El Estado reclamó ayer que el último presidente de facto, Reynaldo Bignone, que hasta ahora nunca había sido juzgado por lo ocurrido en la dictadura militar, sea condenado a 25 años de cárcel por los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo, junto a un grupo de otros militares que comandaban ese regimiento.
El pedido fue formulado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúa como querellante en el juicio oral que sustancia el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y que está llegando a su etapa final. Además de pedir 25 años de cárcel para Bignone, el Estado también reclamó la misma pena para el resto de los acusados que cumplieron altos mandos en Campo de Mayo: Santiago Omar Riveros, ex titular del Comando de Institutos Militares; Fernando Verplaetsen, ex jefe del Departamento de Inteligencia, y Jorge Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería. También se solicitó la misma pena para Carlos Tepedino -ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejército en 1978- y Germán Montenegro, ex comisario de la seccional de Bella Vista en 1977.
Para el último de los acusados, Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", la Secretaria que conduce Eduardo Luis Duhalde reclamo 20 años de cárcel. La secretaría es una de las querellas que participa en el proceso, pero es la única que representa al Estado Nacional.
En los próximos días harán sus reclamos la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Luego será el turno del Ministerio Público, con los fiscales Marcelo García Berro, Augusto De Luca y Juan Murray. Más tarde vendrán los argumentos de los defensores.
Este es el segundo proceso en el que se ventilan los crímenes ocurridos en el ámbito de Campo de Mayo. En el primero se habían juzgado los secuestros de Floreal Avellaneda y su madre y el asesinato del joven, cuyo cuerpo apareció frente a la costa de Montevideo en 1976. Y allí ya habían sido condenados, en agosto pasado, a penas de entre 18 y 25 años de cárcel Riveros, Verplaetsen y García.
En este debate oral, que comenzó en noviembre pasado, los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros investigan una serie de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.
El veredicto podría conocerse en marzo. (DyN)
