El Gobierno Nacional apeló hoy a  la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Cámara en lo  Contencioso Administrativo Federal que durante la feria judicial frenó el  decreto que creó el Fondo del Bicentenario, para utilizar 6.569 mil  millones de dólares de reservas del Banco Central para el pago de  deuda pública.  

En la apelación, el Poder Ejecutivo le pidió a la Cámara que  envíe el fallo al máximo tribunal con "efecto suspensivo" sobre el  freno del uso de los fondos federales, informaron a DyN fuentes  judiciales.

La Procuración del Tesoro de la Nación, donde recientemente  asumió como titular Joaquín Da Rocha, presentó un recurso  extraordinario ante la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, integrada por  los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis María Márquez.  

Ese tribunal recibió las apelaciones a la medida cautelar que  en enero emitieron las camaristas de feria Marta Herrera y Clara  Do Pico, quienes confirmaron la resolución de la jueza de primera  instancia María José Sarmiento que frenó la aplicación del decreto  de necesidad y urgencia (DNU) 2010/09 del Fondo del Bicentenario  hasta tanto el Congreso se pronuncie sobre la validez del DNU.  

Se trata de dos causas que iniciaron el diputado nacional del  PRO Federico Pinedo y el senador de la UCR Gerardo Morales y que  durante la feria fueron analizadas en conjunto. Las apelaciones  iban a ser tratadas en dos causas distintas por dos salas del  tribunal, pero por "conexidad" la Cámara resolvió que ambas queden  radicadas en la Sala IV. 

Altas fuentes del máximo tribunal confirmaron a esta agencia  que son pocas las posibilidad de que la apelación del Gobierno  prospere.  

Esto es porque el fallo de la Cámara Contencioso que frenó la  aplicación del DNU es una medida cautelar y la Corte Suprema solo  revisa sentencias definitivas, lo que no es equiparable a una  cautelar.

Los voceros agregaron que en el máximo tribunal se apuesta a  que haya una resolución en el Congreso Nacional que debe tratar si  acepta o rechaza el DNU.   

Para que la causa llegue a la Corte Suprema primero los jueces  deberán darle traslado de la apelación al PRO y la UCR para que  opinen sobre la presentación, para lo que tendrán 10 días. Luego la Cámara Contencioso estará en condiciones de resolver  si acepta o rechaza la apelación. En el segundo caso, el Gobierno  podrá recurrir directamente a la Corte a través de un recurso de  queja.

El Gobierno de Cristina Fernández pidió que la apelación sea  concedida con "efecto suspensivo", esto es que deje sin efecto la  decisión de la Cámara de no poder utilizar las reservas hasta tanto  resuelva la Corte Suprema.

La Corte rechazó el martes un amparo que presentó San Luis  para frenar el decreto, al considerar que la provincia no tenía  legitimidad para actuar en la causa en representación de sus ciudadanos  o para defender el valor de la moneda, como el Gobierno de  Alberto Rodríguez Saá había alegado.  

DyN.