Cuando Sapag retorne de su viaje a Estados Unidos el lunes 15, habrá promediado el verano, se habrá diluido la distensión que siempre traen las vacaciones sobre las cosas públicas y el cúmulo de dificultades que acosan al gobierno volverá a presentarse en toda su magnitud. Para empezar, el próximo 22, fecha prevista para el comienzo de las clases, el gobierno atravesará su primera prueba de fuego del año.
"La idea es trabajar en un armisticio que nos permita transitar la primera mitad del año y esperar para ver cómo evolucionan el dólar, las cuentas públicas y la reforma fiscal", deslizó una alta fuente de gobierno ante la posibilidad cierta de que ATEN lance un paro que impida el normal inicio de clases.
La fuente admitió que los gremialistas "necesitan mantener la bandera en alto" y que por eso mismo el gobierno facilitará el diálogo. Precisamente, adelantó que a su regreso de Houston Sapag podría mantener un contacto con los docentes. Pero advirtió que las cuentas de la provincia "están escoradas" y que "otro aumento nos tumbaría". "Por ahora no podemos dar nada y lo mismo corre para los otros poderes del Estado. El gobernador ya se los dijo", subrayó.
En el caso de la problemática docente, al gobierno también le preocupa el tema de la calidad de la educación; un cálculo que lo atormenta es el que le indica que, por licencias, "cada año hay unos 6.500 docentes que no trabajan".
En realidad en el gobierno sigue habiendo una interna entre los sectores que plantean la necesidad de mantener una postura inflexible ante los aumentos y aquellos que piensan que, pase lo que pasare, el gobierno deberá encarar una recomposición para todos, para los docentes que el año pasado ya se llevaron una mejora y para los empleados de la administración centralizada que, a excepción del sector Salud, en el 2009 no tuvieron ninguna compensación por el aumento del costo de vida.
Entre los primeros revistan varios ministros, en particular la titular de Hacienda, Esther Ruiz, y el secretario de Educación, Ernesto Seguel, que esta semana endureció su discurso al advertir que está abierto al diálogo pero "no a la extorsión" del gremio docente. No puede ser, indicó, "que lo único que se quiera discutir sean salarios".
En el otro extremo de las posturas "duras" se anotan los que piensan que "más vale dar un aumento escalonado desde ahora que terminar aflojando después de un desgaste de meses, con huelgas y conflictividad en ascenso". Quien lidera este tipo de pensamiento es el ministro de Gobierno y Trabajo, Jorge Tobares, cuyo perfil se ha desdibujado un tanto desde que perdió Educación, pero conserva buena reputación como negociador entre los sindicalistas y también en las filas oficiales, donde los colaboradores con muñeca política escasean.
En este sector del gobierno no ven con malos ojos una iniciativa legislativa que propone la creación de un Consejo Provincial de Políticas Públicas, formado por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y los gremios, que permita encauzar el debate sobre las cuestiones laborales y salariales de empleados públicos y docentes.
Esta suerte de válvula de escape permitiría atenuar el impacto de las demandas sindicales y funcionaría como un órgano consultivo para consensuar políticas con todos los sectores. Sus decisiones tendrían el carácter de recomendaciones al Ejecutivo.
Un proyecto de ley sobre el tema aterrizará en los próximos días en la Legislatura de la mano de un diputado cercano al gobierno y todo indica que contará con el respaldo del bloque del MPN.
Otro asunto sensible para el oficialismo es el de la infraestructura escolar. Todos los años hay una suerte de minué sobre el tema: el gobierno sale a decir que las escuelas están en condiciones y el gremio docente que no. Este año no es la excepción y, aunque desde la administración sapagista se jura y perjura que para el 22 los edificios estarán en perfectas condiciones, ATEN ya salió a advertir que muchas escuelas no podrán comenzar.
El de los docentes no es el único desafío que espera este año el gobierno. En el capítulo económico Sapag jugó sus cartas a un incremento de las regalías a través del gas de arenas compactas y los nuevos yacimientos y a una mejora de los ingresos a través de la reforma fiscal. Los resultados se comenzarán a ver después del primer trimestre del año y en buena medida dependerán también de la salud de la economía nacional: si a pesar de los tropiezos políticos hay crecimiento, los recursos aumentarán para el país y para Neuquén. En esto, el sapagismo ha atado su destino al gobierno nacional, con lo bueno y lo malo que eso tiene.
En el plano político, el mayor desafío del año para Sapag será la interna para la elección de autoridades partidarias del MPN. La convocatoria podría verificarse en abril o mayo y la decisión podría surgir de la Junta de Gobierno o de un emplazamiento judicial.
Agotada la posibilidad de dirimir el asunto a través de figuras sustitutas, como era el fallido acuerdo para llevar a Salvatori a la Junta de Gobierno y a Lores a la Convención, a Sapag sólo le resta nuclear la mayor cantidad de fuerzas y esperar a que juegue su adversario. Recién entonces sabrá si debe usar su última carta.
No es posible saber qué hará Sobisch. Si decidiera retirarse de la política o, al menos, dilatar su ´rentrée´ hasta el 2011 -es decir eludir una pulseada que no es imprescindible pero lo puede sacar definitivamente del juego para ir directamente por la gobernación-, Sapag podría dejar el tema en manos de una persona de confianza, sea o no su hermana Luz.
Pero si Sobisch decidiera jugar esta mano, todo indica que al gobernador no le quedaría otra alternativa que apurar de una vez el pleito con su antiguo socio y actual adversario. Por lo pronto, antes de partir para Estados Unidos el gobernador les pidió a los intendentes que comenzaran a trabajar con los diputados en la elaboración de una lista. "A la vuelta vamos a hablar", les dijo.
HECTOR MAURIÑO