad y el respeto a la diversidad ganaron un espacio significativo en la Iglesia, siendo la Teología de la Liberación la que más ha contribuido a este mensaje. Sus disidencias en lo social y lo político con la jerarquía se han complementado con las teologías feministas que cuestionan el lugar de las mujeres al interior de la feligresía.
–¿En la organización hay mujeres de todas las edades? ¿Registran –en su interior– cambios generacionales?
–Nuestra institución es pequeña. Entre quienes trabajamos activamente hay mujeres de diferentes edades, pero en general todas superan los 25 años. Existen todavía barreras, tabúes, prejuicios para que más mujeres jóvenes se sumen a la lucha por el derecho a elegir, a la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Consideramos también que la propia Iglesia Católica tiene dificultades para que su mensaje llegue a las nuevas generaciones, precisamente porque algunos sectores siguen sosteniendo una gran intolerancia e incomprensión de las realidades que vive la sociedad actual.
–¿Cómo “predican” sobre las mujeres católicas, cómo les explican la necesidad de despenalizar el aborto?
–Las mujeres católicas que se acercan a nuestra organización, en general, no vienen pidiendo que les expliquemos. Todas las mujeres conocemos lo dramática que es la situación de cualquier mujer que debe pasar por la experiencia del aborto. Intimamente, todas adherimos a la misma razón: no queremos más muertes de mujeres por abortos realizados en la clandestinidad; no queremos ser doblemente culpabilizadas; no queremos ser cómplices de la hipocresía de los médicos que argumentan razones éticas y religiosas en hospitales públicos y cobran importantes honorarios para realizar abortos en sus clínicas privadas. Cualquier mujer conoce estas situaciones. Cuando debatimos en espacios públicos, tratamos de ofrecer argumentos religiosos, éticos, políticos y sanitarios. En cuanto a lo religioso, la Iglesia Católica no ha definido dogmáticamente cuestiones de moral sexual y, por lo tanto, sus fieles no deben obediencia absoluta. En la historia de la Iglesia se han tenido distintas concepciones sobre el aborto. No siempre se ha considerado un homicidio, sino un pecado sexual, y no siempre se ha castigado con pena canónica de excomunión. Por otro lado, cuando algunos de sus líderes hablan de la defensa incondicional de la vida, pareciera que este principio fuera parte de su pensamiento de forma continua, inmutable y lineal. Sin embargo, estudios históricos y políticos demuestran su diversidad y sus contradicciones en este punto. Por ejemplo, la defensa de las víctimas de la guerra de Irak o de los desnutridos de América Latina no adquiere para el Papa la trascendencia que les asigna a los “niños por nacer”. Esto demuestra el trasfondo político e ideológico (más que teológico) de estas posturas.
–¿Saben cuál es la posición de otros credos al respecto?
–Hemos coincidido con algunos sectores de otros credos, con pastores evangélicos y grupos judíos.
–¿La Iglesia ha sido el principal obstáculo para la despenalización?
–Los sectores más radicalizados de la jerarquía católica han sido un obstáculo permanente para la defensa de los derechos de las mujeres. Pero la Iglesia no podría resistirse a estos avances si no fuera por la complicidad de abogados, médicos, periodistas y –fundamentalmente– políticos y jueces, que debieran representar los intereses de toda la sociedad y no de algunas minorías fundamentalistas.

El proyecto

ÇCon la presencia de cientos de mujeres, el 28 se mayo se hizo entrega al Congreso de la Nación del proyecto de ley para la legalización del aborto, que en sus dos primeros artículos establece que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional –artículo 1– y a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley –artículo 2–”.
El texto es fruto de una campaña que lleva meses y del consenso de las diferentes organizaciones que la integran –organizaciones de mujeres, feministas, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y funcionarios y funcionarias de diferentes niveles–.
Según ellos, la clandestinidad del aborto restringe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y va en contra de los derechos humanos de manera integral.
La necesidad de una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se fundamenta en una razón de salud pública: la gran cantidad de abortos que se producen a diario con graves secuelas y daños para las mujeres que acuden a esta practica y que podrían evitarse si estuvieran garantizados servicios integrales para mujeres y niñas.
Según estimaciones del INDEC, el 37% de los embarazos que se registran en el país termina en un aborto. De ellos, cerca del 15% corresponde a adolescentes menores de veinte años. De allí se desprende que la clandestinidad del aborto no impide su realización sino que aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad.
La opinión pública evidenció en los últimos tiempos cambios que favorecen la discusión sobre un proyecto de legalización del aborto. El 90% de la población se expresó a favor de la práctica en esos casos específicos y de una legislación al respecto. Numerosos estudios muestran, por otro lado, que la legalización de la práctica disminuye su número en la medida en que esté acompañada por otras políticas públicas. En la Argentina hay veinte veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado.