Legisladores nacionales del  radicalismo presentaron hoy una denuncia penal contra la presidenta  Cristina Fernández y su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, por  la presunta comisión de delitos de acción pública a raíz de la  compra de 2 millones de dólares para adquirir un hotel en El  Calafate.

El escrito fue presentado hoy por el senador tucumano José  Cano y los diputados Silvana Giúdici (Capital) y Rubén Lanceta  (Buenos Aires), y se suma a la denuncia que ya había radicado el último  miércoles la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió.

Según se informó, los legisladores de la UCR entienden que la  "compra significativa de activos" por parte de Kirchner "debe dar  lugar a sospechas acerca del manejo de información reservada" y  "se presume que el matrimonio habría incrementado el valor de su  patrimonio a raíz de decisiones de política económica".

En la denuncia, que se encuentra en el Juzgado 9, actuación  1393/10 del juez Julián Ercolini, los radicales también involucraron  a "todos aquellos que resulten penalmente responsables de la  supuesta comisión de delitos de revelación de secretos", de acuerdo al  artículo 157 del Código Penal.

También se basa en la norma que "reprime a los funcionarios  públicos que, con fines de lucro, utilicen para ellos mismos o para  terceros información reservada que hayan conocido en razón de su  cargo".

En ese sentido, el senador Cano recordó en diálogo con DyN que  cuando el ex titular del Banco Central Martín Redrado "habló de  los amigos del poder, se refería a la lista en la que estaban los  Kirchner, (el gobernador José) Alperovich y familiares de  empresarios vinculados al poder".

Cano explicó además que la UCR requiere a la Justicia que  investigue la "ruta del dinero" para dilucidar si hubo algún tipo de  beneficio cambiario entre el momento en que se adquirieron los  dólares y la fecha en que efectivamente se llevó a cabo la operación  inmobiliaria en Santa Cruz.

En tanto, Lanceta pidió que la empresa que vendió las acciones  de Hotesur "vaya a declarar al Juzgado y manifiesta el monto de  la operación, los registros de la misma, el pago impositivo si los  hubo, y que de acuerdo al perfil de la persona, le solicitaren que  manifieste de dónde pudo obtener el volumen de dinero necesario  para ser titular de ese patrimonio".

El bonaerense subrayó que el fin de la UCR es "verificar si  efectivamente los montos coinciden y si el adquiriente es un  adquiriente y no un hombre de cartón, como se les llama a los  testaferros".

Cano afirmó además que "cuando Kirchner y su mujer hablan de  los 'capitales buitres', hablan de ellos mismos, porque usaron  información privilegiada" en su beneficio y advirtió que en octubre de  2008 -cuando se adquirieron los dólares- "fue uno de los meses  donde hubo mayor fuga de capitales, muchas corridas cambiarias y la  liquidación de las AFJP", entre otros hechos.

El texto que llevaron los radicales a los tribunales de  Comodoro Py también hace hincapié en la ley de Ética Pública que  establece en su artículo 2, el deber ético de los funcionarios públicos  de "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento  de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con  las tareas oficiales o facilitarla a otros en beneficio de intereses  privados".

Finalmente, afirman que "es nuestro deber y desafío el de  resguardar la ética pública, sancionando los eventuales usos abusivos  de los resortes estatales".

Tanto la Presidenta como Kirchner defendieron de manera  pública la operación realizada en 2008 y aseguraron que consta en la  declaración jurada del ex mandatario y que se ajustó a la normativa  del Banco Central para la compra de dólares.

DyN.