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Dice el preámbulo de la Magna Charta Universitatum (1), firmado el 18 de septiembre de 1988 por los rectores de las universidades europeas en Bologna, en ocasión del IX centenario de ésta, la más antigua de las universidades europeas: “El porvenir de la humanidad, al finalizar este milenio, depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico que se forja en los centros de cultura, de conocimiento e investigación en que se han convertido las auténticas universidades” y “ proclaman ante los Estados y ante la conciencia de los pueblos los principios fundamentales que deben sustentar el presente y el futuro de la vocación de la universidad.
“1- La universidad es una institución autónoma que de manera crítica produce y trasmite cultura por medio de la investigación y la enseñanza .Abrirse a las necesidades del mundo contemporáneo exige disponer, para su esfuerzo docente e investigador, de una independencia moral y científica frente a cualquier poder político, económico e ideológico.
“2- En las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad investigadora, a fin de que la enseñanza sea igualmente capaz de seguir la evolución de las necesidades y de las exigencias de la sociedad como de los conocimientos científicos.
“3- Siendo la libertad de investigación, de enseñanza y de formación el principio básico de la vida de las universidades, tanto los poderes públicos como las universidades, cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar y promover el respeto a esta exigencia fundamental. Con el rechazo a la intolerancia y mediante el diálogo permanente, la universidad es un lugar de encuentro privilegiado entre profesores, que disponen de la capacidad de trasmitir el saber y los medios para desarrollarlo a través de la investigación, y estudiantes, que tienen el derecho, la voluntad y la capacidad de enriquecerse con ello.
“4- La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo pero con la constante preocupación por alcanzar el saber universal, ignora toda frontera geográfica o política para asumir su misión y afirma la imperiosa necesidad del conocimiento recíproco y de la interacción de las culturas”.
Estos principios fundamentales dejan claramente establecido que las universidades son centros prestigiosos de creatividad e innovación que cuentan con una cultura de la calidad en todas sus actividades y realizan un uso sabio de la libertad académica que les confiere la sociedad. Un análisis de nuestra realidad universitaria actual muestra cuan alejados estamos de estas definiciones y pone en evidencia que el esfuerzo puesto en la búsqueda de horizontes superadores para la institución fracasa frente al activismo político y las luchas partidarias y facciosas. En estos tiempos la captura del gobierno pasó a constituirse en una cuestión esencial y único motivo de debate. Ya no se piensa en cómo organizarse mejor para lograr los fines institucionales y el mejor servicio a la comunidad, sino en cómo apoderarse del poder en relación a los beneficios o perjuicios inmediatos que podrían lograr los diferentes actores. Se habla sólo en términos de representación numérica y pasó a segundo plano, la razón, la calidad académica, los principios fundamentales de la vida universitaria, que no son siquiera mencionados. Se trata de disimular, bajo la consigna dignificante de la “democratización”, una mera disputa de poder.
El saldo de lo ocurrido en la UNC es un tenebroso futuro. La universidad pública agoniza frente a la indiferencia del Estado, de la sociedad, de la clase política, de la justicia y también de muchos de los propios miembros de la comunidad universitaria. Desafortunadamente nuestro país se ha convertido en una “república confrontativa”, donde las soluciones a los problemas sólo aparecen con la manifestaciones de fuerza, las movilizaciones en las calles, la violencia y la falta de respeto, desdibujándose cada vez más el papel de los órganos legislativos y la efectividad e independencia de la Justicia. No cabe duda de que los modelos de gobernabilidad universitaria están estrechamente ligados al carácter autoritario o democrático de la sociedad a la cual pertenecen y claramente reflejan.
Indiscutiblemente la universidad argentina y en particular nuestra Universidad Nacional del Comahue atraviesan una profunda crisis que requiere con urgencia de un proyecto renovador que le dé oxígeno. En el período comprendido entre mediados de la década del 50 y primera mitad de los 60, existió una universidad pública de excelencia, de convicciones fuertemente democráticas y que, asentada sobre los principios de la Reforma de 1918, influyó en el devenir político del país en su conjunto. En esa etapa se inició el camino para lograr un desarrollo científico tecnológico independiente, que fue abruptamente finalizado con la “noche de los bastones largos”. La recuperación de la democracia en 1983 no pudo restaurar aquel modelo de universidad y, si bien se realizó un esfuerzo por volver a establecer los concursos públicos de profesores y la elección de autoridades, la participación colectiva permaneció y permanece ausente. Aquella asociación creativa de docentes, alumnos, autoridades, dirigencia política que exigía más, desapareció y en su lugar aparecieron objetivos menos ambiciosos o subalternos.
Si entendemos que la democracia universitaria significa cumplir con la función que la sociedad nos asigna y para lo cual destina recursos, que a menudo compiten con necesidades básicas insatisfechas de la población, sólo nos queda redoblar el esfuerzo por cumplir con el contrato social implícito que nos exige excelencia académica e inclusión social. Para lograrlo, la democracia universitaria debe combinar necesariamente la expresión de todos sus claustros con la priorización de la opinión basada en el conocimiento ya que, a diferencia de la sociedad política, la comunidad universitaria se organiza sobre una jerarquía en torno al saber, donde la fórmula “un hombre un voto” no es aplicable.
Los actuales mecanismos de elección de autoridades por la propia comunidad universitaria no están exentos de la manipulación de grupos de presión internos o externos y no garantizan representación alguna para la sociedad que la sustenta.
Es imprescindible recuperar el funcionamiento institucional pleno y garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales a docentes, trabajadores no docentes y alumnos de la UNC (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Evitemos hacer realidad la trágica visión de Saramago (2) que en su análisis del funcionamiento de las democracias actuales señala: “Una de las raíces del mal se encuentra en la perversión de un sistema que se niega a sí mismo cada día que pasa y que se ha convertido en un perfecto caldo de cultivo para el crecimiento de la indiferencia y la apatía, para el egoísmo en todas sus manifestaciones, tanto individuales como colectivas. El siguiente paso, el que lleva a trasformar los procedimientos agresivos en norma social de conducta, ya ha sido dado. Desgraciadamente vivimos en él. Siempre podemos reparar el tejado para que no llueva encima, pero si no cuidamos los cimientos, tarde o temprano la casa se derrumbará y con nosotros adentro”.
Es necesario que todos reconozcamos que sólo será posible gobernar la universidad mediante el debate y la búsqueda de los consensos, aceptando el funcionamiento de mayorías y minorías propias de todo sistema democrático, sin presiones ni apresuramientos, valorando cada acuerdo, por pequeño que sea y en los tiempos que requiera el proceso.

    
1: Magna Charta Universitatum. Alma Mater Studiorum Universita Di Bologna. Bolonia University press, 2003. Italia.
2: Visiones de Premios Nobel sobre la Educación Superior. La Educación Superior en el Mundo 2006. La financiación de las universidades. Serie GUNI sobre el compromiso social de las Universidades. Ediciones Munid Prensa 2005, España.