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La violación es un acto que simboliza lo absoluto, tanto del poder de quien la ejerce como de la indefensión de quien es sometido a ella.
En estos días sufrimos las idas y vueltas de un drama de la vida real que no surgió de una novela de mala factura sino que una vez más demostró que las miserias reales de los humanos superan al más patético de los culebrones.
Las víctimas, una joven discapacitada, una violación, el descubrimiento del embarazo y una familia que aparentemente tomó una decisión pero no tenía los recursos para efectivizar la interrupción de ese embarazo en tiempo y forma. Una decisión que toman en nuestra Argentina miles de familias, parejas o mujeres solas, ante un problema similar.
Tener o no entre mil y mil quinientos pesos hicieron la diferencia entre haber podido cumplir fácticamente con una decisión tomada o quedar sometidos a la doble victimización, el escarnio y la exposición pública.
Por eso esta familia debió tomar el camino de los pobres que suele terminar pasando por alguna partera o curandera con prácticas que implican grave riesgo de muerte o el servicio público de salud al cual concurrieron.
Primera instancia del vía crucis, profesionales de la salud que están formados para reconocer la existencia y el grado de déficit mental de la consultante, que saben de la urgencia con la que se debe actuar, que son capaces de comprender que en estos casos la ley los habilita para actuar, pero no actúan.
Segunda instancia, profesionales del derecho que tienen a su cargo la administración de justicia pero, en vez de actuar de acuerdo a derecho, no tienen empacho en afirmar, como lo hizo una de las juezas, que se niegan a aplicar la ley por sus convicciones religiosas.
Tercer escalón del calvario familiar, soportar ser colocados en el lugar de los villanos, por parte de otros actores sociales a quienes habitualmente no se los escucha clamar por los miles de niños y adultos que viven y mueren cotidianamente en la miseria más absoluta pero, ante estos casos, sobreactúan un virtuosismo perverso llegando a ofrecer la compra de voluntades de quienes no han tenido, por su pobreza, la posibilidad de elegir qué hacer.
Una vez más la sociedad argentina muestra sus taras y quizás podamos encontrar explicación al porqué pudiendo ser tanto terminamos siendo tan poco. Lo que se mostró estos días no es centralmente un debate sobre la legalización o no del aborto, sino la diferencia entre quienes pueden y quienes no pueden elegir, la existencia de algunos que siempre terminan siendo víctimas una y otra vez y otros que, por acción u omisión, son cómplices de los victimarios.
Victimarios y víctimas que fueron, entonces, muchos más que el tío violador y la joven sometida. En esta tragedia griega, el coro se vio nutrido por protagonistas de toga, sotana y guardapolvo y lo que ofrecieron es el predominio de la hipocresía, el no compromiso y, en todo caso, la cobardía de quienes tienen poder para decidir pero no lo hacen o lo hacen tarde, condenando a la indefensión a una gran porción de la población que carece en la práctica de los más elementales derechos.
En medio de tanto oscurantismo una voz se levantó para dejar en claro su posición. Es la de la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay Molina, que una vez más actúa con honestidad intelectual para decir lo que muchos de sus pares no se atreven. Frases duras y concluyentes la caracterizan, definiciones tajantes para temas que sus pares habitualmente expresan con rodeos, eufemismos y medias palabras.
Argibay declaró que: “Desde 1921 que se dictó el Código Penal se puede interrumpir el embarazo en los casos en que se trate de violación a una mujer idiota. Esto es lo que está en la ley y es lo más importante de todo…”. Por otra parte señaló: “Lo religioso no debe gravitar en una sentencia judicial… la justicia es laica”.
Con respecto a quienes adujeron “no constarles la verdadera existencia de una violación”, los puso de frente a su propia ignorancia enrostrándoles que siempre que hay alguien incapaz, quien lo accede está cometiendo una violación.
Esto nos sugiere una reflexión para agregar al debate, volviendo al comienzo del artículo referido a lo absoluto del acto de violación como ejercicio de poder del victimario y sometimiento inevitable para la víctima.
Cualquier mujer, aun sin ser “idiota o demente” en su vida cotidiana, en el acto de violación es fácticamente incapaz de discernir, opinar o elegir qué hacer con lo que le está pasando. Es decir está momentáneamente incapacitada.
Para algunos administradores del poder, las leyes y la justicia, estas ambigüedades del código les sirven para eludir definiciones. Para la mujer violada que decida no continuar con su embarazo, la diferencia seguirá siendo tener o no tener entre mil y mil quinientos pesos.