GERARDO MARONNA
AFP

Brasil busca desde hace 10 años un punto de equilibrio entre el liberalismo económico y la participación del Estado para dejar de ser un gigante dormido, lograr crecimiento y atender las urgencias de sus casi 60 millones de pobres.
El camino comenzó a ser explorado por el presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, quien en sus ocho años de gobierno (1995-2002) domó la inflación, ordenó las cuentas públicas, dispuso privatizaciones, adoptó el cambio fluctuante y aceleró la apertura económica. Cardoso logró algunas mejoras en la política de distribución de la renta y, mediante el control de la inflación, contribuyó a mitigar las penurias de la masa de pobres.
Sin embargo, sus dos gobiernos tuvieron un magro promedio anual de crecimiento económico de 2,3%.
 Su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, dejó atrás la ortodoxia izquierdista de su Partido de los Trabajadores, mantuvo intacta la política económica heredada y consolidó la estabilidad macroeconómica. Para satisfacción de la comunidad financiera mundial y disgusto de sus históricos compañeros de ruta, Lula siguió a rajatablas las orientaciones de rigor fiscal y honró por anticipado los compromisos pendientes con el FMI.
No obstante, Brasil sigue creciendo por debajo de la media mundial y el año pasado, con un aumento de 2,3% del PIB, apenas pudo superar en ese rubro a Haití, el país más pobre del continente.
Lula, favorito para conseguir su reelección en octubre, puso énfasis en programas de redistribución de renta y asistencia social, algunos de ellos iniciados con Cardoso. Once millones de hogares pobres –unas 50 millones de personas– reciben fondos del gobierno a cambio de enviar a sus hijos a la escuela y cumplir ciertas normas en materia de salud.
Ese matiz asistencial del Estado, de inspiración europea, mitiga el rigor de una política económica más ajustada a las doctrinas monetaristas estadounidenses, observan analistas. “Europa podría ser una referencia porque, en realidad, en Brasil jamás hubo ese Estado de bienestar social que hasta la propia Europa hoy está abandonando”, dijo el experto político Emir Sader. “Cardoso hubiera querido ser un Tony Blair”, dijo en alusión al primer ministro laborista. “Pero terminó haciendo de Margaret Thatcher”, afirmó Sader.
Cardoso derribó los monopolios estatales y privatizó bancos y empresas públicas, salvo algunas consideradas estratégicas como la petrolera Petrobras, pulmón de la economía brasileña. “El gobierno de Lula es una combinación de cosas distintas porque hay una cierta recomposición de algunos sectores estatales y se fortalecen relativamente los programas sociales”, señaló Sader.
Lula apostó también a darle más protagonismo al Estado, pero ahora en alianza con el sector privado (Proyectos Público-Privados, PPP). Desde 2003 está empeñado en fomentar asociaciones de ese tipo para emprendimientos en áreas como las de infraestructura.
El filósofo Ricardo Vélez, en tanto, sostiene que Cardoso no resultó tan liberal ni Lula tan estatista. “El gobierno de Cardoso fue una tentativa de hacer reformas liberalizantes pero en una concepción socialdemócrata con una fuerte capacidad de intervención del Estado”, dijo Vélez, director del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Según Vélez, Lula es un presidente inspirado en “el Estado patrimonial, en el Estado padre de los pobres”. “Gracias al gobierno, hasta el más atrasado pueblito de Brasil miró la Copa Mundial en televisores enviados por el gobierno. Eso seguramente se traducirá en electores (de Lula), pero no necesariamente en menos pobreza”, concluyó.

Chile: continuidad y cambio con los 80

Más que por sus vinos y extensas montañas, Chile se proyecta fuera de sus fronteras por su elogiado y también criticado modelo económico, considerado como el ejemplo más profundo de la aplicación del sistema neoliberal en América Latina. El “modelo chileno” fue instalado a sangre y fuego hace más de tres décadas por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y continuado con un matiz social por los gobiernos democráticos de centroizquierda que reemplazaron a ese régimen hace 16 años.
Bajo los lineamientos de un grupo de economistas formados en la Escuela de Chicago (Estados Unidos), la dictadura inició en 1975 el desmantelamiento del Estado y la profundización de las políticas de apertura comercial. Sólo entre 1985 y 1987, el traspaso de empresas públicas a manos privadas significó para el Estado una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares, estimó hace dos años una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Una de las pocas grandes empresas que los militares no vendieron fue la Corporación del Cobre (Codelco), la mayor proveedora mundial de este metal, que tiene un valor estimado de más de 24.000 millones de dólares.
“Este es el país más capitalista del mundo, el paraíso de la acumulación del capital”, dijo  el economista Marcel Claude, que se define como independiente y desarrolla un trabajo vinculado con movimientos ecologistas. “Aquí el capitalismo es neto, con un Estado que ni siquiera tiene un rol fiscalizador”, sostuvo Claude. “Las ideas fundamentales de los ‘Chicago boys’ eran una copia del modelo norteamericano de capitalismo, el cual, como argumentó Anthony King, se caracteriza por el predominio de una ideología favorable al activo rol de los empresarios y de la empresa privada”, escribía hace un año el analista Carlos Huneeus en “Siete más Siete”.
A diferencia de Europa, el Estado en Chile dejó de tener un rol fiscalizador para cumplir una función reguladora “sin tener la suficiente capacidad”, indicó el economista Sebastián Ainzúa, de la Fundación Terram. “Existe una disyuntiva entre lo que es el modelo y lo que es la estrategia, el énfasis”, agregó Ainzúa, al comparar el sistema aplicado en Chile con las economías “del bienestar” de los países de Europa del Norte.
 Durante la última campaña política que culminó con la elección de la presidenta socialista Michelle Bachelet, en enero pasado, los partidos de la Concertación Democrática que la apoyan destacaron los avances de su modelo liberal con el enfoque de “equidad social”: crecimiento económico de 6%, inflación de 3%, estabilidad social, nivel de pobreza inferior al 20% de la población y tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa, China y otros mercados.
La derecha opositora, partidaria del modelo, criticó sin embargo la concentración del poder económico en pocas manos y la política del “chorreo”, en desmedro de las pequeñas y medianas empresas que carecen del apoyo de la banca y el Estado. La Iglesia Católica denunció en cambio la “escandalosa” brecha entre ricos y pobres, que sitúa a Chile como uno de los países con menor equidad social del planeta. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 10% más rico de la población chilena se lleva 47% de los ingresos, mientras en el otro extremo el 10% más pobre sólo obtiene el 1,2%.
Es el telón de fondo que tuvieron los estudiantes secundarios cuando en mayo pasado protagonizaron la “Revolución de los Pingüinos” en las calles de Santiago y otras ciudades para exigir una educación más igualitaria y situar a la presidenta Bachelet ante el primer estallido social de su gobierno.

ENRIQUE FERNANDEZ
AFP