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Tan fácil como pedir documentos y tan evidente como detener por averiguación de identidad; tan sencillo como tomar una fotografía; y tan simple como mostrar un álbum de fotos a quienes se acercan a la Comisaría a denunciar los hechos de los que fueron víctimas hace un rato.
En la rutina policial se pueden distinguir claramente cuatro momentos, que componen una práctica sistemática: primero, la “detención por averiguación de identidad”; segundo, la sesión de fotos que pasarán a integrar un libro; tercero, la exhibición del libro de fotos a las víctimas; y cuarto, la formación de una rueda de reconocimiento, a partir de la “identificación” en el álbum.
En el año 1999, personal policial de la Comisaría 24ª. de Cipolletti detuvo a J.A. junto con unos amigos del equipo de fútbol del barrio, por estar tomando cerveza en la vía pública. Una vez en la unidad policial, procedieron a sacarles fotografías. J.A., un joven moreno y habitante de un barrio periférico de esa ciudad, se atrevió a preguntar el porqué del procedimiento, pero la respuesta fue una bofetada en su rostro, que silenció todos los interrogantes. Pasaron casi dos años y un buen día llegó a su casa una citación para presentarse ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de General Roca. En la sala de espera del tribunal se cruzó con caras conocidas “de vista” en Cipolletti, pero cuando se presentó en la mesa de entradas le hicieron saber que debía participar de una rueda de reconocimiento. Terminado el acto, la titular del Juzgado le comunicó que lo habían reconocido y que le imputaban tentativa de robo con armas, nada más ni nada menos.
J.A. pensó que era una broma, un malentendido, pero no, era el comienzo de una pesadilla. Unos días después, lo citaron nuevamente y en un abrir y cerrar de ojos conoció la benemérita Cárcel de Encausados de Roca. Recién en marzo de 2001 tuvo acceso directo a su expediente, para tratar de desentrañar este kafkiano laberinto y corroborar con fotocopias en mano a la población carcelaria que no mentía, que todo era un error, y de ese modo ser un preso más y no un “refugiado” con todo lo que ello implica. Esa fotografía de 1999 estaba dando sus frutos. Llegó el juicio oral y la víctima no pudo sostener en el interrogatorio del Tribunal la descripción del rostro del supuesto delincuente, a tal punto que los jueces creyeron que “por la descripción que daba el deponente se trataba de un extraterrestre” y no de la persona a quien ellos tenían ante sus ojos.
La pesadilla duró un año y dieciséis días de prisión en el expediente, pero en la vida de J.A. y su familia aún continúa. La fotografía sigue en el álbum de la Comisaría 24ª y, a pesar de las presentaciones de J.A. ante Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el titular de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Provincia de Río Negro, entre otros, no ha logrado que esa maldita foto que lo dejó sin trabajo, sin familia y sin justicia fuera eliminada.
Las carpetas modus operandi o “libros de malvivientes”, como se las denomina institucionalmente, permiten legitimar el “olfato policial”, pero también son el punto de partida para fraguar procesos judiciales. En efecto, estas carpetas dejan la puerta abierta a la Policía para “armar causas”, lo que le permite, por un lado, producir una suerte de derecho penal paralelo y, por el otro, mejorar sus propias estadísticas en “la lucha contra el delito” creando una imagen de “efectividad” ante la comunidad y también frente a las autoridades –estadísticas por otra parte que sabrán hacer valer cuando se reparta el presupuesto y les permitirán de paso quedar mejor posicionados frente a la clase dirigente de turno–.
Como dijo alguna vez Michel Foucault, “el saber es poder” y la Policía, a través de estas carpetas, produce la información necesaria para decidir sobre la realidad que gestionan diariamente en el barrio por donde se mueven.
¿Qué son, entonces, las carpetas modus operandi? En principio, una colección de gente peligrosa, el bestiario de la multitud que se amontona en las periferias. Los sospechosos del barrio. Un inventario de monstruos reunidos en varios tomos. Porque no habrá una sola carpeta, hay tantas carpetas como comisarías. Las carpetas son territoriales: cada comisaría lleva su propio álbum de fotos, donde compila las esfinges de la pobreza, afilia a los “revoltosos” del barrio, “ficha” a los “barderos”, a los menores que se “hicieron la rata” o “hacen huevo” en la esquina, a los que “se la pasan boludeando” en la placita o en el descampado jugando a la pelota.
Las carpetas modus operandi son una manera sutil de prejuzgar al otro por el sólo hecho de ser pobre, estar desocupado o ser “negro”. Cuando la pobreza es considerada la causa del delito, habrá que seguir de cerca a los pobres, visualizarlos, sobre todo cuando son jóvenes y están desocupados o precarizados laboralmente. Para decirlo con otras palabras: el uso de estas carpetas es la forma que asume la seguridad preventiva. Una prevención construida sobre la base de estereotipos que estigmatizan al pobre hasta deshumanizarlo. Una prevención que funciona, por un lado, para incapacitarlos jurídicamente en la medida en que pierden derechos (el derecho a transitar libremente, el derecho a reunirse, a expresarse, a divertirse o a trabajar), y por el otro, como una manera anticipada de castigo. Un castigo que será la amenaza del castigo mayor (la prisión o la muerte en ocasión de “enfrentamiento”, más conocida como gatillo fácil).
Las fotografías no son ingenuas, nunca son inocentes. El valor probatorio de las fotografías hay que buscarlo en el soporte que las contiene. Cuando la fotografía forma parte del archivo policial o de las carpetas modus operandi que lleva cada comisaría de barrio, se está sugiriendo un uso preciso y esa utilización impregna de sentido a la fotografía que se está mostrando.
Las fotografías están cargadas de verdad, vienen con ideología o se llenan de ideología. Esa ideología es la ideología del comisario, son sus prejuicios, las concepciones en las que fue entrenado durante toda su carrera, las prácticas que repite desde hace años; pero es también el sentido común del que mira esas fotos y no se pregunta sobre el origen de las fotografías, que mira las fotos con la ansiedad y la impotencia del que no sabe pero confía que en esas imágenes está la clave para resolver la situación problemática de que fuera víctima. Las fotografías, entonces, no son neutrales ni asépticas. La pretendida objetividad se va desdibujando en el entorno donde resuena, en el contexto inmediato donde se la exhibe.
Ese contexto institucional es el diseño de una política criminal de hecho que la Policía practica cuando mapea el territorio. Una politicidad imposible de aprehender toda vez que su utilización se ha naturalizado, como se ha naturalizado también la petición de documentación para la identificación por parte del personal policial, como se ha naturalizado tomar y exhibir imágenes en la comisaría.
Las carpetas modus operandi constituyen la manera que tiene la Policía de imprimir una identidad cuando se ha desmantelado el Estado social. Cuando se anda sin trabajo y la escuela se vuelve expulsiva, cuando se rompe la sociedad salarial y el Estado se descompromete de toda una serie de problemas que hasta entonces constituían su razón de ser. La manera de imprimir una identidad, estabilizar, de fijar, marcar, clasificar, será a través de las carpetas modus operandi.
Esas imágenes cristalizan concepciones, están cargadas de sentido, de ideología. Los estereotipos son representaciones que visualizan la realidad, que sirven entonces para ver el mundo, pero al mismo tiempo orientan la percepción. Sirven para ver, pero al mismo tiempo nos dicen cómo tenemos que ver.
Favorecen la estigmatización de la realidad. Organizan un mundo maniqueo, donde el otro, invocado casi siempre de una manera peyorativa o despectiva, en la medida en que aparece dotado de atributos negativos, será visto como problema. De allí que los estereotipos que etiquetan construyen al otro como alguien distante, que hay que mantener así: separado o separarse de él. En la medida que los estereotipos estigmatizan, constituyen una manera solapada de discriminación. Es una invitación a la desconfianza ajena.
Las carpetas modus operandi son la mejor prueba de todo ello. Albumes confeccionados y compilados a partir de estereotipos muy difundidos entre miembros de la Policía pero también entre los fiscales y los jueces en general. Se podría trazar una genealogía que va del “gaucho malo” al desocupado, pasando por el “vago”, los “malentretenidos” y los “malvivientes”. En todos estos casos, operaron estereotipos que las instituciones policiales utilizaron en su momento para seleccionar, identificar, definir, clasificar, valorizar y prejuzgar.
El uso de las fotografías suele ser también la manera de dar una respuesta rápida a la víctima que llega a la comisaría a denunciar los hechos. Al mismo tiempo que hace catarsis cuando visiona las fotos, pierde de vista la inoperancia policial. Un impulso revanchista se apodera de la víctima que empezará a ojear sus páginas, que podrá o no elegir una fotografía entre tantas sin darse cuenta de que estará decidiendo sobre la libertad de las personas, sin siquiera preguntarse cómo fue que llegaron a parar esas fotografías a ese álbum y, lo más preocupante, es que tampoco se lo preguntarán fiscales o jueces encargados de controlar esas prácticas. La víctima, entonces, podrá identificar lo que ya había sido identificado por la Policía; corroborará lo que la Policía ya había decidido saber.
Tal es el caso de J.A. que por tomar una cerveza en la vía pública pasó a integrar con su rostro una prueba potencial que, cuando fue necesaria, se utilizó.
El objetivo original de las carpetas es munirse de elementos para la investigación. Pero lo cierto es que no es una investigación concreta que se realiza en función de determinados hechos sucedidos, sino que es potencial: se acumulan datos que el día de mañana pueden llegar a utilizarse en cualquier caso. Estas prácticas de investigación son una forma sutil de hacer “inteligencia interior”. El objetivo indecible está relacionado con la recaudación de información que estará disponible para usos múltiples, una información que extorsiona a los fotografiados por cuanto sabrán que forman parte de una carpeta que los vuelve sospechosos de cada robo que pueda producirse en la zona de la comisaría.
En definitiva, formar parte de las carpetas modus operandi supone volverse sospechoso para siempre o por lo menos por un tiempo bastante largo. De ahora en más, su foto podrá ser exhibida ante cada hecho cometido en el barrio de la comisaría, que será además el barrio donde vive. El solo hecho de la exhibición lo vuelve sospechoso.
 Cada amanecer de todos los J.A. que forman parte de las carpetas modus operandi puede ser el último en libertad, si esas fotos siguen hablando en esos custodiados álbumes fotográficos de las comisarías de este país.

(*) Esteban Rodríguez es abogado y Magíster en Cs. Sociales. Miembro del Colectivo de Investigación Jurídica de La Plata. Beatriz Silva es comunicadora social y miembro del Observatorio de DD.HH. de Río Negro.

Un fallo inédito y la  promesa de reforma

REDACCION CENTRAL
 debates@rionegro.com.ar

En estos días, un fallo de la justicia barilochense ordenó a la Policía  remover de sus álbumes al menos cuatro fotografías de “sospechosos” que no habían cometido delito alguno o eran menores, mientras que el gobierno provincial se comprometió a limitar las amplias facultades que tienen las comisarías en este tema en su proyectada reforma de la Ley Orgánica 1.965 de la Policía de Río Negro.
En un fallo reciente, el juez penal de Bariloche Martín Lozada ordenó a la Regional Tercera de la Policía local remover 4 fotografías de los archivos de la institución y del álbum de la Brigada de Investigaciones, debido a que no registraban antecedentes contravencionales o penales y también a que en dos casos fueron tomadas cuando las personas eran menores de edad. De este modo, hizo lugar a un recurso de hábeas data presentado por cuatro jóvenes afectados para que se borren sus datos y fotografías de ese álbum. Lozada destacó que las fotos y los datos filiatorios fueron en casi todos los casos obtenidos por la Policía en procedimientos por “averiguación de antecedentes” y “ninguno de los denunciantes registra antecedentes penales ni contravencionales sustanciados en su contra”. Agrega que “en el caso de los dos primeros nombrados, las fotografías que los retratan en el álbum referido les fueron extraídas en ocasión de ser menores de edad”.
El magistrado consideró que la presencia de sus rostros contrarían varios derechos constitucionales y humanos, entre ellos “el principio de inocencia” (art. 18 de la Constitución Nacional); la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación (art. 16 de la C.N.), así como el principio de razonabilidad en la limitación de los derechos (art. 28 de la C.N.); el derecho a la intimidad, al buen nombre y al honor (art. 19 de la C.N.); la prohibición de “ingerencias arbitrarias” y la “libertad personal” protegidas además en tratados como el Pacto de San José de Costa Rica y de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscriptos por el país.
Consultado al respecto, el secretario de Seguridad de Río Negro, Miguel Bermejo, sostuvo su “total coincidencia en ese aspecto. Es un fallo muy interesante. No podemos tener sospechas colectivas indiscriminadas sobre los ciudadanos en un Estado de Derecho y democrático”. Recordó que la Ley Orgánica de la Policía de la provincia, la 1.965, autoriza a la Policía a “vigilar, clasificar y registrar en prontuarios a personas habitualmente dedicadas a toda actividad que la Policía deba prevenir o reprimir”, pero destacó que el gobierno “ya ha propuesto una reforma a esa ley para acotar fuertemente estas facultades discrecionales y adecuarlas a las garantías que la Constitución Provincial, Nacional y los tratados internacionales dan a las personas”.
Agregó que “en esos álbumes no deben estar personas inocentes, menores, ni procesados a los cuales se haya luego absuelto”. Puntualizó que “en este tema hay otro aspecto: la celeridad de los procesos penales. Si se aceleraran estos tiempos, se podría determinar en menor cantidad de tiempo si corresponde o no tenerlos en el álbum”. “Se debe armonizar libertad con seguridad: los álbumes son herramientas para la investigación del delito, para que la Policía sepa quiénes operan en su zona y para que las eventuales víctimas de un delito puedan identificar a personas con sospechas fundadas de haberlo cometido. Pero bajo supervisión del poder político y respetando las garantías”, finalizó.