| | En los alegatos, dijiste que el cambio de calificación a genocidio no habla sólo del pasado, habla también del presente. ¿Por qué llegaron a esa conclusión?
–Es una reflexión bastante compleja. Nosotros pedimos un cambio de calificación. Quiere decir que los delitos por los cuales se lo investigó a Etchecolatz son los mismos, pero el nombre que a esos delitos se les da, para nosotros, no se correspondía con la realidad, porque estos represores habían sido llevados a juicios por homicidio, por tortura, por distintos delitos del Código Penal común, por decirlo de algún modo que sea entendible; pero nosotros creemos que eso no responde a la realidad de lo que ocurrió en la Argentina. Por eso es que después de un largo debate que hemos dado en los organismos de derechos humanos, algunos organismos como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la agrupación HIJOS de La Plata, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Ceprodh, decidimos acusar por genocidio. Y creemos que genocidio habla de lo que pasó en la Argentina, que tuvo un objetivo concreto. Porque genocidio es cuando un grupo de un país decide eliminar a otro y, para nosotros, ese otro grupo a eliminar estaba conformado por todos los que fueran un obstáculo para cambiar la estructura económica del país. Entonces, habla del pasado en ese sentido, porque no fue el objetivo solamente exterminar a las organizaciones armadas que existían en el momento, sino que fue mucho más grande. (...) Y también habla del presente porque el genocidio rompe con esta lógica de que los genocidas son cosas del pasado.
–Más allá de la condena, ¿qué representa este juicio para el futuro?
–Es el primer juicio y por eso es tan significativo. Para nosotros representa, primero, que después de una larga pelea logramos por primera vez que se condene por genocidio. Esto nunca se había peleado en un tribunal; es la primera vez que se pelea que lo que se le dice en la calle se reconozca frente a la Justicia. Para nosotros es un enorme logro. Segundo: que es un punto de apoyo muy importante para empezar a terminar con la impunidad. Sabemos que sólo con fallos no alcanza, que vamos a tener que seguir peleando y luchando mucho, pero que es un punto de apoyo impresionante, porque cambia la lógica de todos los juicios desde el año 1984 para adelante.
–¿Hay otras experiencias, como el caso de la condena por genocidio a Etchecolatz, en otros países que tuvieron dictaduras?
–En España se había discutido genocidio, pero lo que se termina consolidando en la sentencia es crimen de lesa humanidad que es algo más genérico. Y después hay otros tribunales del mundo o internacionales que han recogido el tema del genocidio, pero en un país por el propio Estado, condenando a sus propios represores, es la primera vez.
–¿Cómo llegaron a ser representantes legales de Julio López?
–En esta causa de Etchecolatz, llegamos como representantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que nos conecta con dos detenidos: Julio López y Nilda Eloy, y pasamos a representarlos en forma individual. O sea que vamos al juicio en representación de tres querellas, de la asociación como organismo y de estas dos personas como ex detenidas, que tienen un rol muy importante, porque son querellantes y además, en sus propios casos, interviene Etchecolatz en persona. Nilda Eloy es secuestrada por el propio Etchecolatz y, en el caso de López, el viejo como le decíamos nosotros, Etchecolatz no participa de su operativo de secuestro, pero sí cuando está detenido en Comisaría Quinta, lo tortura y López ve como mata a otras personas.
–¿Por qué sos tan crítica de este programa de protección de testigos y del anuncio que hizo Felipe Solá relacionado con este tema a raíz de la desaparición de López?
–Por varios motivos. Uno: porque hablamos de genocidio, de continuidad del aparato represivo. La persona Silva, que nos puso de contacto el ministro (de Justicia de la provincia de Buenos Aires) León Arslanian para que los organismos vayamos todos los días a recibir de él la información y que está armando la investigación, fue nombrado durante la dictadura. Segundo: porque a Nilda Eloy le pusieron protección policial y la amenazan más que antes. Tercero: porque desde que tiene la protección que le puso Arslanian tiene el honor de que la sigan en un Falcon verde y sin patente, porque la Policía que la cuida anda en un Falcon verde sin patente. Es bastante gráfico que el aparato represivo está intacto, porque a los testigos de este juicio los amenazaban en la sala de testigos antes de declarar policías de la Federal de 24 y 25 años. Creemos que la continuidad es grande y que el mensaje de impunidad que esta gente tiene es grande. No creemos que por ahí pueda venir la solución. Si hay una solución para proteger a los testigos, que fueron más de 130 en este juicio, tiene que pasar por terminar con la impunidad. (...) Cuando (Kirchner) manda a Las Heras a reprimir, el mensaje es claro: los necesitamos y los vamos a volver a usar, entonces eso es entendido por las fuerzas de represión. No podemos creer que hay dos políticas de derechos humanos. En una, mando a reprimir a Las Heras y, en otra, digo que estoy con los derechos humanos.
–¿Está diciendo que Kirchner tiene doble política de derechos humanos?
–Doble política no, porque para que tuviera doble política tendría que haber hecho algo para que estos juicios avancen y no lo hizo. Tiene un doble discurso. Cuando nosotros vamos a presenciar el juicio del Turco Julián, porque ahí estaba el querellante del CELS, nos llamó la atención cómo interrogaba el fiscal. Preguntaba más sobre las características de la víctima que sobre datos que incriminaran al Turco Julián. Salimos bastante asombrados de este panorama, por ahí imperceptible para algunos, pero notorio para los que estamos en derechos humanos. Empezamos a investigar y Raúl Pedro Perotti, el fiscal que representó al Estado nacional en este juicio, que responde a las órdenes de Esteban Righi, el procurador general de la Nación nombrado por el presidente Kirchner, había sido torturador. Este señor representó al Estado. Uno puede decir: se les pasó. No, investigando un poquito más, figura en el libro de las Memorias del CELS de 2005, denunciado como un partícipe de la represión, y el CELS no lo dijo. Y por otra parte, Righi tenía un expediente abierto desde 2005, lo tuvo abierto 6 meses y lo archivó antes del juicio diciendo que no había podido conseguir datos. Terminar con la impunidad en la Argentina es más que un discurso en una plaza o una arenga pública, es tomar medidas en serio. Más que doble política es doble discurso. Atacar la impunidad es meterse con algo muy grande en la Argentina.
–¿Y no ven decisión política de Kirchner para hacerlo?
–No.
–¿Por qué?
–Por esto que te digo. Primero las causas. El Estado se está presentando como víctima, como querellante, se presenta a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso suena bien para la prensa, pero el Estado no es víctima; fue agresor, fue victimario. Lo que tiene que hacer es abrir los archivos de la represión y aportar los datos, no presentarse como víctima, porque desde el aparato del Estado se cometió el genocidio. O sea no tengo una sola señal que me diga que acá hay una doble política; hay un doble discurso. (...)
–¿Cómo se interpreta, entonces, que organizaciones como Madres, Abuelas de Plaza de Mayo estén apoyando la política de derechos humanos del presidente?
–Mucho de lo que hoy discutamos se va a ver en perspectiva, para adelante, cuando el doble discurso se acabe. Creo que ahí se va a saber quiénes quedan como organismos de derechos humanos en la Argentina y quiénes pasan a ser parte de un aparato de gobierno. La política del gobierno fue combinada. Fue una política de discurso, pero también de cooptación enorme.
–¿Kirchner divide a los organismos de derechos humanos?
–Sí. Estela Carlotto venía trabajando con el gobierno de Felipe Solá, desde hace mucho tiempo, casi como un apéndice institucional. Pero el kirchnerismo dividió a tal punto que organismos como Madres de Plaza de Mayo Buenos Aires pasan a trabajar como un apéndice del gobierno. Pero también hizo que dentro del seno de muchos organismos también hubiera divisiones. LA ELEGIDA Myriam Bregman es abogada e integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Participó como querellante en el juicio contra el comisario Miguel Etchecolatz en representación de Julio Jorge López, Nilda Eloy y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
También es representante legal de los trabajadores de Zanon.
Bregman asegura que hay 959 causas abiertas y 211 represores con prisión preventiva. Sostiene que a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se convalidó por ley el punto final, hoy “podemos estar nuevamente ante un punto final de hecho”. “La desaparición busca paralizar” –¿Qué representa la desaparición de Jorge Julio López? ¿Estás de acuerdo con las interpretaciones que has escuchado de los funcionarios nacionales?
–Estuve reunida con Solá, con Arslanian, con Aníbal Fernández, porque les fuimos a reclamar a todos en un primer momento. No tuvimos nunca ninguna duda de que se trataba de un secuestro. A las poquitas horas de que Julio no llegara al alegato, presentamos un hábeas corpus. Creo que tuvimos que enfrentar cosas muy duras, que estuviéramos hablando de un secuestro y que se nos tomara casi en chiste, donde nos dijeron, como Aníbal Fernández lo dijo delante mío, que probablemente estuviese en la casa de la tía o diciéndonos que había muchas hipótesis, todo lo que ustedes conocen que se estuvo tirando. Creo que con el paso de los días nos empiezan a dar la razón. Todas las declaraciones de Felipe Solá van en el sentido de ir reconociendo, incluso, que hay un compromiso de la Policía Bonaerense al menos en el secuestro de Julio. Pero fue muy duro enfrentar discusiones, como en el 76. No nos olvidemos que la metodología de la desaparición tiene el objetivo de paralizar, ya lo vimos en la dictadura. Las madres fueron muy poquitas, las abuelas fueron muy poquitas y hay más de 500 chicos apropiados, porque la metodología de la desaparición es la de parálisis. (...)
–¿Te dolieron las declaraciones de Hebe de Bonafini sobre López?
–Sí. Imagínense que compartí tres meses con Julio López, yendo a las inspecciones oculares, llorando cada vez que Julio testimoniaba, porque realmente es terrible lo que él contó: cómo a las chicas que militaban con él en los barrios las violaban, cómo los fusilaban, cómo Etchecolatz pasaba y los pateaba, cómo monseñor Plaza llevaba gente, que se iba a esconder a la catedral de La Plata, para que los asesine, una señora de 82 años por ejemplo. Duele. Ella tiene todo el derecho de hacer política. No soy nadie para negarle ni a ella ni a nadie, tiene todo su derecho de participar de un partido político, es su completo derecho democrático, el problema es que no puede usar la tradición de Madres de Plaza de Mayo para hacer política con un partido que ha llevado en sus listas por ejemplo a Patti. Apoyar esa política es terrible.
–Hay sectores y partidos políticos que responsabilizan al presidente de la desaparición de López. ¿Comparte ese criterio?
–No se puede ser irresponsable . ¿Kirchner es responsable del secuestro en el sentido que lo mandó a secuestrar? No, ya estaríamos hablando de terrorismo de Estado. Kirchner es responsable de que el 95% de los genocidas, a tres años de anuladas las leyes y a casi cuatro de mandato, sigan en libertad y hagan este tipo de cosas. De eso es responsable, que no es poco. (...) Solamente fueron a juicio dos y fijate que son dos policías. Todavía no fue un solo militar a juicio. Etchecolatz y el Turco Julián son policías. |
JORGE VILLALOBOS
