Pocos días antes de cumplirse 25 años del desembarco argentino en las islas Malvinas, el gobierno nacional y el Congreso rompieron lanzas con Gran Bretaña al rechazar la cooperación en petróleo y pesca, profundizando su reclamo por la soberanía del archipiélago austral ante lo que consideran “la intransigencia” de Londres.
 El gobierno anunció la cancelación de un acuerdo con Gran Bretaña para cooperar en la explotación y exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en torno a las Islas Malvinas, debido “al nulo avance” en el diálogo sobre soberanía. El canciller Jorge Taiana dijo que “la decisión es un sinceramiento porque el acuerdo de hidrocarburos nunca funcionó desde que fue firmado y desde el 2000 está congelado”, dijo el ministro.
La medida obtuvo el respaldo de sectores de la oposición. “De nada sirve tener un acuerdo cuando es violado unilateralmente. No sólo en las concesiones de exploración de hidrocarburos sino en las concesiones constantes de pesca, que impactan sobre la Argentina”, sostuvo el diputado Federico Storani, de la Unión cívica Radical (UCR). 
 Según especialistas británicos, el anuncio argentino no tendrá ningún efecto práctico. “Es un ‘no-acontecimiento’, un poco de ruido político por parte de los argentinos antes del aniversario de la guerra de las Malvinas. No cambia nada en absoluto a las exploraciones en curso”, dijo Phil Richards, geólogo del British Geological Survey y asesor del gobierno de Londres.
El gobierno de Néstor Kirchner, que en lo que hace a la cuestión Malvinas sigue la línea trazada por la administración de Raúl Alfonsín, ya decidió acentuar ese camino.
En privado, distintos actores del kirchnerismo dan cuenta de que la fórmula del “paraguas” sobre la soberanía de Malvinas, que supo diseñar el gobierno de Carlos Menem a través de su canciller Guido Di Tella, es “anacrónica”.
El acuerdo petrolero formó parte de una serie de entendimientos en materia de pesca, hidrocarburos y comunicaciones firmados entre Argentina y Gran Bretaña a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1990, durante la llamada “política de seducción” de Menem. En setiembre de 1995, Argentina y Gran Bretaña firmaron en Nueva York una “Declaración Conjunta” de cooperación petrolera por el cual se creaba una zona especial al sudoeste de las Malvinas para ser explorada y explotada en conjunto. No obstante, los países firmantes nunca se pusieron de acuerdo sobre el alcance de esa zona especial. “Inglaterra pretendía limitar la cooperación a 21.000 kilómetros”, mientras que Argentina consideraba que comprendía un área de 430.000 kilómetros cuadrados, recordó Taiana. Nunca se llegó a hacer un llamado a licitación conjunta pero los isleños siguieron otorgando licencias de exploración en la zona, las más cercanas en el 2004.
Peor aún, con resultados volcados en un “non paper”, en el gobierno nacional deslizan que los distintos acuerdos “no benefician” al país sino a los kelpers.
Así se refieren a la pesca, actualmente una de las principales fuentes de ingresos a las arcas del gobierno de las islas, donde los kelpers comercializan licencias por 25 años en aguas que, según la Organización de las Naciones Unidas, se encuentran bajo disputa. De igual manera, en el gobierno argentino consideran que el acuerdo de cooperación en materia de exploración y explotación de hidrocarburos amparaba el accionar de algunas empresas que, a partir de la decisión de la Argentina de dar por finalizado el entendimiento, observan ahora un problema de “inseguridad jurídica” a la hora de llevar adelante alguna inversión.
La cancillería argentina estima que, al caerse el convenio, Buenos Aires podrá demandar a Gran Bretaña y a las empresas petroleras, en casos de nuevos permisos de exploración.
¿Es posible que el gobierno decida terminar también con la fórmula del “paraguas” de soberanía? En distintos ámbitos del oficialismo trascendió que habrá algún anuncio más de la administración central sobre la cuestión Malvinas.
Nadie se anima a susurrar, por caso, que, de haber algún anuncio, ése sea el fin del “paraguas” menemista. Sobre todo porque esa situación podría afectar el aspecto más sensible de la disputa: los familiares de los 649 soldados caídos en la guerra de 1982, que todavía pugnan por inaugurar el monumento que se levantó en Darwin en el 2004
Esa inauguración fue aprobada hace unos días por el gobierno kelper. Además, podría generar un efecto “boomerang” a nivel internacional, en momentos en que la Argentina tiene algunos asuntos pendientes, por ejemplo la deuda con el Club de París, donde residen las principales potencias, entre ellas Estados Unidos y Gran Bretaña.
En esa misma línea, al menos, avanzaría en el Congreso nacional el proyecto sobre sanciones pesqueras para aquellos barcos que operen en las aguas que unilateralmente explotan los isleños (ver nota aparte).

LA EXPLOTACION PETROLERA

En la pared de la oficina de la directora de Minerales y Agricultura de las Islas Malvinas, Phyl Rendell, hay una foto grande que muestra la bahía de Puerto Argentino y una gigantesca plataforma petrolera off shore en el horizonte. La primera sensación es que se trata de un montaje. Pero no lo es. La imagen fue captada en 1998, cuando se hicieron las primeras exploraciones.
“Esa foto representa un momento de mucha efervescencia e ilusión para los isleños, porque abrió la puerta a la gran esperanza de la explotación petrolera a gran escala”, rememoró Rendell.
Sin embargo los resultados no fueron los esperados: sólo dos de las seis perforaciones permitían alentar alguna esperanza de encontrar petróleo.
Después el precio del crudo descendió a 10 dólares el barril y allí pareció terminar la expectativa de sustentar la economía isleña con regalías hidrocarburíferas. Esa hipótesis se había fortalecido a partir de 1995, cuando la administración kelper otorgó las primeras licencias en su zona de exclusión y forzó a la Argentina a un acuerdo con Gran Bretaña para crear una zona de exploración conjunta que nunca prosperó.
La suba en el aumento del petróleo que generó la guerra en Irak y el mayor consumo de China cambió la ecuación económica riesgo-beneficio e hizo que algunas empresas volvieran a probar suerte en las Malvinas. Según Rendell, hay en la actualidad tres empresas haciendo estudios sísmicos: Desire Petroleum, Rockhopper Exploration y Falklands Oil and Gas (FOGL), todas ellas vinculadas con la cuenca malvinense desde los primeros intentos en 1998. La que está más avanzada es Desire, que se encuentra a la espera de poder contratar una plataforma off shore, sumamente codiciada en el mercado internacional por el precio del crudo, a pesar de que asciende a un precio de 500.000 dólares por día. Otras cuatro empresas también tienen licencias pero no están trabajando en el campo en este momento: Argos Resources, Borders and Southern, Hardman y SCA. Las licencias petroleras en áreas con recursos inciertos no son tan costosas, porque el riesgo mayor lo corre la empresa privada.
Pero la sola presencia de empresas de gran porte hace crecer rápidamente la economía local. La fallida experiencia de 1998 generó recursos por 200 millones de dólares y dejó 27 millones de dólares en las arcas isleñas. “No sabemos todavía si se puede encontrar petróleo. En el mar del Norte se hicieron 50 exploraciones hasta encontrar las reservas que hoy se están explotando. Acá hace falta aún mucho trabajo más”, explicó la directora de Minerales y Agricultura.
Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que una empresa nacional participe en las tareas de exploración, Rendell dijo que “no hay ninguna restricción”, pero aclaró que “esa compañía debería integrar un consorcio en el cual los componentes argentinos no superen el cincuenta por ciento de su integración”.

Pesca, la riqueza tangible

Otro de los frentes de recientes tensiones entre Argentina, Gran Bretaña y el gobierno kelper de Malvinas se refiere al recurso que hasta ahora ha dado mejores dividendos: la pesca.
El Congreso de nuestro país tramita duras sanciones contra las empresas pesqueras que operen en las aguas de las Islas Malvinas sólo con licencia británica y sin permiso de Buenos Aires. El proyecto tiene sanción del Senado y prevé multas de hasta 10 millones de pesos (3,2 millones de dólares) y el retiro del permiso de pesca, además de la prohibición de vender la producción a empresas que estén en regla con la ley argentina. La Cámara de Diputados intentaba transformarlo en ley cuanto antes.
El proyecto fue redactado por los senadores patagónicos Silvia Giusti y Mario Daniele, quienes en el texto se refieren al área en disputa como “aguas jurisdiccionales argentinas”. El senador Rodolfo Terragno (UCR) señaló que la norma causará un impacto en la economía malvinense.
“Los reclamos de independencia de los ‘kelpers’ (habitantes de las islas) se basan en el desarrollo de la pesca en el Atlántico Sur”, sostuvo Terragno al respaldar la iniciativa. “Es el calamar y no el petróleo lo que permitirá la autarquía de las islas”, insistió el legislador, en referencia al deseo de los habitantes del archipiélago de lograr su autodeterminación (ver pág. 7).
El objetivo del Parlamento argentino será penalizar a aquellos pesqueros que, como sucede actualmente, operan sólo con permiso de los malvinenses en la zona en litigio.
La cuestión se precipitó cuando en el 2003 se aprobó una ley, que tiene plena vigencia desde julio del 2006, donde los ‘kelpers’ empezaron a otorgar licencias de pesca a empresas por 25 años, en lugar de hacerlo sólo por un año como era habitual. Los buques extranjeros que pescan en la rica zona del Atlántico Sur utilizan la autorización malvinense para la zona en litigio y, cuando salen de ella, usan el permiso otorgado por Argentina.
Pero cuando se sancione la ley, las compañías pesqueras deberán elegir entre operar sólo en la zona en litigio alrededor de Malvinas o pescar fuera del área y aprovechar la mayor extensión del mar argentino.
El nuevo sistemas de licencias de pesca que otorga el gobierno de las Islas Malvinas ya fue adquirido por quince empresas de distintos países. La cifra prácticamente se duplicó durante el último año, ya que a mediados del 2006 había ocho empresas con permisos extendidos.
“Podemos considerar que el nuevo régimen de otorgamiento de derechos de propiedad de pesca ha sido exitoso”, afirmó en Malvinas John Barton, director del Departamento de Pesca de las islas.
La ley establece el sistema de Cupos Individuales Transferibles (Individual Transferable Quotas, ITQ en inglés), que son adquiridos por las empresas y que después pueden ser comercializados con otras compañías. “Las empresas adquieren derechos sobre un porcentaje del total que se pesca y ese cupo después puede ser transferido”, explicó Barton.
En general las empresas que operan son firmas radicadas en Malvinas que actúan conjuntamente con compañías de otros países, especialmente de España y Corea. Según el director de pesca, “el objetivo del cambio de sistema fue garantizarles previsibilidad y estabilidad a las empresas interesadas en invertir, así como flexibilidad en el caso de que quieran negociar las cuotas”.
De acuerdo con las estadísticas del gobierno malvinense, la pesca aporta el 44% del producto bruto de las islas, con una contribución neta a través de las licencias que oscila entre los 16 y los 29 millones de libras esterlinas (50 millones de dólares). Las principales especies son el calamar Illex, que representa el 49% de las extracciones, y el calamar Loligo, que comprende un 23% de la pesca. También es muy importante la recolección de merluza negra.
Los mercados principales para estos productos son los países europeos y del sudeste asiático.
Después de la guerra de 1982, los isleños adoptaron algunas recomendaciones del “Informe económico de las Islas Malvinas”, elaborado por el enviado de la Corona Lord Shackleton. Allí se mencionaba la necesidad de diversificar la economía y promover la pesca. Como consecuencia, en 1986 se aprobó la primera ley pesquera y el negocio se puso en movimiento. En 1990 los isleños extendieron la zona de exclusión de 150 a 200 millas náuticas y así vieron incrementar sus ingresos en forma notable gracias a las licencias.
Sin embargo, el negocio tiene también un componente político, porque el calamar que se pesca en el sur recorre durante su ciclo de vida un círculo que pasa por aguas en zona de exclusión isleña, en zona de exclusión argentina y en aguas internacionales. Los malvinenses cuestionan que la Argentina no contribuye lo necesario en el control de la pesca y en la preservación del recurso. La cuestión se volvió crítica durante 2004 y 2005, cuando la merma de los cardúmenes se redujo a mínimos históricos. “Hubo una catastrófica declinación, por razones oceanográficas y sobrepesca”, dijo Barton. (J.L.-DyN/AFP)