La acción de la Justicia -cuando ella es independiente- es absolutamente decisiva cuando de luchar contra la corrupción pública se trata.
Por esto, tanto quienes equivocadamente conciben la política como un medio de enriquecimiento personal como aquellos que como funcionarios públicos -traicionando a la confianza depositada por sus mandantes- cometen actos de corrupción tratan de garantizarse impunidad manipulando la Justicia.
Lo ocurrido en nuestro propio Consejo de la Magistratura en los últimos tiempos así lo confirma y debe corregirse con urgencia.
Dos reacciones judiciales recientes en otros rincones del mundo testimonian el papel central que cabe a los jueces en el combate contra la corrupción pública.
La primera de ellas tiene como escenario Pakistán y como actora central a su Suprema Corte, presidida nuevamente por Iftikhar Muhammad Chaudry.
Una decisión reciente de ese tribunal que dejó sin efecto una ley que amnistiaba a quienes habían sido procesados por corrupción pública ha reabierto una serie de casos que involucran a varios ministros del gobierno del presidente Asif Ali Zardari, quienes ya no pueden viajar al exterior y deberán comparecer ante los tribunales en las próximas semanas; entre ellos, los titulares de dos carteras importantes como las de Interior y Defensa.
Más de dos centenares de altos funcionarios paquistaníes han sido incluidos en una lista de sospechosos a los que se ha prohibido salir del país. Cincuenta y dos políticos han sido llamados a declarar sobre episodios de la década del 90.
El presidente Zardari -que estuvo once años detenido por corrupción- sostiene que todo tiene motivaciones políticas y recuerda que, como jefe de Estado, goza de inmunidad constitucional contra estas investigaciones.
La Corte ordenó, además, al gobierno reponer en su cargo a Tariq Khosa, el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, recientemente destituido por el primer ministro Yousaf Gilani, un hombre particularmente activo contra la corrupción.
La segunda se refiere al ex presidente de Francia Jacques Chirac, ahora bajo investigación judicial por cuestiones que tienen que ver con su actuación como alcalde de París entre 1995 y 1997.
La inmunidad de que Chirac gozaba como jefe de Estado expiró en el 2007.
Entre las acusaciones que enfrenta está la de haber designado en el municipio a personas que no desempeñaron sus cargos. Aquí los llamaríamos "ñoquis".
Si fuera culpable de haber abusado de su cargo, Chirac podría ser condenado a cinco años de cárcel.
Si se comprobara que, además, se apropió de recursos públicos, la pena podría llegar a diez años tras las rejas.
Tarde o temprano, quienes cometen actos de corrupción en la función pública deben comparecer ante la Justicia para ser investigados con equidad.
Los jueces tienen, en estos casos, una responsabilidad particularmente grave.
Sin caer en presiones políticas, tienen la obligación legal -y moral- de asegurar que la delincuencia no anide en el sector público. De la forma en que la asumen depende no sólo que se haga justicia en el plano individual sino que la ciudadanía confíe efectivamente en sus magistrados y los respete. No es poca cosa.
(*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas
