A 25 días de su excarcelación, Paula Aballay, la esposa del jefe de la bancaria Juan José Zanola, volvió hoy a quedar detenida sorpresivamente, cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió investigarla por el delito de "lavado de dinero".

El juez firmó la orden de detención de Aballay justo minutos después de que la Cámara de Casación Penal confirmara el rechazo a la excarcelación que había solicitado el propio Zanola, junto a un grupo de procesados y arrestados en la causa por la llamada "mafia de los medicamentos".

Hasta ahora, Aballay, esposa de Zanola y subdirectora del Policlínico Bancario, había sido arrestada el 3 de noviembre pasado junto a su esposo pero era la única de los procesados en la causa de los medicamentos que había conseguido salir de prisión, pese a los cargos que pesaban sobre ella como supuesta organizadora de una asociación ilícita.

Al conocer la noticia de su captura, la policía fue hasta la casa de los Zanola pero no encontraron a la mujer. Fue ella misma la que, a las 18, se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde quedó arrestada, y fue trasladada a una sede policial a la espera de ser indagada mañana por el juez Oyarbide por los nuevos delitos que se le imputan.

En la causa, Oyarbide le había negado a Aballay la posibilidad de excarcelara pero fue la Sala I de la Cámara Federal, durante la feria judicial, la que le otorgó ese beneficio el pasado 15 de enero, en una medida que fue duramente cuestionada por los otros procesados que vieron en la medida una suerte de privilegio para la esposa de Zanola.

Su situación cambió en los últimos días luego de un dictamen del fiscal de Cámara Raúl Plée -a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo-, en donde pedía ampliar la investigación hacia la ruta del dinero en la mafia de los medicamentos.

En ese dictamen, Plée dijo que el caso de la mafia de los medicamentos podía esconder el delito de "lavado de activos" a través de una triangulación entre la Obra Social Bancaria Argentina, la droguería San Javier -a cargo de Néstor Lorenzo, preso en la causa-, y el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, vinculado al triple crimen de General Rodríguez en el que fueron asesinados tres gerentes de empresas farmacéuticas.

Precisamente, en la causa, está detenida Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, uno de las victimas de ese triple crimen, y dueño de la droguería -Pharma Group- que había vendido medicamentos a la obra social bancaria.

Según Pleé, habría existido un "circuito que recorrería el dinero que se depositaba en efectivo en las cuentas de Multipharma y la Obra Social Bancaria Argentina, que posteriormente era debitado mediante cheques librados a nombre de Droguería San Javier, los que finalmente eran depositados en la cuenta de Pérez Corradi para ser extraídos en efectivo".

Para el fiscal, la maniobra tenia "por finalidad realizar operaciones económicas que otorgan una apariencia de licitud a esos fondos cuyo origen sería producto de los delitos que se encuentran siendo investigados en la causa" de la mafia de los medicamentos".

Con esos datos, Oyarbide consideró que la función de Aballay como Subdirectora del Policlínico Bancario (POBA) y su situación de procesada como organizadora de una asociación ilícita "resultan indicios suficientes para considerar la participación activa que la misma tendría en los hechos referidos, máxime si tenemos en cuenta la relación sentimental que la une con el jefe de esta asociación (Juan José Zanola) y el conocimiento que por ello tampoco resultaba ajeno al mismo".

El fiscal se basó en diversos cheques secuestrados en allanamientos y documentos contables secuestrados en la droguería San Javier, muchos de los cuales estaban firmados por el propio Zanola.

Frente a la necesidad de profundizar esa sospecha, el juez Oyarbide dispuso que Aballay quede tras las rejas porque -a su libertad "podría comprometer seriamente el avance" de la causa, "sustrayendo pruebas vitales para descubrir la verdad", o avisando a "personas" aun no comprometidas en el caso, de acuerdo a la resolución a la que accedió DyN.

Incluso, Oyarbide hizo hincapié sobre una presentación que acercó la intervención de la OSCBA en donde se informa que la obra social bancaria "tendría una deuda de 500 millones de pesos, un déficit mensual de 5 millones y que no pagaba aportes previsionales ni los salarios a tiempo".

También reportó que nominalmente aparecían 170 mil afiliados cuando, en realidad, había 117 mil, además de todos los atrasos en la entrega de medicación y el déficit en las prestaciones.

"Dichas anomalías corresponden ser investigadas a la luz de las pruebas ya reunidas y otras que surjan con el avance de la causa", dijo Oyarbide al incluir las nuevas sospechas sobre Aballay.

Es que el juez cita numerosos testimonios señalaban que Aballay "gobernaba todo el Policlínico y la OSBA con el consenso de Zanola que era su jefe y su pareja y sin la orden de ellos no se podía hacer nada".

Además de la resolución de Oyarbide, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó excarcelar a Zanola y a otros seis procesados.

Ellos fueron el ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Miguel De Marcos; su hijo Martín, socio de la droguería Bisol; María Victoria Berisso, secretaria de Néstor Lorenzo; y de tres integrantes de la droguería Del Plata, Alejandro Martino, Alexia Bergalli y Bernardo Hogan.

DyN.-