No es necesario ser un economista para entender que los generosos sistemas jubilatorios de los países ricos tienen los días contados. Basta con saber sumar y dividir. Esquemas que funcionaban de manera adecuada cuando los mayores de 65 años constituían una minoría reducida sencillamente no podrán mantenerse si, como pronto será el caso en España, superan el 25% de la población total. Consciente de esta realidad, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se ha propuesto aumentar gradualmente la edad para jubilarse desde los 65 años actuales hasta los 67 a partir del 2025. Aunque en vista del envejecimiento muy rápido de España la reforma así supuesta sería absurdamente modesta, políticos izquierdistas y conservadores, además de sindicalistas, reaccionaron con indignación. Según ellos, se trata de un zarpazo brutal destinado a privar a la gente de derechos adquiridos que hay que defender cueste lo que costare.

Los españoles no son los únicos que piensan así. En todos los países europeos la resistencia a modificar sistemas jubilatorios que acaso fueron apropiados para las condiciones demográficas de las décadas finales del siglo XIX es tan fuerte que escasean los políticos que se animen a señalar que ya han dejado de ser viables. Es por lo tanto virtualmente inevitable que, lo mismo que sus equivalentes argentinos, los esquemas europeos se desmoronen sin que nadie se haga cargo hasta que, con pocas excepciones, los jubilados terminen cobrando una fracción miserable de lo que habían previsto.

Una consecuencia natural del envejecimiento de la población de países como España es que los jubilados y los que pronto tendrán la edad suficiente como para engrosar sus filas cuentan con cada vez más poder político, razón por la que quienes dependen de sus votos son reacios a decir cualquier cosa que pudiera ofenderlos aun cuando sepan muy bien que si ellos no desactivan la bomba de tiempo que se ha construido tarde o temprano estallará. El aumento constante de la proporción de votantes de "la tercera edad" significa que, cuanto más precarios sean los sistemas previsionales, más difícil se hará reformarlos, lo que garantiza que llegará el día en que se derrumben en medio de una crisis generalizada, como en efecto ha sucedido en nuestro país. En las últimas décadas se ha incrementado tanto la expectativa de vida promedio que, de aplicarse las mismas normas que imperaban hace un siglo cuando los alemanes, que fueron los pioneros en la materia, decidieron que convendría que todos los ancianos cobraran una pensión digna, para jubilarse sería necesario alcanzar los noventa años o más. Otra opción consistiría en dejar de suponer que lo normal sea que "los activos" se conviertan en "pasivos" a una edad determinada -en buena parte del mundo se ha optado por los 65 años- para que en adelante dependa de la salud, la voluntad y la capacidad de trabajo de cada uno, pero por motivos sin duda comprensibles las alternativas de aumentar mucho la edad para jubilarse o abolirla parecen demasiado radicales como para ser tomadas en serio.

Con el propósito declarado de atenuar los problemas ocasionados por el envejecimiento de la población de todos los países europeos, los dirigentes políticos abrieron las puertas a decenas de millones de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo. Es posible que dicha "solución" haya producido algunos beneficios económicos en el corto plazo, pero también ha provocado un sinfín de problemas sociales imputables a la falta de interés de los recién venidos en integrarse a sociedades que les parecen decadentes, problemas que se han visto agravados por la recesión, sobre todo en España, donde más de un millón de inmigrantes han perdido el trabajo. También se han visto brutalmente golpeados los españoles de menos de 25 años; más del 40% están sin empleo. Es que para los europeos jóvenes el legado que les están preparando sus mayores difícilmente podría ser peor. No sólo tendrán que vivir en sociedades agitadas por tensiones étnicas y religiosas que podrían resultar inmanejables sino que también se verán obligados a pagar impuestos cada vez más altos para que los integrantes de la generación responsable del desaguisado socioeconómico que se ha producido puedan vivir con un mínimo de dignidad.