VIEDMA (AV).- El STJ deberá definir si corresponde allanar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para obtener documentación y saber por qué se envió al archivo la causa por el presunto enriquecimiento ilícito del legislador Daniel Sartor. El pedido para que se entregue el expediente fue presentado inicialmente por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pero los responsables de la Fiscalía lo rechazaron.

Luego, la titular del organismo de control recurrió al juez penal, Carlos Reussi, quien rechazó la solicitud de allanar las dependencias oficiales. El magistrado dictaminó entonces que "una medida de allanamiento del despacho del fiscal de Investigaciones Administrativas aparece en principio como un impulso extremo que exorbita la situación planteada, que excede la lógica legal del sistema y que corre los ejes de tratamiento entre organismos constitucionales".

Ante la negativa, Piccinini recurrió a la Cámara Criminal de Viedma que integran Susana Milicich de Videla, Eduardo Giménez y María del Carmen Vivas de Vásquez, el 5 de este mes se declararon incompetentes y remitieron la acción al STJ. La primera de los camaristas, expresó que cuando "un funcionario o ente público no cumpliere con un deber concreto impuesto por la Constitución, un ley, un decreto, ordenanza o resolución, el examen y decisión consecuente es competencia originaria y excluyente del STJ". Coincidieron con su voto los restantes camaristas y la definición al respecto queda ahora en manos de ese máximo cuerpo judicial.

El 25 de noviembre de 2009 Piccinini dedujo acción ante el juez penal de turno, en virtud de sus facultades, con el fin de solicitar se libre orden de allanamiento contra la FIA. Fundó el requerimiento, en virtud de las denegatorias por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de suministrar la documentación requerida, que sirvió para archivar el expediente por presunto enriquecimiento ilícito del Legislador Daniel Sartor y justificar el incremento patrimonial cuestionado.