El fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de Israel, Aner Helman, afirmó que el más alto Tribunal de su país “rechaza el empleo de la tortura” para combatir a los terroristas, aunque considera legales las “acciones selectivas”.
Así lo manifestó el funcionario de dicho estado de Medio Oriente durante un seminario sobre terrorismo internacional desarrollado en la Universidad de Belgrano en el marco del 15º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.
“Israel está en una situación especial, pero decidió que aun así deben rechazarse los mecanismos extremos”, señaló Helman refutando la idea –difundida en algunos medios nacionales– de que la Corte Suprema israelí habría aceptado que en casos excepcionales no es punible que sus fuerzas de seguridad recurran a la presión física de los detenidos.
Incluso, el huésped diferenció la situación de su país de lo que ocurre en Guantánamo (base norteamericana en Cuba donde se hallan detenidos sin proceso ni asistencia letrada sospechados de terroristas): “En Israel, toda persona detenida, a las 26 horas, tiene que ser llevada ante un juez y, en no más de ocho días, designar un abogado”, puntualizó Helman.
Los juristas argentinos Alberto Dalla Vía y Daniel Sabsay, que participaron del simposio (coordinado por el especialista en relaciones internacionales Julio Burdman), calificaron la actuación de la Justicia norteamericana en los hechos de Guantánamo de “tímida y tardía”.
Por otra parte, Helman indicó que el tribunal supremo de Israel convalidó las “operaciones selectivas” contra objetivos terroristas de acuerdo con las “leyes de la guerra”. En ese punto, “Debates” consultó al integrante del ministerio público israelí acerca de cómo se diferencia la respuesta cuando el ataque proviene de un terrorista común o es impulsado por países (como Siria o Irán) que propician el terrorismo antiisraelí. “El ataque terrorista –respondió Helman– pasó a equipararse jurídicamente a una acción militar o al ataque de un Estado, por lo que se aplican las normas de la guerra internacional”. El especialista expresó que los atentados en Estados Unidos en setiembre del 2001 impactaron en un sustancial cambio normativo.
Helman detalló que el derecho internacional distingue civiles de soldados: mientras estos últimos en tiempo de guerra son blancos militares, los civiles son inmunes. Pero –añadió– el terrorista civil, cuando toma parte de un combate, deja de ser civil sin ser militar (es decir, no está protegido por los derechos de guerra).
De todos modos, el entrevistado subrayó que las acciones preventivas también tienen “límites estrictos”, como que la reacción debe ser proporcional a la amenaza, y que sólo es legítimo matar cuando se trata de impedir una acción directa. El integrante del ministerio público israelí agregó que las mencionadas “acciones selectivas” son controladas por un comité independiente, tras lo cual la Corte tiene siempre la última palabra.
Helman hizo expresa mención a lo doloroso de la situación, que muestra cifras escalofriantes, como que desde el 2000 se produjeron en territorio israelí más de 25.000 atentados y 1.100 asesinatos y hubo más de 10.000 heridos producto del accionar terrorista.
El debate atraviesa la espinosa cuestión de cómo se combate el terrorismo sin afectar la democracia. A partir de la descripción de un escenario donde son frecuentes los tiroteos, el lanzamiento de misiles, los atentados suicidas, las agresiones al amparo de sitios sagrados y la falta de control de esas operaciones del lado de la autoridad palestina, Helman define la situación de Israel como la de un “conflicto armado que no llega a ser una guerra”. Pero, en su concepción, hay en ese contexto un sistema que proteger y, en tal sentido, “aunque en la democracia no todo está permitido, antes que nada deben preservarse los derechos individuales”.
Sabsay destacó cómo el anterior juez de la Corte israelí, Aharón Barak, se pronunció –en un caso producido en la ribera occidental de Cisjordania– de modo contundente, equiparando la presión física moderada (como había definido la justicia militar ciertos mecanismos como el sacudimiento o impedir el sueño) a la tortura lisa y llana –como lo advierten los organismos internacionales–, y ordenó el cese inmediato de cualquier conducta de ese tipo. Esas cuestiones fueron llevadas a la Justicia por palestinos y ongs israelíes. “La lucha contra el terror debe llevarse a cabo dentro de la ley y por medio de los instrumentos que son apropiados para un estado democrático”, afirmó Barak.
Sabsay deslizó que es ingenuo analizar el contexto de una sociedad sacudida por el terrorismo con los parámetros de los tiempos de paz pero, al mismo tiempo, implica el desafío de contar con herramientas para evitar lesionar los derechos humanos y las libertades. El constitucionalista recordó los costos que pagó la Argentina por haberse apartado de este criterio y destacó los peligros de caer en la “trampa del terrorismo” pues, entrando en sus métodos para combatirlo, “el gobernante pierde legitimidad y destruye la coraza de la civilización”.

 Estudioso
del Derecho

Aner Helman es máster en Derecho (diploma de honor) de la Universidad de Tel Aviv.
Se desempeña como fiscal para asuntos de la Corte Suprema en la Fiscalía de Estado del Ministerio de Justicia de Israel desde 1996 y está encargado de las autorizaciones del Estado para apelaciones ante la Corte Suprema, última instancia judicial –en especial, de los pedidos relacionados con asuntos de seguridad, económicos, de inmigración y detenidos en prisión–.
Desde el 2002 es miembro del Comité Interministerial, que asesora al ministro del Interior en los pedidos presentados ante el Estado para recibir el estatus de refugiado en Israel, de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas, y desde el 2003 integra la delegación israelí en Ginebra ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Civiles y Políticos.
También es consejero legal del ministro de Justicia desde 1996.