El 17 de junio de este año la sociedad neuquina se conmovió con la noticia de una nueva víctima de la violencia. En la madrugada de ese día el joven Javier Galar murió como consecuencia de los golpes recibidos por parte de un grupo de cinco personas, entre ellas un menor de 17 años.

A tres meses del trágico hecho aún quedan muchas preguntas sin respuestas que nutren el sentimiento de inseguridad y desamparo entre los familiares de la víctima, sus amistades y el resto de la comunidad.

A fines de julio los cuatro mayores implicados en la muerte de Galar recuperaron su libertad. Inmediatamente el fallo judicial fue criticado por la familia Galar en el marco de una manifestación de dos mil personas donde más de un orador solicitó la modificación de las leyes y el endurecimiento de las penas. El acto se realizó en la esquina de la diagonal 9 de Julio y Belgrano, en el mismo lugar donde el joven Galar perdió la vida.

Si bien el reclamo por la falta de seguridad está presente en todo el país, este

nuevo caso reabrió la discusión sobre el accionar de la Justicia y la Policía neuquinas. El reclamo de justicia por Javier Galar pronto se hizo extensivo a otros casos ocurridos en la ciudad que aún siguen impunes como los de Alejandra Zarza, Sergio Avalos y Pablo Ramírez.

Además, lo que ocurrió con Galar puso en el centro de la escena la preocupación por la violencia juvenil y la falta de espacios de contención para los menores.

En el marco del debate sobre la seguridad de los ciu

dadanos, el Ejecutivo municipal aprobó la instalación de cámaras de vigilancia en varios edificios públicos. Esa decisión cosechó críticas desde diversos sectores sociales y políticos que cuestionan la implementación de un sistema de filmación como medida de control del delito.

Por otra parte, los sucesivos episodios de agresiones y actos de vandalismo ocurridos este año en el microcentro de la ciudad, que en muchos casos tuvieron como protagonistas a menores de edad, también abonaron el debate sobre la falta de seguridad, el incremento de la violencia y la necesidad de profundizar las medidas de prevención.

En más de una ocasión los comercios ubicados sobre la avenida Argentina se convirtieron en el blanco de los destrozos ante la mirada pasiva de las fuerzas de seguridad. Las autoridades provinciales argumentaron entonces que la intervención de la policía durante los desmanes hubiera provocado un grado de violencia mayor. Esas declaraciones fueron cuestionadas por el grupo de comerciantes perjudicados por los actos de vandalismo.

"El tema de la seguridad es una de las preocupaciones permanentes, pero creo que no sólo es acá sino que es una inquietud a nivel provincial y nacional porque la seguridad tiene que ver con un problema social más complejo, que no permite una solución inmediata", comentó el titular de la cámara comercial local, Edgardo Phiellip, al ser consultado sobre el tema.

El mismo planteo fue defendido por las autoridades de la comuna. "La inseguridad es un tema que hay que analizarlo en profundidad y no a partir de hechos desgraciados que pueden hacer perder la objetividad", sostuvieron desde el gobierno municipal.