Declaraciones recientes formuladas por el gobernador de la provincia Miguel Saiz y por la titular del área de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, alertan y preocupan pues manifiestan la intención del gobierno de la provincia de prorrogar las concesiones vigentes que vencerán entre el 2015 y el 2020.

A este tema queremos referirnos, para lo cual es necesario precisar algunos aspectos.

Primero, lo que hace a la política de hidrocarburos en el país. Sin dudas la responsable de buena parte de los males que sufrimos en materia de hidrocarburos es dicha política, especialmente con las privatizaciones de YPF y Gas de Estado y la desnacionalización de la propiedad de los recursos, que deben ser de todos los argentinos, con una fuerte participación de las provincias en la renta y gestión.

Segundo, a las licitaciones recientes en la provincia de áreas para ser exploradas con el afán de incrementar las reservas de petróleo y gas natural que se encuentran en niveles preocupantes.

Por último, la prórroga inconveniente de las actuales concesiones petroleras provinciales, que recién vencerán en el 2015 ó 2020, sin la previa intervención de la Legislatura en la aprobación de la normativa y sin la difusión a la ciudadanía del comportamiento de las empresas concesionarias a lo largo de su accionar en las áreas que operan, mediante una auditoría.

Sin estos recaudos no aceptaremos, ni debiera hacerlo ningún rionegrino, el proceso de prórroga habida cuenta de los 5 ó 10 años que aún faltan para el vencimiento de las concesiones.

Las reservas comprobadas de la provincia en el 2008 eran un 5% menores que en el 2004, es decir que se extrajo más petróleo que el que se incorporó.

Las reservas de Río Negro que en el 2004 eran el 5,2% de las del país, bajaron en el 2008 al 4,9%.

Esto significa que:

-no se hicieron las inversiones en exploración necesarias para incorporar más reservas y sólo se dedicaron a extraer.

-los yacimientos concesionados no posibilitaban la incorporación de reservas por haber sido fuertemente explotados y no quedar áreas para explorar.

- no se incrementó el porcentaje de recuperación del petróleo in situ, mediante la incorporación de tecnología (es decir más inversiones) que es una forma de incorporar reservas sin perforar pozos exploratorios.

El panorama se agrava si se observa que las reservas probables han bajado de 9.608 miles de metros cúbicos en el 2004 a 4.813 en el 2008. Es decir que parte de las reservas adicionadas en el período ha sido de estructuras de muy bajo riesgo exploratorio.

Las regalías provenientes de la producción de hidrocarburos

Río Negro no es una provincia donde las regalías representen una parte esencial de su presupuesto.

En el año 2004, las correspondientes al petróleo, gas natural, GLP y gasolina sumaron unos 48 millones de dólares y en el 2008 unos 91 millones de dólares (el 82% por petróleo), que representaron el 9% del presupuesto total provincial del 2008. En Neuquén han llegado a representar casi el 50%.

Como puede apreciarse, estos casi 292 millones de pesos del 2008, si bien no son una cifra despreciable, no se constituyen en una solución para los problemas económicos de la provincia.

Esto es importante para dimensionar la real importancia de los hidrocarburos para el presupuesto de ingresos de la provincia.

La prórroga de las concesiones petroleras en Río Negro

Según el artículo 35 de la ley 17.319:" las concesiones de explotación tendrán una vigencia de 25 años. El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por 10 años, en las condiciones que se establezcan al otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la misma. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de seis meses al vencimiento de la concesión".

Como en el año 2007 las provincias se constituyeron en cotitulares de las concesiones que había adjudicado el Estado nacional, Río Negro está legalmente facultada para otorgar esta prórroga.

Pero hay una condición, establecida en el vigente artículo 35 de la ley 17.319: el concesionario debió haber dado buen cumplimiento a sus obligaciones en la explotación de las áreas. En consecuencia, es ineludible, antes de proceder a otorgar las prórrogas, auditar detenida y detalladamente las acciones de las concesionarias desde el momento del otorgamiento de las concesiones hasta la actualidad.

Las prórrogas deben ser concedidas por ley de la Legislatura de Río Negro y para ello los legisladores deben contar con toda la información pertinente, que les permita asegurar a la ciudadanía que las concesionarias son "merecedoras" por su buen comportamiento de las mencionadas prórrogas, pues estas decisiones superan el mandato del actual gobernador.

En consecuencia, no debe prevalecer la urgencia sino la prudencia en esta decisión, especialmente cuando los 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento de los pedidos de prórroga están aún muy lejanos.

Pero ¿cuál es la razón para tener apuro? Hasta ahora los casos similares prueban que la razón esencial de los gobiernos de las provincias fue hacer caja o beneficiarse con comisiones por otorgamiento de las prórrogas en ocasión del aporte inicial que generalmente se abona para lograrlas.

Se suele aducir, para apurar el otorgamiento de las prórrogas, que éstas deben hacerse bastante antes del vencimiento de las concesiones pues, de otra manera, las empresas dejarán de invertir, al menos en exploración, pues el período de maduración de estas inversiones no baja de los 4 años, pero resulta que las concesiones son de explotación y en estos casos las inversiones maduran en 1 ó 2 años.

Por otra parte, con el razonamiento de la prórroga inmediata, se estaría transformando la concesión, que es contrato para extraer petróleo, en una transferencia del derecho de dominio del recurso, que por la ley vigente pertenece a la provincia. De hecho quienes propician las extensiones de las concesiones lo harían contra la ley hasta el final de la vida útil de los yacimientos.

Adicionalmente, efectuar un nuevo llamado a licitación de las áreas, en lugar de la prórroga, posibilitaría la presentación de oferentes que mejoraran las condiciones de explotación de concesiones, que resultan de una conversión de las que tenía YPF estatal a las multinacionales privadas, olvidándose que el actual titular está obligado por la ley 17.319 a seguir invirtiendo hasta el final de su contrato, si es que éste se confeccionó adecuadamente.

En los hechos serían 20 las concesiones de explotación petrolera a ser prorrogadas por el actual gobierno provincial.

En Río Negro, 28 concesiones corresponderían al otorgamiento del Estado nacional, de las cuales 22 vencerán antes del 2020 y algunas en el 2015. Con la aprobación de las prórrogas se intenta extender los derechos de las concesionarias hasta el 2025 y 2030, según el caso.

Por todos los argumentos aquí detallados y en el contexto de la lamentable legislación petrolera vigente nos oponemos a la prórroga de las concesiones, proponemos que si las empresas no han cumplido con sus compromisos de inversión, no se las premie sino que las áreas reviertan al Estado, quien las podrá explotar con su empresa estatal y en caso contrario accionaremos administrativa y judicialmente para impedir estas prórrogas.