| La violencia ligada al narcotráfico en México ha entrado en una espiral que no sólo ha superado en ocho meses el número de ejecuciones de 2005, sino que cada vez es más sanguinaria con espectaculares enfrentamientos con bazucas y macabras decapitaciones. Las ejecuciones ligadas al crimen organizado, en su mayoría al narcotráfico, son noticia cotidiana en la prensa y, mientras las autoridades se rehusan a estimar en cifras la violencia, el diario “Reforma” ubica el número de muertes violentas en lo que va del año en 1.185, contra 1.261 en 2005, y “El Universal” en 1.447 en ocho meses. Además de multiplicarse, los ajustes de cuentas entre las bandas rivales son cada vez más sanguinarios con la introducción en 2006 de una nueva y macabra modalidad: las decapitaciones. El episodio más reciente ocurrió el 6 de setiembre, cuando unos sujetos armados irrumpieron violentamente en un cabaret de Uruapán, en Michoacán, y arrojaron en la pista de baile las cabezas de cinco hombres acompañadas de un mensaje. Michoacán se ha convertido en 2006 en el estado más violento de México, con 345 ejecuciones, según la “Reforma”. De éstas, 13 han sido decapitaciones, once de ellas en las últimas seis semanas. Michoacán es uno de los tantos escenarios de la guerra entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo, pero también es campo de operaciones del cártel del Milenio y otras pequeñas organizaciones integradas por familias, enemigas a muerte unas de otras y presuntamente involucradas en estas decapitaciones. Sinaloa –al norte–, centro de operaciones del cártel del mismo nombre, aparece como el segundo estado más violento, con 189 ejecuciones, mientras que Tamaulipas (noreste) es el tercero con 138. Guerrero –al sur–, donde se encuentra el popular balneario de Acapulco, también ha visto incrementar el número de ejecuciones, que ya suman 100 en 2006, con espectaculares balaceras en zonas densamente pobladas. Tabasco –sureste–, un estado habitualmente a salvo de los ajustes de cuentas, fue escenario el pasado 18 de julio de un espectacular intento de rescate de unos presuntos “Zetas” –ex militares de élite reclutados por el narcotráfico– detenidos, en el que salió a relucir hasta una bazuca para derribar un muro de la prisión. Las autoridades explican esta espiral de violencia con el argumento de que responden a ajustes de cuentas entre los jefes de sicarios de los cárteles de la droga, que estarían en una “crisis” debido al encarcelamiento de sus líderes. “Estamos viendo la actuación de los jefes de sicarios porque no están los cerebros operando, en una actuación muy violenta, en la que su única forma de expresión son balas”, dijo en agosto pasado el fiscal del combate al crimen organizado de la Procuraduría General, José Luis Vasconcelos. Pero el procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, en lo que parece un gesto de impotencia, también reconoció el pasado lunes que mientras el narcotráfico está organizado, las autoridades no. “Lo que vemos es que ellos sí están organizados y las autoridades no lo estamos. La única manera de enfrentar la delincuencia organizada es desde los tres niveles de gobierno”, dijo Vasconcelos ante gobernadores de todo México. En efecto, esta falta de colaboración entre las procuradurías de los estados con la PGR impide incluso que las autoridades federales cuenten con una estadística criminal detallada a nivel nacional. En una reunión de gobernadores de distintos estados, el lunes se discutió un proyecto para crear un sistema integral de combate al crimen organizado, pero las diferencias entre los mandatarios echaron por tierra la concreción del documento. La sangre roza los EE. UU. Más de 150 personas han muerto en los nueve primeros meses del año en la guerra entre bandas del crimen organizado en el estado de Tamaulipas–nordeste– por el control de la ciudad fronteriza con Estados Unidos de Nuevo Laredo, una de las más violentas de México. Aunque esta cifra supera considerablemente la registrada en 2005, en los dos últimos meses se ha reducido la sangría, pues 142 de los ejecutados lo fueron durante el primer semestre y en agosto sólo se registraron dos fallecimientos por la violencia entre bandas. El alcalde de la localidad, que colinda con la estadounidense Laredo, Daniel Peña, remite a las fuerzas de seguridad federales, responsables de la lucha contra el narcotráfico, para que expliquen esta situación en Nuevo Laredo, una de las plazas más cotizadas en las rutas del narcotráfico hacia el país vecino. De poco ha servido el operativo México Seguro que implementó hace más de un año el gobierno mexicano con la participación del Ejército y de las fuerzas policiales federales. Durante los seis primeros meses de 2006, 600 efectivos de la Policía Federal Preventiva patrullaron las calles de esta frontera, pero esto no ha amedrentado a los delincuentes e, incluso en marzo, cuatro de estos agentes pasaron a engrosar la lista de víctimas del crimen organizado. También han sido asesinados agentes de las Policías local y estatal, que poco han podido hacer para reducir la violencia en Nuevo Laredo. Ni siquiera las rejas del penal municipal han podido evitar el derramamiento de sangre y este lugar se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, al ser escenario de al menos cinco violentas riñas y espectaculares fugas. Entre los ejecutados de este año se encuentran 12 mujeres y 35 jóvenes menores de 25 años, de los que 15 aún no habían alcanzado los 18. |