En América Latina se ha promovido un debate internacional sobre un Estatuto del Derecho a la Ciudad (ya incorporado a Constituciones como Brasil, Colombia, entre otras) que reconoce plenamente los derechos colectivos. Otro antecedente son los pueblos originarios que hacían un bien común de la tierra, por ello la importancia de considerar al suelo como un derecho social para proclamar nuestra responsabilidad hacia los otros.

Al mismo tiempo, estos derechos de propiedad y la naturaleza del accionar del Estado con respecto al uso del suelo y el control del desarrollo han sido enfrentados por aquellos grupos económicos que favorecen un enfoque incondicional de los derechos de propiedad privada, contribuyendo así al proceso de segregación socioespacial en la ciudad.

En este contexto, se debe ir construyendo un marco de regulación sobre el desarrollo y la gestión del suelo urbano, donde el derecho urbanístico contribuya a crear las condiciones para ciudades más inclusivas y equitativas.

Un territorio está cruzado por múltiples variables. Un ejemplo de esto son los espacios verdes públicos, de los cuales podemos tener distintas miradas. En lo ambiental, son un pulmón verde y también un soporte hídrico para el escurrimiento del agua de lluvia. En lo urbano, un lugar de encuentro y de intercambio, donde fluye la información. En lo social, se da la contención con los equipamientos deportivos y recreativos. En lo económico, aporta valor al suelo y genera riqueza ante el aumento del precio inmobiliario de las propiedades frentistas y del entorno próximo.

Interrelacionar la complejidad de variables que cruzan el territorio nos permite que la gestión de la ciudad tenga más cohesión social y equidad, con lo cual es fundamental que las políticas urbanas se aborden interdisciplinariamente para reducir así progresivamente la desigualdad social. En caso contrario solo estaríamos haciendo obra pública para un efecto político de inmediatez.

En los últimos años en Roca se ha invertido una parte importante de los recursos en mejorar el espacio público y la calidad de su paisaje. Pero todavía hay un largo camino por recorrer en aplicar herramientas de gestión para redistribuir las rentas inmobiliarias que permitan la posibilidad de acceder legalmente al suelo a los que no lo tienen y también resolver las "tomas" existentes.

Para que nuestra ciudad supere el permanente déficit de suelo servido por infraestructuras con accesibilidad a todos los sectores, se hace necesario que el Estado intervenga en el mercado de suelos para generar financiamiento.

Es clave que en la agenda de la política pública local se debatan las herramientas de captación para una parte de la renta del negocio inmobiliario surgido de los loteos y también de la valoración del suelo que la inversión en obra pública genera a los propietarios. Con estas alternativas habría una mejor calidad de vida, se lograría una mayor equidad en el acceso al suelo convirtiéndose en una apuesta fuerte a la sostenibilidad de la ciudad.